Acerca del uso y abuso de la Biblia en coyunturas políticas.

Luis Pino Moyano*.

Publicado originalmente en Estudios Evangélicos.

1. La contextualización del problema. 

Que los evangélicos acudamos a la Biblia para entender y explicar el mundo y la vida no es ninguna novedad. Anhelamos ser “el pueblo del libro” y postulamos que nuestra fe, no sólo tiene que ver con aquello que sucede al interior de nuestros templos y hogares, pues ella no es privada, sino que es una fe cósmica y pública. Como declarara el apóstol Pablo, al referirse a nuestro Señor Jesucristo: “porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente” (Colosenses 1:16,17) [1]. El entendimiento del señorío total y universal de Cristo es base fundamental de nuestra cosmovisión cristiana, y nos llama a un seguimiento fiel a la Escritura como su Palabra que es enseñanza pero, por sobre todo, mandamiento. Y es dicha lectura, la que se traduce en una presencia fiel de los creyentes dispersos por el mundo. 

El señorío de Cristo que conduce a la fidelidad, reclama una lectura coherente y consistente con dicho principio vital, y en el caso al que nos referimos acá, es pertinente tener en cuenta esto a la hora de pensar y actuar en política. Como dirá Juan Stam: “En aras de la fidelidad bíblica, reconocemos sin tapujos que este libro es muy político. De hecho, como dice un refrán que se ha hecho axiomático en nuestros tiempos, ‘todo es político, pero la política no es todo’. Si bien es un error ‘politizar’ un texto más de lo que es político, por otro lado es un error muy grave, y una falta de fidelidad a la Palabra de Dios, pretender ‘despolitizar’ un texto tan evidentemente político como es el libro de Apocalipsis” [2]. Esto que el autor, como especialista en Apocalipsis alude respecto a dicho libro, es posible de ser aplicado a toda la Escritura. Es por ello, que las teologías políticas, europeas o latinoamericanas, que sólo propenden al activismo social, limitan la Misión de Dios dejando de enfatizar en la proclamación del evangelio, tal y como el evangelicalismo norteamericano con un discurso aparentemente apolítico (como si tal cosa existiera), derivó en un ensimismamiento que se complace en la experiencia religiosa sin poner atención en el prójimo, y por ende, en la misión. El apóstol Santiago nos alerta respecto de la parcialidad con mucha fuerza: “Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice: ‘Que le vaya bien; abríguese y coma hasta saciarse’, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta” (Santiago 2:14-17). A la luz de este texto es una falsa dicotomía disociar la proclamación del evangelio de la práctica de la justicia y la misericordia. 

2. La gravedad teológica de la lectura de la Biblia dentro de la lógica izquierda-derecha. 

En medio de múltiples debates políticos, actores evangélicos prorrumpen con voz elocuente en la escena pública, ya sea arrogándose la representatividad de “la Iglesia Evangélica”, concepto imaginario que no tiene correlato empírico en la realidad, o en el peor de los casos, formulando ensoñaciones como esa de estar “del lado de Dios”. Y más allá del tema de la libertad de conciencia, asunto fundamental a ser tenido en cuenta en la discusión política acometida por los creyentes, pretendo llamar la atención de los lectores a otro asunto, uno que reviste gravedad teológica. Pues si bien es cierto, cada creyente tiene todo el derecho a apoyar y definirse políticamente por una determinada causa política, pues dicha actividad no es mala en sí misma, otra cosa es valorar dicha causa como “el proyecto histórico de Dios”. Supeditar el triunfo de Dios, y del reino que consumará en la historia, a una victoria electoral que no tiene la fuerza de cambiar toda la realidad es, con todas sus letras, una aberración a lo que la Biblia enseña. Dios es providente y mucho más sabio y poderoso que nosotros. Un día todos los gobiernos de la tierra caerán, mientras que el Reino de Dios permanecerá incólume. Por ende, nuestra esperanza no está en actores o proyectos políticos de diverso color, pues ella a es escatológica y está centrada en la persona de Jesucristo, Señor nuestro. 

Ejemplificaré con dos textos bíblicos sobre cómo el uso parcial para fortalecer la convicción política propia nos hace perder de vista la riqueza de la Palabra de Dios:

a. Amós 2:6,7 nos plantea un tremendo dilema para nuestra comprensión actual: “Así dice el Señor: Los delitos de Israel han llegado a su colmo; por tanto, no revocaré su castigo: Venden al justo por monedas, y al necesitado, por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre”. A partir, de este texto vemos la parcialidad de la separación realizada por posiciones dualistas que enfatizan en la justicia social o en la moral sexual, cuando este texto une ambas consideraciones. No pasas a ser un marxista cuando propugnas y trabajas por un mayor ejercicio de la justicia en la sociedad, como tampoco pasas a ser un derechista por defender la moral respecto de la sexualidad. Es del todo consistente con el cristianismo defender a las víctimas indefensas asesinadas por el aborto, cuyos gritos no alcanzan a ser oídos por nosotros, como defender a los menores abusados en hogares del SENAME, pues ellos no son ni fetos ni simple “stock”, sino seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Es del todo consistente con el cristianismo defender el matrimonio heterosexual, monogámico, y la familia emergida de dicha relación y, acto seguido, levantar la voz por los derechos de quienes son vulnerados o postergados en la historia, en el trabajo, la salud, la educación, el acceso a la vivienda y el cuidado de una pensión digna.

b. No es posible dejar de lado el texto de Romanos 13:1-7 en una reflexión sobre este tema. En él vemos al Dios soberano poniendo autoridades en el mundo. Dicha autoridad siempre es derivada de Dios y relativa respecto de Él y su Palabra. Por ello, la acción soberana de Dios no excluye nuestra responsabilidad, en tanto que la la autoridad debe ejercer su labor en justicia, protegiendo al inocente y sancionando el delito, y los demás ciudadanos tenemos el deber de obedecer activamente, pues nuestra obediencia total es a Dios. Es en consecuencia a dicha comprensión que los creyentes tenemos la posibilidad de practicar la “desobediencia civil”, o de manera más reformada, obedecer radicalmente a Dios,  cuando se busca explícitamente mandatar aquello que la Biblia niega (léase Hechos 4:19,20). Es maravilloso como cierra Pablo dicha exhortación, invitando a tener en cuenta una deuda de honor y respeto, junto con el pago de los impuestos, todo ello unido y en relación a quien corresponda. Este texto de la Escritura nos libra de la “Estadolatría” y de la “Estadofobia”, toda vez que mira al estado en su justa medida y sin despersonalizaciones que omiten la responsabilidad de quienes ejercen autoridad, es decir, como un instrumento que trabaja para el bienestar de la sociedad, salvaguardando derechos y regulando la actividad de los sujetos conforme al cuerpo legal.

Por todo ello, el clivaje político izquierda-derecha, reciente en términos en históricos en comparación con los textos de Amós y de la carta de Pablo a los Romanos, le hace un flaco favor a nuestra lectura de la Biblia y nuestra comprensión de la realidad en torno a ella. ¿Por qué disociar aquello que la Biblia une? ¿Por qué disociar la justicia social de la moral sexual, y la responsabilidad individual de la social? 

3. La necesidad de una hermenéutica fiel al texto bíblico. 

Todo lo anterior genera un profundo llamado a la interpretación fiel de la Escritura. Los evangélicos debemos tener en cuenta que el reconocimiento de la Biblia como Palabra de Dios debe traducirse en fidelidad y respeto a ella. Mis lentes como lector no tienen la primacía en la tarea de comprender y anunciar el texto sagrado, por lo que vale la pena tener en cuenta, como primera cosa, la precisión realizada por Manfred Svensson al señalar que: “la caracterización de la aproximación protestante a la Biblia como una disposición de ‘libre examen’ resulta históricamente inútil: la fórmula de hecho ni siquiera se registra en el siglo XVI, y es más bien recurrente en la apologética católica del siglo XIX y en las contemporáneas reivindicaciones protestantes” [3]. El “libre examen” no fue bandera de lucha de la Reforma Protestante, sino traducciones de la Biblia en lenguaje vernáculo fieles a los manuscritos en hebreo, arameo y griego; la tarea exegética y la implementación del método gramático-histórico y, por sobre todo, una lectura y escucha de la Palabra de Dios al interior de una comunidad. Y es aquí, respecto de la lectura comunitaria de la Biblia, donde también se hace valiosa la prevención realizada por Gordon Fee y Douglas Stuart: “Los protestantes no tienen magisterio, y debemos estar con razón preocupados cuando oímos que alguien dice que conoce el significado divino más profundo de un texto, sobre todo si el texto nunca significó lo que quiere hacérsele decir. De esas cosas nacen las sectas e innumerables herejías menores” [4]. El discernimiento de la comunidad, a la manera de la evaluación realizada por los hermanos de la comunidad de Berea, quienes con “sentimientos más nobles” se daban la tarea diaria de examinar “las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba” (Hechos 17:11), junto con la comprensión escritural del señorío de Cristo por sobre todo, es un antídoto contra todo tipo de tiranía eclesiástica de quienes proclaman sus ensoñaciones alejadas de la fidelidad a la Palabra de Dios. 

