¿Aprobar una nueva Constitución es una posición evangélica?

Quisiera comenzar mis palabras mostrando mis colores: soy cristiano protestante de tradición presbiteriana. Creo que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada, autoritativa e inerrante. Mi definición doctrinal se encuentra contenida en la Confesión de Fe de Westminster, en su versión de 1903, la que suscribo como oficial de mi iglesia. Eso me lleva a declarar cuatro premisas que me parecen relevantes a la hora de hablar de esta temática:

· La primera, es que mi esperanza está en Jesucristo. Mi esperanza que no defrauda está sustentada en lo que Él hizo por su pueblo en la cruz del calvario, en la herencia eterna que nos trae su salvación, en el amor que Él nos provee en los rostros y las manos de una comunidad. Cristo lo hizo todo, y él llevará su plan perfecto hasta el fin. Dicho de otro modo, mi esperanza no está puesta en un cambio social, sea quien sea que lo construya, no importando su tinte político. Es el Reino de Cristo el que trae justicia, paz y alegría, y será el mismo Señor resucitado quien consumará la historia. Mi esperanza, malamente podría estar en la “alegría que viene”, en un “crecimiento con igualdad”, en los “tiempos mejores” o en una nueva Constitución Política de la República. Todo constructo humano es falible y se queda corto al lado de la esperanza escatológica. 

· En segundo lugar, que creo en los principios que la Biblia enseña para la acción política y social. Y en esto, me parece relevante ocupar el concepto de principios. La Biblia no presenta un programa político definido, sino principios para la vida, los que pueden ser aplicados de maneras distintas, y así ha sido a lo largo de la historia. Un buen ejemplo es la Confesión de Fe de Westminster. Hasta su reforma de los capítulos 20.4, 23.3 y 31.2, que limitan la acción del magistrado civil en la esfera eclesial, realizada por la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos en 1788, los márgenes de separación entre la iglesia y el estado parecían diluidos. Y eso, es de toda lógica en un régimen cuyo sistema de gobierno era monárquico, pero no lo era en un estado nación que se había emancipado de dicho régimen. Los principios políticos y sociales de los redactores originales de la Confesión de Fe de Westminster y de sus reformadores eran los mismos, mientras que su aplicación práctica en el plano político fue disímil. 

· Tercero, y como fruto de lo anterior, nosotros podemos seguir siendo cristianos evangélicos que creemos todo aquello que consagra el Credo Apostólico (que es la síntesis doctrinal más unificadora a nuestro alcance), teniendo ideas respecto de la acción política distintas, mientras ellas no abracen constructos ideológicos completos de quienes en la base de su teoría nieguen lo que dice la Escritura. Y esa situación no se encuentra presente sólo en el marxismo cultural o en el progresismo (concepto polisémico, por lo demás), sino también las posiciones de derecha que se sustentan en el catolicismo romano, en el nacionalismo o en el liberalismo que fue uno de los primeros frutos del humanismo secularizado y racionalista. Entonces, el ejercicio crítico de las ideologías, antes de atacar al resto, debiese ser el de la autoevaluación en actitud de oración, bajo una pregunta sencilla, pero profunda si se responde con sinceridad: ¿mi pensamiento y acción en la política se sustenta en lo que enseña la Escritura o no?

· Y cuarto, no tenemos en Chile una Iglesia Evangélica. Y, puede ser aburrido repetirlo vez tras vez, sobre todo luego de que estén a la mano los libros de Vergara, Lalive, Muñoz, Lagos, Pereira, entre otros, que se han esforzado en hacer análisis históricos o sociológicos de ese “pueblo polifónico”. Pero, así está la situación, y hay que repetirlo una vez más: los evangélicos no tenemos una comunidad homogénea, por ende, carecemos de representantes amplios, no tenemos papas ni tampoco un solo corpus doctrinal entre las iglesias del país, por lo tanto, nadie se puede arrogar la representatividad del pueblo evangélico porque eso, en singular, no existe. Por tanto, ningún cristiano evangélico del país -sobre todo si es pastor, líder o maestro- debe promocionar una determinada opción política como representativa de los valores y principios del pueblo de Dios, porque no existe en Chile un partido o movimiento que aglutine aquello. Con mayor razón, no puede llamar a votar por una opción determinada, diciendo que es la única que se condice con lo evangélico, porque eso sería una violación de la libertad de conciencia, además de un ejercicio de cooptación clerical. Por ende, siempre que hablemos de acciones políticas en el espacio público, debemos hacerlo a título personal, nunca a nombre de la comunidad, dispuestos a responder preguntas a dudas honestas, rendir cuentas cuando corresponda, y pedir perdón cuando hemos ofendido a los demás.

