Me cuesta entender que la ministra de educación, Marcela Cubillos, no comprenda, o no quiera comprender, la naturaleza política de la educación. Sobre todo, cuando ella ha convertido ha convertido al MINEDUC en una cartera de destrucción masiva. Nunca antes, en mis diez años como profesor, había recibido tanto correo spam de un ministro. ¿Y cuáles son los temas de dichas misivas? “Aula segura” y “admisión justa”. Todos temas eminentemente políticos y no técnicos ni sectoriales. 

Claramente, quienes nos desempeñamos en la esfera de la educación queremos aulas seguras, pero ese tipo de sala o establecimiento educacional no lo mejora una nueva ley, porque ninguna ley tiene el poder para cambiar la conducta de las personas, sino otros esfuerzos que tienden a la mejora de la calidad de vida de las personas. Además de eso, si los colegios añaden indicaciones en sus protocolos de convivencia que pueden señalar causales de expulsión de estudiantes, sumado a que en el país ya existe una ley de control de armas, es innecesario aumentar el cuerpo legal. Y, por otro lado, la “admisión justa” en el país de Penta, SQM y Caval claramente es aquella que elimina la selección. Si hay algo que es consecuencia evidente del sistema neoliberal es que dificulta las posibilidades del ejercicio meritocrático, toda vez, que la educación no asegura en ningún término el ascenso social ni el desarrollo de labores a las que se estudió. La idea de nuestros familiares que nos motivaban a tener “un cartón” para construir un mejor futuro quedó olvidada en el baúl de los recuerdos del país de la colusión. 

El mejor ejemplo de lo último son los colegios emblemáticos. ¿Puede ser emblemático un colegio que sólo tiene agua fría en sus camarines, no tiene las resmas de papel suficientes para imprimir pruebas y cuya infraestructura tiene daños permanentes en el tiempo y sin arreglo? Los emblemáticos y las emblemáticas son los estudiantes, pues son ellos quienes desarrollan conocimientos y habilidades, y tienen el anhelo de estudiar. A cualquier docente se le facilita el trabajo con estudiantes que tienen una predisposición a estudiar. Las instituciones no son “faro de luz” por sí mismas si no cuentan con personas que sostengan esa posibilidad. Ergo, equiparar las condiciones de estudio produciendo inclusión y no mayor segregación, junto con entender que existen distintos tipos de conocimientos y formas de aprehender la realidad, posibilitarían el reconocimiento del mérito, que es imposible de medir con calculadoras, y sobre todo cuando las condiciones reales y concretas de estudiantes son tan disímiles. 

Entonces, una ministra que ha recorrido el país y ha bombardeado con sus discursos y misivas eminentemente políticas, tenga el desparpajo de manifestar en la escena pública que ella no logra ver posibilidades de diálogo cuando los actores tienen reclamaciones políticas, es de suyo una incoherencia discursiva y práctica. Porque la educación es un acto político. Lo es desde que se entiende la necesidad de la educación obligatoria en la resemantización del modelo prusiano de la mano de Valentín Letelier. Lo es, también, cuando se comprendió que “gobernar es educar”, en el emblema de Pedro Aguirre Cerda y el conjunto del radicalismo chileno. Lo es, también, cuando en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se desarrolla la única reforma educacional chilena que ha contado con el apoyo de la UNESCO, porque entiende que los procesos cognitivos van de la mano con variables biológicas y etarias, porque desarrolló la educación desde el entendimiento de la política de promoción popular, cuyo símbolo fue el uniforme escolar que producía la idea de igualdad (hoy, cada colegio con su uniforme propio, y en la competencia de estilos y telas, simplemente es símbolo de la siutiquería). Lo fue también durante el gobierno de Allende, cuando en su vilipendiado proyecto de Escuela Nacional Unificada (por algunas justas razones), buscaba fomentar la educación permanente con un vínculo altamente social desde la matriz de la pedagogía crítica. Si la educación no fuese un hecho político no habría MINEDUC, ni Superintendencia de la Educación, ni Ley General de la Educación (que sustituyó la LOCE dictada por Pinochet poco antes de dejar el gobierno) y tampoco los contenidos mínimos obligatorios serían ley.

Por todo ello, el paro docente es eminentemente político. Porque se reclama contra el desconocimiento de la deuda histórica, de la que colegas han muerto esperando su pago; porque se protesta contra un sistema de doble evaluación de sujetos que somos profesionales y que somos evaluados todos los días en establecimientos educacionales por autoridades ad hoc (léase dirección, jefes de UTP, coordinadores de área, pares y hasta estudiantes); porque estamos aburridos que los cambios curriculares se hagan en camarillas secretas bajo la lógica decimonónica de “ciudadanos connotados”, sin considerar a quienes estamos horas en el aula, y sabemos de los tiempos reales y efectivos en ella. 

Este es un paro eminentemente político, porque es una decisión política que avanza en la larga duración, con pequeñas fisuras en nuestra historia, el que a las y los docentes no se nos considere “expertos de la educación” y sí a unos mercanchifles que viajan por el mundo para copiar y pegar modelos de otros países, sin copiar y pegar el país donde se originó el modelo y las condiciones de vida del mismo, que lo único que buscan es redituar. El ninguneo al profesorado chileno es indignante, porque no somos culpables de un sistema que nos sobrepasa y agobia, y porque estamos hartos de ser punta de lanza y chivo expiatorio de la ignorancia supina de quienes se mueven bajo lógicas electoralistas en la política analfabeta de “la copia feliz del Edén”.

Sí ministra, el paro es político porque aspiramos a una educación que viva e impacte en la sociedad, y que no pierda nunca la posibilidad de soñar un país…

Luis Pino Moyano.