Nadie tiene el derecho a torcer la Escritura para su conveniencia. Como dirá Louis Berkhof: “Aunque es cierto que el intérprete debe ser perfectamente libre en sus labores, no debe confundirse su libertad con la licencia. Es libre, ciertamente, de toda restricción y autoridad externa, pero no es libre de las leyes inherentes al objeto de su interpretación. En todas sus exposiciones está amarrado por lo que está escrito, y no tiene el derecho de atribuir sus pensamientos a los autores del texto sagrado [5]. Es un infundio alejado de la fidelidad a la Palabra de Dios plantear que un determinado proyecto político es de Dios y otro de Satanás, sólo porque se condice con nuestras aspiraciones personales. Es iluso pensar que el constructo ideológico desarrollado por sujetos con “conciencias encallecidas” (1ª Timoteo 4:2) está libre de la mancha del pecado. No es reconocimiento de la “gracia común” aquello que termina glorificando a hombres y mujeres del pasado y del presente, y no al Dios Todopoderoso que no comparte su gloria con nadie (Salmo 115:1; Isaías 42:8). La Biblia no presenta un programa político sólido y cerrado, sino principios con los que se puede construir discursos susceptibles de estar marcados por la diversidad en la voz de distintos creyentes cristianos, comprados con la misma sangre de Cristo. No hay nada menos evangélico que situar a Dios del lado de una ensoñación ideológica en eslóganes huérfanos de sentido. Un dios de izquierda o derecha es una profanación de lo sagrado. En lenguaje llano: idolatría.

Entonces, en obediencia al mandamiento que dice a la letra: “No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre” (Éxodo 20:7, RVC), digamos junto a Martín Lutero: “tengo que usar el nombre de Dios con respeto, santa y dignamente, que no debo acudir a él para juramentos, imprecaciones ni engaños” [6]. El que se mencione a Dios en un discurso político, sea del color que sea, no es prueba de apego y fidelidad a la Biblia, y en ella, a la herencia legada por el cristianismo histórico. 

* Licenciado en Historia con Mención en Estudios Culturales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Miembro del Núcleo Fe Pública. 

[1] A no ser que se diga lo contrario, los versículos bíblicos son tomados de la Nueva Versión Internacional.

[2] Juan Stam. Apocalipsis & Imperio. Introducción al Apocalipsis de Juan. Valparaíso, Concordia Ediciones, 2013, p. 15. 

[3] Manfred Svensson. Reforma protestante y tradición intelectual cristiana. Barcelona, Editorial CLIE, 2016, p. 149.

[4] Gordon Fee y Douglas Stuart. Lectura eficaz de la Biblia. Miami, Editorial Vida, 2007, p. 31.

[5] Louis Berkhof. Principios de interpretación bíblica. Jenison, Editorial TELL, 1992, p. 53. La acentuación está en el original, aunque en cursiva.  

[6] Martín Lutero. El Magnificat, seguido de Método sencillo de oración. Salamanca, Ediciones Sígueme, 2017, p. 125. La cita corresponde al “Método sencillo de oración”. 

¿Aprobar una nueva Constitución es una posición evangélica?

Quisiera comenzar mis palabras mostrando mis colores: soy cristiano protestante de tradición presbiteriana. Creo que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada, autoritativa e inerrante. Mi definición doctrinal se encuentra contenida en la Confesión de Fe de Westminster, en su versión de 1903, la que suscribo como oficial de mi iglesia. Eso me lleva a declarar cuatro premisas que me parecen relevantes a la hora de hablar de esta temática:

· La primera, es que mi esperanza está en Jesucristo. Mi esperanza que no defrauda está sustentada en lo que Él hizo por su pueblo en la cruz del calvario, en la herencia eterna que nos trae su salvación, en el amor que Él nos provee en los rostros y las manos de una comunidad. Cristo lo hizo todo, y él llevará su plan perfecto hasta el fin. Dicho de otro modo, mi esperanza no está puesta en un cambio social, sea quien sea que lo construya, no importando su tinte político. Es el Reino de Cristo el que trae justicia, paz y alegría, y será el mismo Señor resucitado quien consumará la historia. Mi esperanza, malamente podría estar en la “alegría que viene”, en un “crecimiento con igualdad”, en los “tiempos mejores” o en una nueva Constitución Política de la República. Todo constructo humano es falible y se queda corto al lado de la esperanza escatológica. 

· En segundo lugar, que creo en los principios que la Biblia enseña para la acción política y social. Y en esto, me parece relevante ocupar el concepto de principios. La Biblia no presenta un programa político definido, sino principios para la vida, los que pueden ser aplicados de maneras distintas, y así ha sido a lo largo de la historia. Un buen ejemplo es la Confesión de Fe de Westminster. Hasta su reforma de los capítulos 20.4, 23.3 y 31.2, que limitan la acción del magistrado civil en la esfera eclesial, realizada por la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos en 1788, los márgenes de separación entre la iglesia y el estado parecían diluidos. Y eso, es de toda lógica en un régimen cuyo sistema de gobierno era monárquico, pero no lo era en un estado nación que se había emancipado de dicho régimen. Los principios políticos y sociales de los redactores originales de la Confesión de Fe de Westminster y de sus reformadores eran los mismos, mientras que su aplicación práctica en el plano político fue disímil. 

· Tercero, y como fruto de lo anterior, nosotros podemos seguir siendo cristianos evangélicos que creemos todo aquello que consagra el Credo Apostólico (que es la síntesis doctrinal más unificadora a nuestro alcance), teniendo ideas respecto de la acción política distintas, mientras ellas no abracen constructos ideológicos completos de quienes en la base de su teoría nieguen lo que dice la Escritura. Y esa situación no se encuentra presente sólo en el marxismo cultural o en el progresismo (concepto polisémico, por lo demás), sino también las posiciones de derecha que se sustentan en el catolicismo romano, en el nacionalismo o en el liberalismo que fue uno de los primeros frutos del humanismo secularizado y racionalista. Entonces, el ejercicio crítico de las ideologías, antes de atacar al resto, debiese ser el de la autoevaluación en actitud de oración, bajo una pregunta sencilla, pero profunda si se responde con sinceridad: ¿mi pensamiento y acción en la política se sustenta en lo que enseña la Escritura o no?

· Y cuarto, no tenemos en Chile una Iglesia Evangélica. Y, puede ser aburrido repetirlo vez tras vez, sobre todo luego de que estén a la mano los libros de Vergara, Lalive, Muñoz, Lagos, Pereira, entre otros, que se han esforzado en hacer análisis históricos o sociológicos de ese “pueblo polifónico”. Pero, así está la situación, y hay que repetirlo una vez más: los evangélicos no tenemos una comunidad homogénea, por ende, carecemos de representantes amplios, no tenemos papas ni tampoco un solo corpus doctrinal entre las iglesias del país, por lo tanto, nadie se puede arrogar la representatividad del pueblo evangélico porque eso, en singular, no existe. Por tanto, ningún cristiano evangélico del país -sobre todo si es pastor, líder o maestro- debe promocionar una determinada opción política como representativa de los valores y principios del pueblo de Dios, porque no existe en Chile un partido o movimiento que aglutine aquello. Con mayor razón, no puede llamar a votar por una opción determinada, diciendo que es la única que se condice con lo evangélico, porque eso sería una violación de la libertad de conciencia, además de un ejercicio de cooptación clerical. Por ende, siempre que hablemos de acciones políticas en el espacio público, debemos hacerlo a título personal, nunca a nombre de la comunidad, dispuestos a responder preguntas a dudas honestas, rendir cuentas cuando corresponda, y pedir perdón cuando hemos ofendido a los demás.