Por lo dicho con antelación, creo que es sumamente legítimo que haya cristianos evangélicos que hagan una opción por el rechazo a una nueva Constitución, y que existamos otros cristianos evangélicos que optemos por el apruebo a una nueva Constitución. Sería inconsistente con lo que he declarado con antelación negar dicha posibilidad, quitándole inteligibilidad al relato del otro o, en el peor de los casos, llegar a satanizar la opción contrapuesta. Huelga decir que se esperaría la misma actitud de amistad cívica de quienes desde las filas de la fe cristiana asumen una opción contrapuesta a la que presentaré. 

¿Por qué opto por el “apruebo” a una nueva Constitución? Responderé desde dos puntos focales: uno histórico y otro desde una lectura teológico-política. 

1. La consideración histórica.

Creo que para un evangélico no puede ser baladí que nuestra carta fundamental actual haya sido producida en una dictadura que no trepidó en usar el terrorismo de estado para sostener y consolidar su proyecto histórico. En 1980 se llevó a cabo un plebiscito sin registros electorales, con estado de emergencia, con acceso casi nulo a la oposición al régimen de facto para acceder a espacios de comunicación de sus ideas, sumado al hecho, que la opción “Sí” constituía un límite claro al régimen de Pinochet, pues el Art. 25 consagraba que la primera magistratura de la nación tendría una duración de ocho años, en cambio la opción “No” aceraba aquello que para el historiador Mario Góngora era el máximo error de Pinochet, a saber, “su voluntad desmesurada de durar” [1]. En otras palabras, las reglas del juego para la actividad en la polis fueron construidas a imagen y semejanza de una dictadura militar, que más allá de su derrota político-electoral en 1988 y 1989 y la eliminación de los “enclaves autoritarios” de las páginas de la carta fundamental en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos (en uno de los tantos actos performáticos que han sido denominados como el fin de la Transición), se mantienen vigentes sobre todo con su poder contramayoritario. Ese poder fue explicado por Jaime Guzmán de la siguiente manera: “En vez de gobernar para hacer, en mayor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes jueguen en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario” [2]. La negación del cambio no es otra cosa que la negación de la polis, que imposibilita la mejora o el cambio de aquello que tiene origen histórico y político como si se tratara de algo dado por la naturaleza. 

Pero hay otra variable que debe ser tenida en cuenta en este punto focal histórico. Hoy estamos en un “momento constituyente” que resultó ser la salida institucional a un momento de crisis con un “reventón social” que muy pocos dentro de la clase política civil avizoraron. Con todo lo que se pueda cuestionar de los hechos acaecidos desde octubre en adelante, resulta innegable que esta era la cosecha amargada de la “alegría triste y falsa” que se volvió sentido común en el quehacer político del país, junto con todos los abusos y corruptela moral tapada por la vana jactancia en una supuesta diferencia respecto de nuestros vecinos del barrio latinoamericano. La violencia de los saqueos que barrió no sólo con la honestidad de la población, sino con la supuesta moderación y orden de la identidad chilena, el enfrentamiento violento entre las fuerzas policiales y la “primera línea” con las tristes consecuencias consabidas por todos, sumado a una expresión pública de las marchas, asambleas y cabildos, en los que se expresó la multiplicidad de voces y proyectos, hace que valga la pena preguntarnos ¿qué nos une como país? El pasado, ese de poco más de doscientos años de vida republicana y el reciente herido por un “golpe” cuyas secuelas se siguen viviendo a 47 años no nos une. Y, al parecer, el presente tampoco. Y, para qué hablar del futuro, cuando la política analfabeta no está pensando un proyecto país a cincuenta años plazo, sino que es atacada por la coyuntura, el cortoplacismo y las reacciones de aprobación en encuestas y redes sociales. 

