Cuando la diputada Camila Vallejo junto con los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric ingresaron al parlamento, sacudieron el ambiente político no sólo por su juventud -“la bancada estudiantil”, le llamaban-, sino también con un autodenominado nuevo modo de hacer política. Y una evidencia de aquello fue el proyecto presentado para la rebaja de la dieta parlamentaria a un 50%. Eso fue acompañado de una serie de propuestas que iban asociadas a la reducción de gastos implementados, desde los viáticos hasta el uso de software. Esas propuestas, denotan desde el comienzo una práctica política que no desvincula los fines de los medios, con un alto influjo ético, en el que la legalidad no es la medida de todas las cosas, sino aquello que es legítimo de acuerdo a la realidad del país. Sé que nos metemos en una discusión demasiado puntillosa y profunda, que escapa a los fines de una columna de opinión, respecto a qué responder cuando preguntamos qué es legítimo y qué no lo es, pero sólo a modo de esbozo, a mi juicio tiene que ver los mínimos éticos que nos provee la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un ejercicio democrático que vea al ciudadano no sólo como un elector, sino como un sujeto que tiene iniciativa, discurso y propuesta. 

Ahora bien, en algunas ocasiones, cuando se habla de vocación política, se señala que los parlamentarios no debiesen tener una dieta parlamentaria, sino que debiesen vivir como cada ciudadano, es decir, con el fruto de su trabajo, y que en Chile eso ocurría en el pasado. Particularmente, no creo en una de las razones que se da para sostener la necesidad de una dieta parlamentaria, esa de evitar la corrupción política por medio del pago y colusión con intereses particulares o privados, que podrían ser atractivas a los ojos de quien no recibe una remuneración por su trabajo político, toda vez, que la dieta parlamentaria podría ser el doble a lo que es hoy, y seguir siendo atractiva una propuesta dolosa, porque el que tiene algo siempre puede querer un poco más. Mi tema con la dieta parlamentaria pasa por una cuestión democratizadora, pues cuando en Chile no existía pago de una dieta parlamentaria aquello estaba hermanado al voto censitario, en el que ciudadanos hombres, que sabían leer y escribir, y que tenían un bien inmueble, podían ejercer su derecho a sufragio, lo que derivaba en un congreso conformado por una élite hacendal y mercantil. El pago de la dieta parlamentaria, abrió paso a una dedicación exclusiva a la actividad política y la apertura de esa posibilidad a actores de la clase media y de la clase obrera, lo que unido al fin del voto censitario, al reconocimiento de ese derecho a mujeres y analfabetos, junto a la cédula única de votación, fueron ejercicios que ampliaron y densificaron nuestra democracia. Por ende, creo que el pago de una dieta parlamentaria debe existir y debe permitir no sólo una vida digna, sino el libre ejercicio de la práctica parlamentaria. 

Esta discusión es tan relevante, que fue uno de los temas que emergió durante el llamado “estallido social” del “octubre chileno”, a fines de 2019, aprobándose por unanimidad la iniciativa de legislar sobre ese asunto, tanto en la Cámara como en el Senado, con lo que se pidió al Ejecutivo que indicar una reforma constitucional sobre este asunto. En los últimos días hemos visto el debate abierto, notándose el esfuerzo de algunos parlamentarios para que dicha rebaja fuese temporal y no permanente, e incluso que fuesen las mismas corporaciones las que decidieran el monto de dicha dieta. Eso quedó zanjado en el informe de la Comisión Mixta, aprobado el 7 de mayo en la Cámara de Diputados, en el que se hace permanente dicha rebaja y se da pie a que el Consejo de Alta Dirección Pública elabore los criterios técnicos para dicha rebaja. Eso debe ser aprobado ahora por el Senado, con lo que se convertiría en ley de la República. 