Por lo dicho con antelación, creo que es sumamente legítimo que haya cristianos evangélicos que hagan una opción por el rechazo a una nueva Constitución, y que existamos otros cristianos evangélicos que optemos por el apruebo a una nueva Constitución. Sería inconsistente con lo que he declarado con antelación negar dicha posibilidad, quitándole inteligibilidad al relato del otro o, en el peor de los casos, llegar a satanizar la opción contrapuesta. Huelga decir que se esperaría la misma actitud de amistad cívica de quienes desde las filas de la fe cristiana asumen una opción contrapuesta a la que presentaré. 

¿Por qué opto por el “apruebo” a una nueva Constitución? Responderé desde dos puntos focales: uno histórico y otro desde una lectura teológico-política. 

1. La consideración histórica.

Creo que para un evangélico no puede ser baladí que nuestra carta fundamental actual haya sido producida en una dictadura que no trepidó en usar el terrorismo de estado para sostener y consolidar su proyecto histórico. En 1980 se llevó a cabo un plebiscito sin registros electorales, con estado de emergencia, con acceso casi nulo a la oposición al régimen de facto para acceder a espacios de comunicación de sus ideas, sumado al hecho, que la opción “Sí” constituía un límite claro al régimen de Pinochet, pues el Art. 25 consagraba que la primera magistratura de la nación tendría una duración de ocho años, en cambio la opción “No” aceraba aquello que para el historiador Mario Góngora era el máximo error de Pinochet, a saber, “su voluntad desmesurada de durar” [1]. En otras palabras, las reglas del juego para la actividad en la polis fueron construidas a imagen y semejanza de una dictadura militar, que más allá de su derrota político-electoral en 1988 y 1989 y la eliminación de los “enclaves autoritarios” de las páginas de la carta fundamental en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos (en uno de los tantos actos performáticos que han sido denominados como el fin de la Transición), se mantienen vigentes sobre todo con su poder contramayoritario. Ese poder fue explicado por Jaime Guzmán de la siguiente manera: “En vez de gobernar para hacer, en mayor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes jueguen en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario” [2]. La negación del cambio no es otra cosa que la negación de la polis, que imposibilita la mejora o el cambio de aquello que tiene origen histórico y político como si se tratara de algo dado por la naturaleza. 

Pero hay otra variable que debe ser tenida en cuenta en este punto focal histórico. Hoy estamos en un “momento constituyente” que resultó ser la salida institucional a un momento de crisis con un “reventón social” que muy pocos dentro de la clase política civil avizoraron. Con todo lo que se pueda cuestionar de los hechos acaecidos desde octubre en adelante, resulta innegable que esta era la cosecha amargada de la “alegría triste y falsa” que se volvió sentido común en el quehacer político del país, junto con todos los abusos y corruptela moral tapada por la vana jactancia en una supuesta diferencia respecto de nuestros vecinos del barrio latinoamericano. La violencia de los saqueos que barrió no sólo con la honestidad de la población, sino con la supuesta moderación y orden de la identidad chilena, el enfrentamiento violento entre las fuerzas policiales y la “primera línea” con las tristes consecuencias consabidas por todos, sumado a una expresión pública de las marchas, asambleas y cabildos, en los que se expresó la multiplicidad de voces y proyectos, hace que valga la pena preguntarnos ¿qué nos une como país? El pasado, ese de poco más de doscientos años de vida republicana y el reciente herido por un “golpe” cuyas secuelas se siguen viviendo a 47 años no nos une. Y, al parecer, el presente tampoco. Y, para qué hablar del futuro, cuando la política analfabeta no está pensando un proyecto país a cincuenta años plazo, sino que es atacada por la coyuntura, el cortoplacismo y las reacciones de aprobación en encuestas y redes sociales. 

Por todo ello, esta es una oportunidad. Se trata de la primera vez que una Constitución en el país sería escrita y promulgada en un contexto democrático, sin una minoría amparada por el poder de fuego de los militares como en 1833, 1925 y 1980. Y por lo mismo, es que este texto constitucional debe dar cabida a todas las voces sin olvidar que se trataría de la carta de navegación para toda la ciudadanía, y no para unos pocos. Debemos desempolvar y exorcizar esa palabra llamada “consenso” si queremos tener como mira la construcción de un país. Patricio Zapata, abogado constitucionalista, usando la misma metáfora futbolera de Jaime Guzmán pero en otra sintonía dirá que “Existe un problema constitucional cuando la Carta Fundamental de un país, lejos de ser la ‘cancha’ que todos, o casi todos, reconocen como el espacio común en el cual llevar adelante la disputa cívica, es, más bien, un elemento que divide y excluye” [3]. Ni la imposición de agendas ni el miedo a lo nuevo contribuyen a la unidad en la diversidad que un país requiere para sostener la  libre actividad política en democracia. Esto es más que consistente con una alternativa cristiana por la paz activa [4]. 

2. La consideración teológico-política. 

En este punto quisiera huir, de inmediato, de una lectura caricaturesca que hace pensar que quienes sostenemos el “Apruebo” pensaríamos que el cambio constitucional sería la panacea para todos los problemas de la gente. Nada más alejado de la realidad. Una Constitución no abarca todos los asuntos que tienen que ver con los seres humanos que habitan un país, pero eso no obsta para que pongamos nuestra preocupación allí, construyendo una alternativa para cambiarla. Dicho de otro modo, la Constitución no soluciona todos los problemas, y no está para eso, pero sí puede ayudarnos a cambiar algunos. Y por sobre todo, puede ayudarnos en el anhelo de pensar el Chile del siglo XXI en el largo plazo, y no sólo en las necesidades contingentes o coyunturales. 

Para quienes somos creyentes cristianos existe una clara posibilidad para reconocer que en nuestras sociedades hay maldad, injusticia, inequidad y abuso, porque tenemos nociones respecto de la bondad, justicia, equidad y bienestar. Esos conceptos son trascendentales e inmateriales y sólo adquieren historicidad cuando son llevados a la práctica. ¿De dónde tomamos esas nociones? De la declaración bíblica que nos revela a un Dios santo y justo y que norma y da sustento a nuestras vidas con su Palabra. Es por la obra de Cristo que hemos sido redimidos, lo que nos ha posicionado en una relación reconciliada con Dios, nos ha devuelto nuestra dignidad perdida y nos ha dado la capacidad de ser testigos con la palabra y los actos de amor que contribuyen al bienestar de quienes nos rodean. 

Si bien es cierto, hoy el lenguaje de derechos se ha banalizado y sirve para todo, es justo decir, que cuando distintos países del mundo se unen propugnando que los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la segunda guerra mundial no se vuelvan a repetir, y establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay mucha sintonía con la enseñanza bíblica que recorrió por tierra, cielo y mar desde los albores de la iglesia primitiva [5]. Los derechos humanos no son un “gol de media cancha” como dijera Marcela Aranda hace unos años atrás, porque la declaración de la dignidad humana y su protección son consistentes con el cristianismo que entiende al hombre y la mujer como seres creados a imagen y semejanza de Dios, que en tanto criaturas gozan del señorío del Todopoderoso Creador, y que en tanto personas gozan de la libertad y la capacidad de crear, pensar y vivir. A su vez, los derechos tampoco niegan los deberes. Aquí es de mucho valor la precisión conceptual propuesta por René Padilla, cuando señaló que: “a la Biblia más le interesan los deberes que los derechos: los deberes humanos frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación. Es bueno recordar esto en una sociedad donde cada sector de esta reclama constantemente sus derechos sin preocuparse mayormente por sus deberes. Sin embargo, hay una estrecha relación entre derechos y deberes. La conexión se hace cuando reconocemos que los derechos humanos que preocupan a la conciencia cristiana son los derechos del otro, y que los derechos de los demás son deberes nuestros” [6]. El reconocimiento de la dignidad humana nos hace pensar no sólo en mi condición digna, sino en la del amplio “nosotros” de un pueblo-nación. Existe posibilidad de pensar y actuar en concordancia de un humanismo genuinamente cristiano [7]. 