Por todo ello, esta es una oportunidad. Se trata de la primera vez que una Constitución en el país sería escrita y promulgada en un contexto democrático, sin una minoría amparada por el poder de fuego de los militares como en 1833, 1925 y 1980. Y por lo mismo, es que este texto constitucional debe dar cabida a todas las voces sin olvidar que se trataría de la carta de navegación para toda la ciudadanía, y no para unos pocos. Debemos desempolvar y exorcizar esa palabra llamada “consenso” si queremos tener como mira la construcción de un país. Patricio Zapata, abogado constitucionalista, usando la misma metáfora futbolera de Jaime Guzmán pero en otra sintonía dirá que “Existe un problema constitucional cuando la Carta Fundamental de un país, lejos de ser la ‘cancha’ que todos, o casi todos, reconocen como el espacio común en el cual llevar adelante la disputa cívica, es, más bien, un elemento que divide y excluye” [3]. Ni la imposición de agendas ni el miedo a lo nuevo contribuyen a la unidad en la diversidad que un país requiere para sostener la  libre actividad política en democracia. Esto es más que consistente con una alternativa cristiana por la paz activa [4]. 

2. La consideración teológico-política. 

En este punto quisiera huir, de inmediato, de una lectura caricaturesca que hace pensar que quienes sostenemos el “Apruebo” pensaríamos que el cambio constitucional sería la panacea para todos los problemas de la gente. Nada más alejado de la realidad. Una Constitución no abarca todos los asuntos que tienen que ver con los seres humanos que habitan un país, pero eso no obsta para que pongamos nuestra preocupación allí, construyendo una alternativa para cambiarla. Dicho de otro modo, la Constitución no soluciona todos los problemas, y no está para eso, pero sí puede ayudarnos a cambiar algunos. Y por sobre todo, puede ayudarnos en el anhelo de pensar el Chile del siglo XXI en el largo plazo, y no sólo en las necesidades contingentes o coyunturales. 

Para quienes somos creyentes cristianos existe una clara posibilidad para reconocer que en nuestras sociedades hay maldad, injusticia, inequidad y abuso, porque tenemos nociones respecto de la bondad, justicia, equidad y bienestar. Esos conceptos son trascendentales e inmateriales y sólo adquieren historicidad cuando son llevados a la práctica. ¿De dónde tomamos esas nociones? De la declaración bíblica que nos revela a un Dios santo y justo y que norma y da sustento a nuestras vidas con su Palabra. Es por la obra de Cristo que hemos sido redimidos, lo que nos ha posicionado en una relación reconciliada con Dios, nos ha devuelto nuestra dignidad perdida y nos ha dado la capacidad de ser testigos con la palabra y los actos de amor que contribuyen al bienestar de quienes nos rodean. 

Si bien es cierto, hoy el lenguaje de derechos se ha banalizado y sirve para todo, es justo decir, que cuando distintos países del mundo se unen propugnando que los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la segunda guerra mundial no se vuelvan a repetir, y establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay mucha sintonía con la enseñanza bíblica que recorrió por tierra, cielo y mar desde los albores de la iglesia primitiva [5]. Los derechos humanos no son un “gol de media cancha” como dijera Marcela Aranda hace unos años atrás, porque la declaración de la dignidad humana y su protección son consistentes con el cristianismo que entiende al hombre y la mujer como seres creados a imagen y semejanza de Dios, que en tanto criaturas gozan del señorío del Todopoderoso Creador, y que en tanto personas gozan de la libertad y la capacidad de crear, pensar y vivir. A su vez, los derechos tampoco niegan los deberes. Aquí es de mucho valor la precisión conceptual propuesta por René Padilla, cuando señaló que: “a la Biblia más le interesan los deberes que los derechos: los deberes humanos frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación. Es bueno recordar esto en una sociedad donde cada sector de esta reclama constantemente sus derechos sin preocuparse mayormente por sus deberes. Sin embargo, hay una estrecha relación entre derechos y deberes. La conexión se hace cuando reconocemos que los derechos humanos que preocupan a la conciencia cristiana son los derechos del otro, y que los derechos de los demás son deberes nuestros” [6]. El reconocimiento de la dignidad humana nos hace pensar no sólo en mi condición digna, sino en la del amplio “nosotros” de un pueblo-nación. Existe posibilidad de pensar y actuar en concordancia de un humanismo genuinamente cristiano [7]. 