Esta discusión se ha visto empobrecida por la banalidad a la hora de producir argumentos, en los que ha salido a la palestra, inclusive, una discusión en la que el fallecido Eduardo Bonvallet emplaza a Giorgio Jackson respecto de esta temática. Para mi, Bonvallet era un tipo espectacular. Todavía escucho los vídeos de sus programas en YouTube, mientras realizo otras tareas. No fue un gran jugador de fútbol, pero tampoco era malo ni mediocre, pues rendía y luchaba. En lo que era genial es que sabía mucho de fútbol y leía los partidos como pocos. Pero eso no hace que todo lo que dijera fuese verdad última o idea por asumir. Porque lo que hizo “el Gurú” ese día con el joven diputado no fue otra cosa que un espectáculo, pero no necesariamente un acto comunicativo correcto y veraz. Inclusive, engrandece más la actitud de Jackson por no responder la pachotada del comentarista de fútbol de marras. Que “#Bonvallet” haya sido trending topic en Twitter durante estos días, muestra la incapacidad de escuchar o de comprender lo que se lee, toda vez que lo que los parlamentarios del Frente Amplio hicieron fue pujar por una rebaja permanente de la dieta y criterios que gozaran de autonomía para ello. 

Llama más la atención las declaraciones del diputado Garín, quien hoy no le debe cuentas a nadie, porque se trata de un independiente. Llaman la atención, porque es un sujeto que ha mostrado templanza y lucidez en ocasiones anteriores, y que estos últimos días habría hecho una “gran revelación” respecto a dónde iban los dineros que el diputado Jackson hacía de su dieta. Quien recibía ese aporte era su propio partido Revolución Democrática, lo que ha desatado ideas respecto a la aparente mentira del diputado Jackson y del alejamiento de los principios éticos que reflejaban la nueva forma de hacer política. Pero eso es una discusión pobre, falaz y banal (con tres adjetivos, como le gusta a Su Excelencia), toda vez que históricamente los partidos de izquierdas han recibido donaciones de sus parlamentarios para salvaguardar su independencia política. Eso lo hizo el PC antes del golpe y lo volvió  a realizar cuando pudieron volver al parlamento. El PS lo dejó de hacer cuando algunos de sus actores tuvieron compromisos con SQM e incluso, probablemente, algunos de sus actores hayan tenido nexos con los narcos. A la luz de los hechos, el Frente Amplio quiso seguir el modelo histórico. Cualquiera que participe de instancias colectivas sabe la diferencia en un ahorro para sí mismo y un aporte para una organización. Nadie se atrevería a decir que los aportes que mensualmente doy a la iglesia en la que soy miembro, o al bienestar de los trabajadores del colegio, son mis ahorros, porque lo son de una instancia colectiva. Claramente, en algún momento podrían beneficiarme de manera directa, pero eso por voluntad colectiva y no por mí y ante mí. El que un diputado done a su partido o una fundación del mismo no implica un ahorro personal. Aludir aquello, es o una pequeñez o una incomprensión lectora de la realidad. 

Lo que me parece relevante sobre ese asunto, es que eso fue refrendado en una entrevista a CNN en el año 2014 por Giorgio Jackson (ver entrevista aquí, desde el minuto 9:28 para lo puntual, aunque vale la pena verla completa), y por Gabriel Boric en una entrevista de 2016 en la que dice: “Yo entrego el 60% de los recursos a mi organización, Izquierda Autónoma. Y me quedo con 2 millones 700 mil pesos mensuales, lo que sigue siendo mucha plata. Y muchas veces se nos critica de por qué no lo donan a caridad. Giorgio entiendo hace lo mismo. La Camila creo que también. Porque aquí no se trata de acciones individuales para salvar la consciencia propia. Sino más bien de acciones institucionales que den cuenta de convicciones comunes en torno al valor del trabajo” (leer acá). Desde hace años no había nada escondido. Y acá el problema no es la mala memoria, sino la mala intención de falsear la realidad, o la desidia manifestada en no ir a las fuentes. ¿Quién falta a la verdad entonces?

Lo lamentable es que toda la bulla politiquera y banal, propia de la política analfabeta, dice relación que hay actores políticos que no quieren bajarse la dieta, pues la rebaja de recursos la quieren hacer por la vía de reducir la cantidad de parlamentarios, y el mecanismo para llevarlo a cabo no estaría en un congreso unicameral, sino en el retorno al sistema binominal. Que hoy quieran mantener eso en el tabú es lo deshonesto. Porque ellos no rehúyen este tema relacionado con la cuestión de la legitimidad por espacio en una columna, sino simplemente por corrección política y popularidad en un contexto difícil para la clase política civil luego de un estallido social y una situación sanitaria adversa. Esa es la discusión de fondo, que las bravatas no nos dejan ver con claridad. 

Luis Pino Moyano.