Es desde esta consideración, que la nueva Constitución emergida desde un contexto democrático, debiese comenzar con una declaración de principios orientadores ad hoc que propugnen el bienestar común y la justicia social, reconociendo los derechos humanos como universales, inalienables e imprescriptibles, constituyendo a estos como el principio fundamental de dicho documento normativo. Dentro de las nuevas cosas que el texto constitucional debiese considerar, a mi juicio, están la cuestión de la plurinacionalidad y una real descentralización, la existencia de un congreso unicameral y la posibilidad de referéndums revocatorios y plebiscitos potenciando una democracia semiparticipativa. A su vez, debiese limitarse la acción de las FFAA y de orden como garantes del proceso democrático, porque de facto les coloca en una posición deliberante. Como protestante, espero que la nueva Constitución señale explícitamente la separación del estado y las organizaciones eclesiales, estableciendo desde una comprensión laica, la posibilidad que las religiones y quienes las suscriban puedan expresarse con libertad en el espacio público, sin limitar su acción a la esfera privada. La limitación de las imposiciones de actores religiosos no implica la limitación de la libertad de conciencia y de la acción social desde una cosmovisión que tiene correlato más allá de los muros de los templos. La fe, por definición, es pública. Es más, me asiste la convicción, que no existen libertades públicas si la libertad de creer y actuar en concordancia a dicha fe en el espacio público es negada o dificultada. 

Para ello, los evangélicos no sólo debiésemos participar de los plebiscitos de entrada y de salida de la coyuntura constitucional, sino también estar en la Convención Constitucional, sea como militantes de partidos políticos o como independientes. Pero espero que dichos hermanos y hermanas (por cierto, algunos de ellos habrán optado por el “rechazo” en la primera etapa) entiendan y practiquen la idea de cobeligerancia y no de alianza, no busquen pequeñas cuotas de poder para aparecer en televisión un par de días más que para el Te Deum y el 31 de octubre, ni mucho menos acomoden sus discursos y agendas a los de otros, dejándose amoldar por el mundo actual (véase Romanos 12:2). Es de esperar que dichos hermanos y hermanas no tengan una visión acotada de la participación en política sólo para decir cosas que tienen que ver con los llamados “valores” o de alcance en el espacio privado, saliendo de la terrible ensoñación de la falta de realismo y de la política en minúscula. Es de esperar que esos hermanos y hermanas no tengan miedo a la confrontación de ideas, que opinen desde una cosmovisión bíblica y cristiana en la base, pudiendo con ello, hablar de todos los temas que se presentarán en el debate. Que desarrollarán su trabajo como convencionales con responsabilidad, excelencia y distintivo cristiano, lo que se traducirá en que más allá de las alianzas o partidos políticos en los que militen, serán fieles a la Palabra de Dios en detrimento de las órdenes que atenten contra ella. Y por supuesto, espero de dichos hermanos y hermanas que defiendan, amen y pujen junto a los desamparados cuyas voces son día a día acalladas: pobres, huérfanos, viudas, inmigrantes y niños y niñas que todavía no nacen, cuyos gritos son inaudibles desde el exterior. Y, por cierto, que todo eso lo hagan con clara conciencia de su condición de minoría, pero de minoría valiente y no victimizada, inteligente y no atrapada por los discursos que se postulan como sentido común en izquierdas y derechas. Una minoría que tenga en cuenta lo dicho por Jürgen Moltmann: “Cuanto más conscientes son los cristianos hoy día de una situación minoritaria y pierden la protección de una sociedad ‘cristiana’, tanto más pueden aprender de la moral calvinista a hacerse extraños en la propia sociedad y nación por amor de Cristo. En la historia del cristianismo reformado se evidencia claramente el valor de ser distinto de los demás. Únicamente quien es distinto es capaz de ‘existir para los demás’; de lo contrario, es uno más entre la masa” [8]. 

Claramente, para ello, no sólo habrá que esperar, sino participar activamente, dentro y fuera de la Convención Constitucional. No bastará entonces sólo aprobar, sino estar dispuestos a ser testigos… aquellos que portamos un testimonio con la vida. 

Luis Pino Moyano.

[1] Raquel Correa. “Las lecciones de la Historia”. En: El Mercurio. Santiago, 9 de diciembre de 1984. Citado en: Mario Góngora. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago, Editorial Universitaria, 2006, p. 340. 

[2] Citado en: Sofía Correa et al. Historia del siglo XX chileno. Santiago, Editorial Sudamericana, 2001, p. 325. 

[3] Patricio Zapata. “La Constitución del bicentenario. Once tesis y una propuesta concreta”. En: Claudio Fuentes y Alfredo Joignant (editores). La solución constitucional. Plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos. Santiago, Catalonia, 2015, p. 165. 

[4] He hablado de esto con mayor profundidad en mi artículo “Ni zelotes ni herodianos. Por una alternativa cristiana de paz activa”. En: Estudios Evangélicos. 29 de octubre de 2019. http://estudiosevangelicos.org/ni-zelotes-ni-herodianos-por-una-alternativa-cristiana-de-paz-activa/ (Consulta: septiembre de 2020). 

[5] Un buen libro para entender esto es: Vishal Mangalwadi. El libro que dio forma al mundo: Cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. Nashville, Grupo Nelson, 2011. 

[6]. René Padilla. “La Biblia y los derechos humanos”. En: René Padilla et al. Los derechos humanos y el reino de Dios. Lima, Ediciones Puma, 2010, p. 18. 

[7] Véase: “Manifiesto Humanista Cristiano”. En: Estudios Evangélicos. 21 de julio de 2019. http://estudiosevangelicos.org/manifiesto-humanista-cristiano/ (Consulta: septiembre de 2020). Este documento fue publicado originalmente en “Eternity Magazine”, en enero de 1982, y fue firmado por Donald Bloesch, George Brushaber, Richard Bube, Arthur Holmes, Bruce Lockerbie, J. I. Packer, Bernard Ramm y James Sire.

[8] Jürgen Moltmann. “La ética del calvinismo”. En: Leopoldo Cervantes-Ortiz. Juan Calvino: su vida y obra a 500 años de su nacimiento. Barcelona, Editorial CLIE, 2009, pp. 263, 264. 

¿Hay una revolución en Chile?

No deja de ser interesante que voces a favor y en contra de las demandas levantadas o visibilizadas en las las calles, en el contexto del estallido social, hablen de una revolución en marcha en Chile. Unos, para ensalzar su utopía de un Chile nuevo que nacerá después de las llamas; otros, relevando sus miedos a que existan cambios en el país, un país que ha sido exitoso en tal o cual indicador internacional, cosa que no tendría que ser dilapidada. Pero, ¿estamos en un contexto revolucionario en Chile? A mi juicio, pienso que hay, a lo menos, tres razones para decir que no:

a. Lo que tenemos es el ensalzamiento de la ritualidad festiva. Y como diría uno de mis profesores en la Universidad, “las revoluciones se miden después del día de la jarana”. Ha sido increíble la masividad de varias de las movilizaciones, algunas con más de un millón de personas sólo en Santiago, en la hoy denominada “Plaza de la Dignidad”. Allí se han encontrado personas de distintos acervos e ideas políticas, sectores sociales, niveles educativos e, inclusive, equipos de fútbol. Colores, música, gritos de consignas, performances, disrupción y violencia como repertorio de lucha. ¿Qué es eso sino expresión erótica politizada, donde la pulsión individual se expresa en diversas experiencias de éxtasis? Es el paso de “la alegría” al goce. Pero, si se me permite parafrasear a Tomás Moulian cuando refiere a la experiencia de la Unidad Popular, la fiesta no tiene la fuerza de limitar el drama. Las fiestas se acaban cuando hay fracaso o derrota, o la conjunción de ambas. ¿Los distintos movimientos que expresan sus ideas y sentimientos en las calles tendrán idea respecto a qué hacer en caso de una derrota plausible? O, aún más, ¿tendrán idea de lo que vendría después del triunfo posible?

b. Lo que tenemos es el protagonismo del panfleto que se convierte en sentido común. Esto demuestra, en forma periférica, que mucho del discurso crítico respecto del marxismo cultural emanado de cierta derecha liberal, no es más que un muñeco de paja, porque si sólo ocupáramos una lógica gramsciana, debiésemos señalar que el sentido común produce conformismo, entonces, no puede llamarse pensamiento crítico a una idea o conjunto de ellas que no puede pasar por el cedazo de la sospecha cuestionadora. Resulta interesante que mucho de lo que se autodenomina pensamiento crítico hoy no es más que discurso estático, no susceptible de crítica, porque introducir prismas, fisuras o rupturas teóricas es “fascismo”, de “derecha” o funcional a las clases dominantes. Eso hace que mucho del discurso “progresista” sea simplemente un nuevo conservadurismo, en el que hay mucho miedo. Decir algo contra lo políticamente correcto, desde un cuestionamiento epistemológico hasta el acto de reírnos de nosotros mismos, en un momento en que el espíritu de funa pende en el aire, limita la acción y fortalece el autoritarismo de la voz más fuerte y más radical, que no necesariamente es aquella que se condice con la realidad actual y con la que se anhela construir. Un movimiento social que apela a la configuración de cambios estructurales no puede perder de vista la transversalidad incluyente, so pena de seguir produciendo un constructo propio de una modernidad radicalizada, donde el sujeto autónomo es cada vez más individuo. Si hay más “yo” que “nosotros”, la lógica de consumo mercantil se mantiene incólume, incluso, en las relaciones humanas. 