Es desde esta consideración, que la nueva Constitución emergida desde un contexto democrático, debiese comenzar con una declaración de principios orientadores ad hoc que propugnen el bienestar común y la justicia social, reconociendo los derechos humanos como universales, inalienables e imprescriptibles, constituyendo a estos como el principio fundamental de dicho documento normativo. Dentro de las nuevas cosas que el texto constitucional debiese considerar, a mi juicio, están la cuestión de la plurinacionalidad y una real descentralización, la existencia de un congreso unicameral y la posibilidad de referéndums revocatorios y plebiscitos potenciando una democracia semiparticipativa. A su vez, debiese limitarse la acción de las FFAA y de orden como garantes del proceso democrático, porque de facto les coloca en una posición deliberante. Como protestante, espero que la nueva Constitución señale explícitamente la separación del estado y las organizaciones eclesiales, estableciendo desde una comprensión laica, la posibilidad que las religiones y quienes las suscriban puedan expresarse con libertad en el espacio público, sin limitar su acción a la esfera privada. La limitación de las imposiciones de actores religiosos no implica la limitación de la libertad de conciencia y de la acción social desde una cosmovisión que tiene correlato más allá de los muros de los templos. La fe, por definición, es pública. Es más, me asiste la convicción, que no existen libertades públicas si la libertad de creer y actuar en concordancia a dicha fe en el espacio público es negada o dificultada. 

Para ello, los evangélicos no sólo debiésemos participar de los plebiscitos de entrada y de salida de la coyuntura constitucional, sino también estar en la Convención Constitucional, sea como militantes de partidos políticos o como independientes. Pero espero que dichos hermanos y hermanas (por cierto, algunos de ellos habrán optado por el “rechazo” en la primera etapa) entiendan y practiquen la idea de cobeligerancia y no de alianza, no busquen pequeñas cuotas de poder para aparecer en televisión un par de días más que para el Te Deum y el 31 de octubre, ni mucho menos acomoden sus discursos y agendas a los de otros, dejándose amoldar por el mundo actual (véase Romanos 12:2). Es de esperar que dichos hermanos y hermanas no tengan una visión acotada de la participación en política sólo para decir cosas que tienen que ver con los llamados “valores” o de alcance en el espacio privado, saliendo de la terrible ensoñación de la falta de realismo y de la política en minúscula. Es de esperar que esos hermanos y hermanas no tengan miedo a la confrontación de ideas, que opinen desde una cosmovisión bíblica y cristiana en la base, pudiendo con ello, hablar de todos los temas que se presentarán en el debate. Que desarrollarán su trabajo como convencionales con responsabilidad, excelencia y distintivo cristiano, lo que se traducirá en que más allá de las alianzas o partidos políticos en los que militen, serán fieles a la Palabra de Dios en detrimento de las órdenes que atenten contra ella. Y por supuesto, espero de dichos hermanos y hermanas que defiendan, amen y pujen junto a los desamparados cuyas voces son día a día acalladas: pobres, huérfanos, viudas, inmigrantes y niños y niñas que todavía no nacen, cuyos gritos son inaudibles desde el exterior. Y, por cierto, que todo eso lo hagan con clara conciencia de su condición de minoría, pero de minoría valiente y no victimizada, inteligente y no atrapada por los discursos que se postulan como sentido común en izquierdas y derechas. Una minoría que tenga en cuenta lo dicho por Jürgen Moltmann: “Cuanto más conscientes son los cristianos hoy día de una situación minoritaria y pierden la protección de una sociedad ‘cristiana’, tanto más pueden aprender de la moral calvinista a hacerse extraños en la propia sociedad y nación por amor de Cristo. En la historia del cristianismo reformado se evidencia claramente el valor de ser distinto de los demás. Únicamente quien es distinto es capaz de ‘existir para los demás’; de lo contrario, es uno más entre la masa” [8]. 

