Vivimos en un país en el que, lamentablemente, nuestras autoridades civiles no han dado el ancho en contextos de crisis. Hemos visto el retraso a la hora de actuar para paliar las necesidades en situaciones contingentes y en la generación de planes de acción para el futuro cercano. Una muestra gráfica de aquello está en el primer anuncio de suspensión de clases, el domingo 15 de marzo de 2020, que fue antecedido una hora antes por la declaración del comité de expertos convocado por el Ministerio de Salud en el que se señaló lo innecesario de suspender actividades presenciales, como por ejemplo, las clases de los colegios. Fue la presión de los alcaldes, del Colegio Médico y otros actores de la sociedad civil que conllevó esta medida. Eso no es otra cosa que improvisación. No necesariamente somos reos de nuestras propias palabras, porque tenemos derecho a cambiar de opinión. El gobierno también tiene ese derecho, sobre todo cuando está ante opiniones fundadas. Pero cuando sucede en menos de una hora, es simple señal de improvisación. No está de más decir, que esta medida se tomó un día antes del inicio de una nueva semana escolar. 

El miércoles 25 de marzo, el MINEDUC extendió la medida, para las dos primeras semanas del mes de abril, para que luego, las dos siguientes semanas, del 13 al 24 de abril, fueran de vacaciones. Vacaciones de invierno adelantadas. Claramente, esta medida tiene un aspecto loable: manifiesta coherencia con el discurso de la educación de calidad, toda vez que suspender lo presencial implica volver a planificar con una propuesta ad hoc de educación virtual. Es siempre bueno tener planes B, pero trabajar con ellos todo el tiempo no es lo óptimo. Tener claridad de los tiempos, facilita la planificación. Además, hay una segunda cuestión valorable: el ánimo de no perder el año escolar. Dicho lo anterior, creo que no se tuvo un criterio fundamentalmente pedagógico a la hora de tomar la decisión de adelantar las vacaciones de invierno, puesto que a esta altura, ya estaríamos con planes y prácticas adecuadas a la realidad de la educación a distancia, y dos semanas, implicarán la pérdida de ritmo, sobre todo si las condiciones a fines de abril y principios de mayo no implicarán necesariamente un retorno presencial. Pensar ese retorno de manera taxativa es innecesario, puesto que lo mejor en casos como estos es generar una revisión periódica de lo presupuestado. 

Ayer 9 de abril, Raúl Figueroa, ministro de Educación, declaró: “Las clases presenciales son muy difíciles de reemplazar; se han hecho importantes esfuerzos, nosotros los hemos promovido y los agradecemos respecto de toda la comunidad escolar, para seguir adelante procesos de educación a distancia, pero estamos también convencidos que, sobre todo en el mundo escolar, la clase presencial es muy importante, y por lo tanto debemos tomar todas aquellas medidas que nos permitan recuperar la mayor cantidad de horas posibles en el sistema escolar”. Si bien es cierto, la misma autoridad gubernamental ha relativizado la posibilidad del retorno presencial el 27 de abril, actúa de hecho apelando a la necesidad de volver según dicho mecanismo. 

Soy consciente, como profesor, que lo que se da en el aula de manera presencial es irremplazable. Y que, además, nosotros hemos sido formados para el desarrollo de una actividad presencial y no para el ejercicio profesional virtual, lo que ha conllevado el desafío de modificar nociones, el ingreso al uso de plataformas y dotar el sistema de una mayor flexibilidad. Pero es irresponsable y falto de criterio pedagógico pensar que la educación tiene que ver fundamentalmente con lo presencial o con horas de clases recuperadas o perdidas. Es irresponsable, porque, en primer lugar, no puede haber educación de calidad si las condiciones de salubridad, de transporte y de vida están limitadas por una situación nacional totalmente distinta. ¿Cómo se puede pedir ir al colegio si quienes son estudiantes y trabajan en la educación pueden contagiarse en la micro o en el metro? ¿Cómo puede pensarse en la educación presencial de calidad si en casa las condiciones de alimentación cambiaron debido al despido de padres, madres y apoderados de sus fuentes laborales en medio de esta situación? Y, nuevamente, vemos la ausencia de criterio pedagógico cuando la actividad educativa se entiende como la entrega de contenidos y de horas realizadas. La educación tiene que ver con eso, pero por sobre todo con la capacidad de pensar y reflexionar la realidad de lo que ocurre dentro y fuera del aula, con el desarrollo de habilidades, con lo afectivo y emocional, con el buen vivir. Todo eso queda fuera de una noción economicista y academicista que no dota de centralidad al estudiantado a la hora de educar-nos. Yo extraño a mis estudiantes, extraño el encuentro y la magia del aula. Pero prefiero no encontrarme presencialmente con ellos/as si eso implica riesgo para su bienestar. 

Además, el ministro señala que se “se han hecho importantes esfuerzos”. ¿Cuáles son? ¿Podríamos nombrarlos? ¿Habilitar una plataforma virtual del Mineduc con recursos pedagógicos? ¿Liberar los PDFs de los textos escolares? ¿Seguir pagando la subvención a los colegios -como corresponde, porque seguimos trabajando, ahora más con lo difuso que se vuelve el teletrabajo? ¿Qué más? Los otros esfuerzos han sido de establecimientos, profesionales de la educación, estudiantes, padres, madres y apoderados/as. Y no basta con su promoción y agradecimiento. Es la hora de generar políticas educacionales de verdad, con compromisos económicos mayores de parte del estado:

• Uso de toda la mañana del canal público -Televisión Nacional de Chile-, para la transmisión de contenido educativo, con clases de todas las asignaturas y con cierta transversalidad en los niveles. Si hay algo que ha evidenciado esta crisis, es la segregación social del país. Sí, una vez más. Porque la modernidad no ha llegado a todos los lugares del país (lo que debiese inhabilitarnos por un rato en la discusión sobre la posmodernidad u otros tipos de modernidad líquida, radicalizada, etc. Así, se puede llegar con mayor facilidad a los sectores donde una conexión a internet es impensada, lo que puede ser acompañado con carpetas con guías impresas (disponibles en el colegio y entregadas guardando los protocolos de salud), llamadas telefónicas para hacer explicaciones breves, entre otras.
• Realización de capacitaciones pedagógicas para el uso de plataformas educativas a distancia y subvención para el acceso de parte de las/os profesionales de educación a herramientas para llevar a cabo ese trabajo: computadores, acceso a internet de mayor potencia, cámaras, micrófonos, etc.
• El estado debiese convocar la solidaridad de la empresa privada, buscando liberar accesos WiFi en distintas zonas del país, donando computadoras a estudiantes, a las editoriales regalando libros físicos o haciendo disponibles ediciones digitales, etc. 

Hoy, más que pensar las políticas gubernamentales en la lógica economicista y de campaña publicitaria, se hace necesario pensar la realidad de manera multifocal y atendiendo a las “necesidades reales de la gente”, como les gusta decir a los políticos profesionales de distinta bandería. Porque si hay algo que es deber del estado es cuidar y promover el bien común. Y el resguardo de las condiciones dignas para los/as estudiantes de Chile claramente está allí. 

Las vacaciones ahora son un hecho. Que el retorno presencial se dé cuando las condiciones lo permitan. Si eso es mayo, junio o julio, ¿qué importa? Lo importante, es que se dé cuando la población no tenga riesgo a enfermarse. Mientras, se deben hacer esfuerzos por fortalecer la dinámica virtual con medidas tendientes a ello, y no sólo con la espera de la iniciativa privada o particular de quienes somos profesionales de la educación. Fines y medios van de la mano. ¿O no?

Luis Pino Moyano.