c. Lo que tenemos es la sacralización de la violencia. Dos cosas por decir: a) existe una diferencia entre agresividad y violencia (una más instintiva y otra que desarrolla una racionalidad), y entre violencia reactiva y violencia estructural; y b) existe un uso legítimo de la violencia, específicamente en dos asuntos: en aquella que ha sido delegada a los institutos armados, para que monopolizándola, la usen discrecionalmente en la defensa y la conservación del estado de derecho (lo que claramente se dilapida cuando se ocupa en forma abusiva, violando los derechos de la población, ya sea a personas inocentes o a quienes se les pueda imputar un delito); como también en la autodefensa del pueblo frente a un tirano y sus esbirros, es decir, en un contexto en el que no existe estado de derecho. A la luz de aquello, y considerando las acciones en el espacio público desde el 18 de octubre, podemos ver que existe más agresividad que violencia, una profusión mayor de la violencia reactiva, junto con altas dosis de espontaneidad. Quemar y destruir todo no es sinónimo de revolución, porque la revolución no es sólo violencia, sino, por sobre todo, transformación. Y para que exista transformación debe haber proyecto. Y yo pregunto, ¿dónde está el proyecto de cambio? La sacralización de la violencia, que pasa del uso como repertorio de acción colectiva a la configuración litúrgica de la misma, no mide las consecuencias. Y no hablo acá de la acción policial, hablo de si dicha violencia suma o resta a la causa que se dice defender. Además, el uso de la violencia como método de acción en unos, hace que también aparezca en otros, desde el sujeto que dispara en una manifestación en Reñaca, hasta aquellas organizaciones neofascistas que marchan por las calles -hasta ahora sólo del Barrio Alto-, premunidos de bastones retráctiles y gritando cuestiones aberrantes para nuestra conciencia histórica, como eso de ir a buscar “los huesitos al estadio nacional”.

Aquí en Chile no hay revolución… lo que hay es incertidumbre. ¿Cómo terminará todo esto? No sé. Pero lo que no quiero, es que termine en un conflicto fratricida, con uso de la violencia armada, donde nuevamente los/as perdedores sean los mismos de siempre, la mayoría de la población. Y eso, no conduce a la parálisis de quienes pensamos en la necesidad de un Chile distinto, de quienes anhelamos cambios para nuestra sociedad en el entendimiento que la paz tiene como base la justicia. Por el contrario, debemos esforzarnos por caminar como protagonistas en el cambio constitucional que siente las bases para el ejercicio renovado de la política, y aquello, por primera vez en democracia en nuestros más de 200 años de vida republicana. ¿Estamos conscientes de la fuerza del cambio que tenemos en un horizonte muy cercano?

Luis Pino Moyano.

Renovación Nacional y el retorno a la ideología.

Este martes 7 de enero, ocho de nueve senadores de Renovación Nacional, hicieron explícita su posición de rechazo a una nueva Constitución. Los firmantes de la declaración son: Andrés Allamand,  Carmen Gloria Aravena, Juan Castro, Francisco Chahuán C, Rodrigo Galilea,. José García, Rafael Prohens y Kenneth Pugh. No firmó el senador Manuel José Ossandón. 

En mi opinión, este acto de explicitación ideológica tiene tres puntos focales que no pueden dejarse de lado a la hora de leer este acto político:

a. El primero es que la participación de dicho partido en el acuerdo por la nueva Constitución, y la aprobación en el congreso que abre el camino a un plebiscito de entrada, fue hecho desde el pragmatismo más puro: si esto logra calmar a la población en sus expresiones de malestar, participan, pareciendo abiertos a escuchar lo que la calle demanda. Es construir desde la incertidumbre y el temor respecto del futuro. Pero, como la normalización no llega, y las aguas aparecen más aquietadas (salvo el episodio contra la PSU), la opinión ideológica real se vuelve a poner en la palestra, lo que olvida que el momento constituyente fue abierto por el mismísimo presidente de la república el día domingo 10 de noviembre de 2019, y que el cauce para ello ha sido la institucionalidad vigente, en el marco de la Constitución actual. 

b. Claramente es la explicitación de rechazo a la posición enarbolada por el timonel de RN, Mario Desbordes, que a mi juicio, ha sido el político profesional que mejor ha leído la crisis del Chile actual, mostrando sintonía, trabajando por la articulación de consensos, comunicando sus ideas con claridad e incluso emotividad por diversos medios, lo que ha llevado a que, incluso, aparezca como opción presidencial, por sobre los eternos candidatos Allamand y Chahuán. A su vez, Desbordes no sólo desde octubre de 2019, sino desde antes, venía planteado una crítica significativa al quehacer del gobierno y la coalición que lo ejerce. Es el acuso de recibo del sector más tradicionalista del partido de la estrella tricolor. 

c. De manera muy inteligente articulan una crítica que dificulta el movimiento del gobierno. Esto cuando señalan que: “el clima de violencia, inseguridad y poco respeto por las personas e instituciones del país, se ha mantenido en muchos lugares”, toda vez que el principal responsable de asegurar la paz social, seguridad y respeto de la institucionalidad es el mismo gobierno. Y si el gobierno no las garantiza, la incapacidad no es del gobierno anterior, sino del actual. Es una jugada maestra, porque les acerca a la UDI e, inclusive, a Kast, y por lo tanto al electorado de derecha, junto con poner presión a la acción del gobierno respecto del proceso de una nueva Constitución. 

Es así que el sector tradicional de RN deja de lado el realismo político, para volver al fundamento ideológico. Como diría Ossandón: “No es que yo esté a favor o en contra de la Constitución, estoy hablando de una cosa que se llama realismo político ¿cómo vamos a enfrentar este cambio? O me van a decir que en el fondo nosotros somos capaces de decir que el 18 de octubre, cuando la gente reclamó por sus frustraciones, por la falta de justicia, por las pensiones miserables, por la falta de servicios básicos, por los remedios, ¿estaban reclamando por un tema político? O ¿esa es una posición de izquierda? No, eso no es una posición de izquierda ni de derecha”. La eterna pugna entre teoría y realidad, hace nuevamente su aparición, ahora en esta disputa en la cancha de la coalición de gobierno. 

Sin saber todos los coletazos que esto traerá de manera particular a sujetos, partidos y conglomerados, e incluso al devenir político del país, podemos tener claro que el retorno a la ideología y la ausencia de realismo político aporta con una nueva palada a la recolección de escombros de un Chile que cada vez más parece un edificio desalojado por las élites políticas. Y aquí sí que cabe la metáfora del desalojo, hoy aplicada de manera implícita, pero no menos real, al gobierno propio. 

Luis Pino Moyano.

Nueva Constitución… muchas preguntas que requieren respuesta y definición.

“En el mundo libre, las Constituciones emanan de los pueblos”.

Eduardo Frei Montalva.

Hace casi un mes entramos en una vorágine social inimaginada dentro del ámbito de las ciencias sociales respecto de nuestra realidad nacional. Teníamos claro cuáles eran los abusos de poder y los actos de corrupción, que superan con creces los treinta pesos de alza en el metro. Vimos cómo se nos cayó la máscara de la sociedad ordenada, aquella que otrora nos hiciera parecer como “los ingleses de Latinoamérica”, en una autopercepción llena de complacencia egolátrica. Vimos cómo las calles se llenaron de personas manifestando su protesta contra un sistema que exuda injusticia y que entienden con mucha claridad que la paz sólo será posible en nuestro país si tenemos justicia. Un millón doscientas mil personas llenaron las calles de Santiago y otras ciudades del país, en el viernes 26 de octubre de 2019, marcando un hito en la historia de las movilizaciones sociales en Chile, sobre todo, en el contexto postdictatorial.