Claramente, para ello, no sólo habrá que esperar, sino participar activamente, dentro y fuera de la Convención Constitucional. No bastará entonces sólo aprobar, sino estar dispuestos a ser testigos… aquellos que portamos un testimonio con la vida. 

Luis Pino Moyano.

[1] Raquel Correa. “Las lecciones de la Historia”. En: El Mercurio. Santiago, 9 de diciembre de 1984. Citado en: Mario Góngora. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago, Editorial Universitaria, 2006, p. 340. 

[2] Citado en: Sofía Correa et al. Historia del siglo XX chileno. Santiago, Editorial Sudamericana, 2001, p. 325. 

[3] Patricio Zapata. “La Constitución del bicentenario. Once tesis y una propuesta concreta”. En: Claudio Fuentes y Alfredo Joignant (editores). La solución constitucional. Plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos. Santiago, Catalonia, 2015, p. 165. 

[4] He hablado de esto con mayor profundidad en mi artículo “Ni zelotes ni herodianos. Por una alternativa cristiana de paz activa”. En: Estudios Evangélicos. 29 de octubre de 2019. http://estudiosevangelicos.org/ni-zelotes-ni-herodianos-por-una-alternativa-cristiana-de-paz-activa/ (Consulta: septiembre de 2020). 

[5] Un buen libro para entender esto es: Vishal Mangalwadi. El libro que dio forma al mundo: Cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. Nashville, Grupo Nelson, 2011. 

[6]. René Padilla. “La Biblia y los derechos humanos”. En: René Padilla et al. Los derechos humanos y el reino de Dios. Lima, Ediciones Puma, 2010, p. 18. 

[7] Véase: “Manifiesto Humanista Cristiano”. En: Estudios Evangélicos. 21 de julio de 2019. http://estudiosevangelicos.org/manifiesto-humanista-cristiano/ (Consulta: septiembre de 2020). Este documento fue publicado originalmente en “Eternity Magazine”, en enero de 1982, y fue firmado por Donald Bloesch, George Brushaber, Richard Bube, Arthur Holmes, Bruce Lockerbie, J. I. Packer, Bernard Ramm y James Sire.

[8] Jürgen Moltmann. “La ética del calvinismo”. En: Leopoldo Cervantes-Ortiz. Juan Calvino: su vida y obra a 500 años de su nacimiento. Barcelona, Editorial CLIE, 2009, pp. 263, 264. 

2 comentarios sobre “¿Aprobar una nueva Constitución es una posición evangélica?

    1. La nación es una entelequia, no es natural, tiene un origen histórico. Me gusta la definición de Anderson, cuando la entiende como “comunidad imaginada”. Bajo ese supuesto, creo que hay más de una nación en el territorio del estado de Chile: chilenos, mapuche, aymarás y rapa-nui a lo menos. Cuando se formaron los estados nacionales en el siglo XIX piensa en el dilema que hubo para los aymarás que quedaron dentro del territorio de cuatro países: Argentina, Bolivia, Perú y Chile.

      Respecto de lo otro, creo que podrá haber constituyentes independientes, tal y como hay diputados independientes. El tema es que tendrán que luchar contra toda la maquinaria política. Hace poco los senadores Huenchumilla y Guillier presentaron un proyecto que reduzca y facilite el acceso a las candidaturas de independientes. De todas maneras, no tengo problemas con que evangélicos lleguen a la Convención desde partidos políticos establecidos.

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