Y aunque el gobierno ha hecho esfuerzos para que vuelva la normalidad, su aletargamiento, demora e incapacidad política, unido al malestar y re-encuentro de la sociedad civil, ha  obstaculizado y debilitado dicho camino, y conllevado que se haga visible un momento constituyente real. Cuando el gobierno de Piñera se abre el domingo 10 de noviembre a la posibilidad de una nueva Constitución, hace que difícilmente se avizore la posibilidad que salgamos de este momento de crisis institucional y social sin una nueva Carta Fundamental. Sobre todo, luego del acuerdo que en la madrugada de este viernes 15 de noviembre, muchos parlamentarios, en representación de sus partidos políticos, firmaron para un proceso constituyente dentro de los márgenes de la democracia. 

En un diálogo imaginario, relevo algunas preguntas posibles, explicitando algunas respuestas que no buscan cerrar conversaciones, sino, por el contrario, abrirlas. Es, también, la explicitación de definiciones políticas.

¿Qué es la Constitución?

Siguiendo la definición presentada por Humberto Nogueira, “La Constitución es la ley fundamental del Estado, es la norma jurídica de más alto rango en el ordenamiento jurídico. / La Constitución establece la organización, atribuciones y relaciones entre los órganos del estado, los derechos y las garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad, los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y el procedimiento de reforma parcial o total de la Constitución” [1]. En dicho sentido, ningún ciudadano ni ninguna ley está por sobre la Constitución. Ella “constituye” lo que se realiza en la cosa pública. No por nada, también se le llama “Carta Fundamental”: carta, en el sentido de un mapa que delimita un campo de acción; y, fundamental, en tanto establece la base para el estado nacional.

Una cosa que no puede olvidarse, es que la Constitución no sólo es un asunto legal, jurídico si se quiere, sino que es un producto eminentemente político. Por ende, su discusión no sólo es cosa de abogados constitucionalistas (que claramente aportan al conocimiento y el debate), sino que todos los ciudadanos podemos aprehenderla, reflexionar y discutir respecto de ella. 

¿Por qué cambiar la Constitución? 

Si esta movilización comenzó por el aumento del precio en el metro, y que luego visibilizó abusos de poder de diversa índole y alcance, situaciones que derivan en vida indigna para la mayoría de la población, derechos sociales limitados por el sentido común del libre mercado y tantos actos de corrupción, ¿por qué la discusión ha derivado al asunto de una nueva Constitución? ¿Por qué se hace necesario modificarla? 

Hay múltiples razones que han sido expresadas, pero a mi juicio, la más relevante tiene que ver con el origen antidemocrático de la Carta Fundamental actual. Cosa que no ha sido inédita en nuestros más de doscientos años de vida republicana. Siempre han sido las élites políticas y/o militares las que han configurado el mapa y marco de acción del estado nacional chileno. Como señalaría Mario Garcés: “En realidad, ninguna de las Constituciones de larga duración -la de 1833, 1925 y 1980- han sido el resultado del ejercicio del poder constituyente de los ciudadanos, razón por la cual todas han sido objeto de sucesivas reformas hasta la nueva crisis política e institucional. La duración de esas constituciones y la estabilidad política alcanzada en algunos períodos no han sido sinónimos de legitimidad” [2]. En otras palabras, las tres constituciones más relevantes que ha tenido el país, fueron creadas no sólo de espaldas al pueblo, sino en estados de excepción, con el Congreso Nacional cerrado y con el brazo militar apoyando al gobierno, o siendo tal [3]. Plebiscitos de dudosa reputación, como el de 1925 sin cédula única, y el de 1980 sin registros electorales, no son signo de deliberación ni propuesta. 

Refirámonos a la Constitución de 1980. Parto citando in extenso a un grupo de historiadores que señala: “La Constitución de 1980 es, sin duda, el texto constitucional más controvertido a la par que inmodificable, atendida su vigencia pétrea, en sus aspectos esenciales, estos últimos veinte años. A pesar de su vigor, una sombra oscura empaña su origen. Si bien fue aprobado por el 67.04% contra el 30.19% de los votos, el plebiscito fue catalogado por sus opositores como espúreo. No se contó con registros electorales, y tanto la campaña de treinta días como los comicios se efectuaron bajo estados de emergencia, estando facultado todo ese tiempo el gobierno para relegar, detener y exiliar; el acceso a los diarios fue parcial al oficialismo, y en cuanto a la televisión le fue absolutamente vedada a los opositores” [4]. Pero no sólo eso, el acto electoral que refrendó el texto constitucional emanado de la dictadura fue, a todas luces, un fraude. ¿Por qué razón? Porque en una votación plebiscitaria lo que se busca es la aprobación o reprobación de una alternativa, pero en este caso, en una de las alternativas se jugaba más de una opción. El artículo 25 de la Constitución de 1980, señalaba originalmente que el período de gobierno del presidente de la república duraba ocho años [5]. Es decir, si alguien osaba votar que “No” lo que hacía era desaprobar un texto constitucional, en cambio, si se votaba que sí, se aprobaba la nueva Constitución y se ponía límite temporal al gobierno de Pinochet. Sin Constitución, la dictadura parecía eterna.

Todo esto denota violencia social. Eduardo Grünner, al hablar de la violencia constitutiva de nuestros estados de derecho, señala varias tesis, de las que refiero las primeras dos: “La violencia es constitutiva de la práctica política, porque es fundadora de la juridicidad estatal. […] El Estado moderno y el contractualismo son posibles por la negación de la violencia constitutiva de lo político” [6]. ¡Esto es demasiado potente! Nuestro estado de derecho ha tenido como acto fundacional la violencia política. Nuestra democracia es aquella que fue creada a imagen y semejanza de la dictadura cívico-militar chilena, cuyo modelo pervive más allá de la derrota electoral de 1989 y del 11 de marzo de 1990. Jaime Guzmán, ideólogo del régimen y artífice del texto constitucional, lo dijo con suma claridad: “En vez de gobernar para hacer, en mayor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes jueguen en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario” [7]. La democracia protegida de la dictadura tiene su correlato con la justicia en la medida de lo posible. El amarre imposibilita ajustes significativos al sistema por la vía institucional, lo que trae consigo la naturalización de un sistema que es político e histórico en su origen y que, por ende, puede ser modificado. La negación del cambio, por quienes retóricamente apelaban a un “¡Viva el cambio!” [8], no es otra cosa que la negación de la polis. Esto lo ilustra de la siguiente manera el abogado Patricio Zapata, cuando señala que: “Existe un problema constitucional cuando la Carta Fundamental de un país, lejos de ser la ‘cancha’ que todos, o casi todos, reconocen como el espacio común en el cual llevar adelante la disputa cívica, es, más bien, un elemento que divide y excluye” [9]. 

La vida democrática de un pueblo amerita la construcción de una Carta Fundamental hecha en democracia. Por eso, hay que cambiar la Constitución, puesto que al hacerlo se propugna “modificar de raíz la orientación estratégica del Estado” [10]. 

Ya, pero cambiar la Constitución no mejora la vida en su cotidianidad. ¿Por qué no preocuparse, entonces, de los problemas de la gente? 

La verdad, es que no conozco a nadie que postule un cambio constitucional como la panacea para todos los problemas de la gente. Es evidente, que una Constitución no abarca todos los asuntos que tienen que ver con los seres humanos que habitan un país, pero eso no obsta para que pongamos nuestra preocupación allí, en una alternativa para cambiarla. Dicho de otro modo, la Constitución no soluciona todos los problemas, y no está para eso. Pero sí puede ayudarnos a cambiar algunos, sobre todo puede colaborar en el anhelo de pensar el Chile del siglo XXI en el largo plazo, y no sólo en las necesidades contingentes o coyunturales. 

Dicho lo anterior, la Constitución sí puede ayudarnos a mejorar problemas cotidianos de la gente. Sólo para poner un ejemplo: el Artículo 19, número 18 de la Constitución [11], habla sobre el sistema de pensiones, y dice dos cosas fundamentales: a) que se necesitaría quórum calificado, es decir, una votación que tenga mayoría absoluta (50%  más uno de votos), para cambiar algo del sistema de pensiones; y b) garantiza que pueden haber sistemas públicos y privados. En la práctica, sólo existe sistema público para las FFAA y de Orden y privado para el resto, por tanto, las AFP y su ejercicio están garantizados por la Constitución. Entonces, para modificar el actual sistema de pensiones, desde su reforma hasta su abolición, se requiere una reforma constitucional o, derechamente, el cambio de la misma. 

Necesitamos leer la Constitución para hacer diálogo fundamentado, y no repetir los eslóganes de los amantes del status quo. 

¿Cómo evaluar el acuerdo por una nueva Constitución desarrollado en el parlamento?

Traté de mantenerme despierto más allá de la 1 de la madrugada del 15 de noviembre de este movido 2019, pero el cansancio pudo más. Así que apenas desperté a las horas después, una de las primeras cosas que hice fue leer dicho acuerdo bastante transversal. 

Valoro varias cosas del mismo: 

  1. Siempre es importante tener claros los plazos: abril de 2020, para el plebiscito que apruebe o rechace una nueva Constitución y el órgano para redactarla;  en caso que se apruebe la idea de una nueva Constitución, se plantea octubre de 2020 para la elección de los miembros de la instancia elegida; y el plazo de nueve meses, prorrogable por tres meses en sólo una ocasión para que la Constitución sea redactada, y luego sea sometida un plebiscito ratificatorio de carácter obligatorio.
  2. Es sumamente valorable, que sólo se haya tenido en cuenta una Convención Mixta Constitucional y una Convención Constitucional (léase, Asamblea Constituyente), y que se excluyeran otros mecanismos menos participativos, sobre todo, la figura de una Comisión de Expertos, que tantos problemas nos han traído en nuestra historia política y en la actual coyuntura. Además, es valorable que el mecanismo de elección de delegados, siga el mismo sistema proporcional que las elecciones de diputados, que no exista compatibilidad de roles entre tener un cargo público y participar del órgano constituyente, junto con la inhabilidad sobreviniente para ser candidatos a elecciones populares por un año, aunque a mi juicio, podrían ser dos. 
  3. Lo más significativo, a mi juicio, es que la nueva Constitución parta en foja cero y que luego de su promulgación se derogue la Constitución de 1980. Este es el fin de la Constitución de la dictadura y el origen de una Constitución elaborada en democracia, con participación ciudadana, siendo la primera realizada de esa manera en la historia chilena. Eso nos debe llevar a valorar este momento constituyente, realizado sin un estado de excepción [12]. 

Claramente es necesario precisar aún cómo se desarrollará el ejercicio de la representatividad en la elección de los delegados de la Convención Constitucional, para que asegure la participación de la ciudadanía, limitando la cooptación que puedan desarrollar los partidos políticos, más allá de las actividades legítimas que puedan ejercer. ¿Se desarrollará a partir de la territorialidad, o a partir de la representación de distintas organizaciones de la sociedad civil, o una mezcla de ambas? ¿Tendrá cuotas de género y de pueblos originarios? ¿Se realizará, además de la reforma a la Constitución, que permita desarrollar los plebiscitos señalados, una al Artículo 13 de la Constitución [13], respecto de la edad de los ciudadanos, rebajándola, por lo menos, a los 16 años de edad? Todo eso está por verse. 

¿Es legítimo desconfiar de la “cocina” de la Clase Política Civil? ¿Qué pasa con eso del quórum de 2/3?

¿Tenemos derecho a desconfiar de la Clase Política Civil? Tristemente, sí. Por mucho tiempo nos han dado razones para desconfiar. La mirada instalada en el sentido común sobre la actividad política y de los partidos, no sólo responde al proyecto despolitizador llevado a cabo por la dictadura, sino que ha sido potenciado por este alejamiento de la sociedad civil, donde el pueblo ahora es gente (“gana la gente, Aylwin presidente”, decía el eslogan), y donde la política la construyen los expertos. Esa configuración elitaria de la política ha derivado en que los políticos profesionales sean entendidos, y lo que es peor, se entiendan, como una clase social distinta. Son los otros que no tienen criterio de realidad, porque no viven la realidad de la mayoría de la población. Súmese a aquello, la mirada desconfiada de las instituciones, dentro de las cuales los partidos políticos no gozan del prestigio y respeto ciudadano que antes tenían. Si a algo nos tiene que llevar esta crisis es a entender que los políticos profesionales no deben construir su identidad como otra clase social, y mucho menos, como una clase privilegiada. 

Pero desconfiar no significa satanizar. Y a mi juicio, referir a lo ocurrido en el Congreso Nacional como “cocina”, es del todo exagerado e injusto. ¿Por qué? Porque las reuniones que derivaron en un acuerdo consensuado en la madrugada del viernes 15 de noviembre, no se hicieron en una casa y en privado, sino en la sede del poder legislativo, con medios informativos presentes, en ese sentido, de cara al país. Pero además, porque mucho de lo acordado allí, puede ser entendido, por ejemplo, como resultado de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en la que participaron no sólo abogados constitucionalistas afines a las corrientes políticas con expresión en el Parlamento, sino también una serie de representantes de la sociedad civil. Esto unido al hecho, que quienes son parlamentarios, bajo la lógica de la democracia que nos rige, son también representantes legítimos de quienes se dieron el tiempo de participar en el último proceso eleccionario. Todo eso dota de legitimidad, dentro del cauce institucional, a lo realizado y que derivó en el acuerdo para una nueva Constitución. Yo preguntaría, ¿cómo se podría llevar a cabo un proceso constituyente sin consensos y sin institucionalidad ad hoc?

Quizá una de las cosas que más impacto ha causado del acuerdo es su punto 6: “El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio” [14]. ¿Es un problema el asunto de los dos tercios? En la actual Constitución, claramente lo es, porque funciona como amarre para que una minoría circunstancial opere con un poder de veto frente a cualquier instancia de reforma. Es el acto de contrición al que apela Jaime Guzmán en sus palabras, para que el sistema construido por la dictadura se mantenga en el tiempo, más allá de su fin como hecho político en marzo de 1990. Es la trampa de esta Constitución, en palabras del profesor Atria. Pero, ¿lo es en esta propuesta? El no es rotundo. Y la gran razón es que la Convención Constitucional comenzará su operación con una hoja en blanco. Y en una hoja en blanco, no hay veto. Esto posibilita la construcción de consensos, o en el peor de los casos (¿o en el mejor de los casos?), es que algunas propuestas de distintos actores sociales no tendrán expresión en la nueva Constitución, lo que conllevaría a que serán materia de ley en las que no operaría dicho quórum. Un grupo de treinta y cuatro abogados constitucionalistas ha señalado lo siguiente en una declaración: “De este modo, aquellas materias que no alcancen dicho piso no serán reguladas en la Constitución y quedarán entregadas al legislador. El quórum de la constituyente, en consecuencia, genera tres efectos: i. favorece un acuerdo político amplio, ii. excluye todo veto de los defensores de la actual Constitución, y iii. fortalece la discusión legislativa, una vez aprobada la nueva Constitución” [15]. En las palabras del mismo grupo, estos dos tercios operarían como un quórum “supermayoritario”, en vez del carácter “contramayoritario” que tiene en la Constitución de 1980. No tiene el carácter de trampa que se le ha dado en una lectura apresurada, sino el de una cancha muy amplia en la que se puede jugar. 

Claramente cada sujeto individual y colectivo tiene su propio horizonte de expectativas, lo que se traduce en la idea de una sociedad mejor según sus propios principios. En la Constitución esas ideas pueden tener cabida, pero sin olvidar que se trataría de la carta de navegación para toda la ciudadanía, y no para unos pocos. La Constitución tiene que ser construida con pretensiones de durabilidad, y para ello, no puede representar sólo a una mayoría contingente, y mucho menos a una minoría amparada en el poder de fuego de los institutos armados como ha sido en 1833, 1925 y 1980. La negociación, los acuerdos y los consensos, no son cuestiones negativas en sí mismas, sobre todo cuando se procura el esfuerzo de construir un país. Como diría Patricio Zapata, no se puede tratar de la imposición de una agenda, “sino que debe reflejar un acuerdo muy amplio que se constituya en marco más legítimo donde poder seguir debatiendo y dirimiendo democráticamente nuestras diferencias” [16]. La Constitución no debiese poner cerrojos a la democracia, sino abrir puertas para su ejercicio.

¿Qué cosas debiesen estar presentes en una nueva Constitución?

Claramente, esta respuesta es la más cargada de subjetividad de todas, y puede ser respondida según el campo de experiencias y el horizontes de expectativas de cada cual. A mi juicio, el próximo texto Constitucional debiese ser más breve que el actual y escrita en un lenguaje que sea entendido no sólo por abogados, sino por la ciudadanía toda. Brevedad y simpleza, facilitarían su apropiación. Sería ideal que la nueva Constitución tenga un preámbulo, que entregue una declaración de principios democráticos orientados al bienestar común y la justicia social, apegado al derecho internacional, con un reconocimiento de los derechos humanos como universales, inalienables e imprescriptibles, constituyéndose en el principio fundamental de dicho documento normativo. El estado debiese ser plurinacional, con reconocimiento del pueblo-nación mapuche, aymará y rapanui, además de posibilitar una real descentralización regional (debo reconocer, que una de las cosas que más me gusta de la propuesta liberal, es la del federalismo). El poder legislativo debiese conformarse en un Congreso unicameral, lo que facilita la reducción de parlamentarios, porque la idea sería mantener el número de la actual Cámara de Diputados, bajo el mismo sistema proporcional de elección, y eliminar el número de senadores. Debiese existir, también, la posibilidad de referéndum revocatorio, para tener el derecho de sacar de sus cargos a quienes no cumplan con el deber delegado por la ciudadanía a las autoridades públicas. Debiese producirse un marco que profundice la fiscalización de las Fuerzas Armadas y de Orden, para que el monopolio del uso de la fuerza no signifique atentados contra la población, sobre todo aquella que expresa legítimamente su protesta y proyecto político, y nunca más se ejecuten acciones que fisuren o, de plano, destruyan el sistema democrático del país. Debiese darse fin al COSENA, porque pone de facto a las FFAA y de Orden en una posición deliberante. 

Como protestante, me gustaría que la nueva Constitución señalara explícitamente la separación del estado y las organizaciones eclesiales, estableciendo desde una comprensión laica, la posibilidad que las religiones y quienes las suscriban puedan expresarse con libertad en el espacio público, sin limitar su acción a la esfera privada. La limitación de las imposiciones de actores religiosos no implica la limitación de la libertad de conciencia y de la acción social desde una cosmovisión que tiene correlato más allá de los muros de los templos. La fe, por definición, es pública. Es más, me asiste la convicción, que no existen libertades públicas si  la libertad de creer es negada o dificultada. 

¿Cuál es papel de la ciudadanía y de los movimientos sociales? 

La ciudadanía tiene un papel fundamental que cumplir en todo este camino. Ya lo ha tenido en todo este tiempo. Sin las masivas y persistentes manifestaciones sociales, y su capacidad organizativa y propositiva constatada en los muchos cabildos y asambleas organizados en el país, no estaríamos viendo el principio del fin de la Constitución hecha a imagen y semejanza de la dictadura. 

Por ello, es que creo que el mecanismo apropiado para la construcción de la nueva Constitución debe ser la Convención Constitucional (léase, Asamblea Constituyente), conformada por ciudadanos sin otro cargo público. Si hay algo maravilloso de esta coyuntura es que se ha explicitado que el estado no tiene sólo tres poderes como se nos ha enseñado, y como quienes desempeñamos la docencia en historia y ciencias sociales somos constreñidos a señalar por planes y programas, sino de cuatro poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y constituyente. Dicho poder constituyente, en su definición más simple, tiene la atribución de establecer o modificar la Constitución. Ese poder constituyente que la dictadura hizo que recayera en la junta de gobierno, y que fue derivado al Congreso con el amarre del quórum de dos tercios, hoy día, es necesario que vuelva a quien tiene por definición el poder en el sistema democrático, a saber, el pueblo. Dicho poder originario debería, en palabras de Jaime Bassa y Constanza Salgado, manifestarse de la siguiente manera: “La respuesta debe estructurarse a partir de ciertas premisas mínimas, entendiendo que: i) es el pueblo el titular del poder constituyente, ii) quien, considerando los intereses de todos, iii) ha de tomar la decisión fundamental acerca de su propia existencia a través de representantes que, luego de deliberar, decidan democráticamente” [17]. Es decir, la Convención Constitucional recibiría su poder derivado de quien tiene el poder constituyente originario, con la participación activa de la sociedad civil. Insisto, eso, por primera vez en nuestra historia, aunque hay una experiencia histórica, la de la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, truncada por el gobierno de Arturo Alessandri Palma, que debe ser valorada, evidentemente, desde una perspectiva crítica [18]. 

La otra posibilidad presentada en el acuerdo por la nueva Constitución, es la de una Convención Constitucional Mixta, en la que existiría la participación de  parlamentarios, siendo éstos un 50% de dicha instancia. Dicho sistema es legítimo y representativo, toda vez que sería refrendado por un plebiscito y porque los parlamentarios lo son por medio de una elección democrática. Pero dicha legitimidad y representatividad, puede y debe ser reforzada con señales mínimas: a) el seguir produciendo leyes de carácter social que beneficien a la mayoría de la población; b) el desarrollar comisiones investigadoras, que podrían derivar en juicios políticos a las autoridades responsables de las violaciones a los derechos humanos que hemos visto de agentes del estado durante este tiempo de amplia movilización; y c) reducir la dieta parlamentaria a la mitad, poner limitaciones a la reelección y producir un marco legal que facilite y acelere la investigación de casos de corrupción política y otorgue penas realmente ejemplificadoras, entre las cuales la cárcel sea una realidad, en un sentido igualador que acabe con la sensación de impunidad.

Para que todo esto sea desarrollado en un marco democrático, la sociedad civil debe conservar sus espacios de autoeducación y deliberación, por lo que, los cabildos, encuentros ciudadanos y/o asambleas, deben fortalecerse, más allá que no tengan un carácter vinculante, pues los delegados a la Convención Constitucional pueden nutrir y, aún más, pueden representar los acuerdos tomados en dichos espacios. Los movimientos sociales deben mantenerse activos y pujar por espacios de consenso en demandas que son transversales. El proceso constituyente no debe derivar en desmovilización, sino por el contrario, en organizaciones sociales que se movilizan activamente y acompañan este proceso con su crítica y proyectos históricos, de tal manera que sean un mecanismo de presión respecto de la acción de los actores políticos tradicionales. Si bien es cierto, los contextos son diferentes, el siguiente ejemplo requiere ser valorado en su dimensión histórica y política: ¿qué hizo que el Congreso Nacional aprobara en forma unánime la nacionalización del cobre en 1971, propuesta por el gobierno de Salvador Allende? ¿Qué hizo que sectores que no creen en el papel empresario del estado, y que tienden a la privatización de la actividad económica, votaran a favor de esta propuesta? ¿Qué hizo que eso fuese entendido de manera transversal como un acto que dignificaba lo nacional? Sin lugar a dudas, no fue sólo la acción inteligente de los partidos de la Unidad Popular o la acción de la Democracia Cristiana que facilitó dicho acuerdo, sino por sobre todo un movimiento social que tenía una acción colectiva masiva en las calles, que acompañó dicho proceso y presionó a las élites a actuar en concordancia con la demanda social. Las élites políticas no reconocerán nunca la educación, la salud, la previsión social y la vivienda como derechos sociales, si la sociedad está cómodamente esperando que otros actúen. La democracia es más que votar en un proceso eleccionario, es también organizarse con otros y proyectar un mejor mañana. 

Si la nación es una “comunidad imaginada” [19], con toda razón podemos imaginar hoy el Chile del presente y del futuro, entendiendo que, como diría Mario Garcés, “En contra de un sentido común dominante, nuestra historia política no es solo, ni mucho menos, la historia de los Estados, sino que la historia de las resistencias y alternativas de cambio que emergen una y otra vez desde la sociedad civil” [20]. 

Luis Pino Moyano.

 


 

Referencias Bibliográficas. 

[1] Humberto Nogueira (Coordinador). Manual de Educación Cívica. Educación para la democracia. Santiago, Editorial Andrés Bello y Corporación Participa, 1991, p. 112.

[2] Mario Garcés. El despertar de la sociedad. Santiago, LOM Ediciones, 2012, p. 96. 

[3] Véase: Gabriel Salazar y Julio Pinto. Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía. Santiago, LOM Ediciones, 1999, pp.13-123; Sergio Grez. “La ausencia de un poder constituyente democrático en la historia de Chile”. En: Tiempo Histórico. Revista de la Escuela de Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Nº 1, Santiago, 2010, pp. 15-35. 

[4] Sofía Correa et al. Historia del siglo XX chileno. Santiago, Editorial Sudamericana, 2001, pp. 323, 324. 

[5] Constitución Política de la República de Chile. Santiago, División Nacional de Comunicación Social, 1980, p. 10. 

[6] Eduardo Grünner. Las formas de la espada. Miserias de la teoría política de la violencia. Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2007, pp. 31, 39.

[7] Correa et al. Op. Cit., p. 325. Véase para profundizar: Fernando Atria. La constitución tramposa. Santiago, LOM Ediciones, 2013.

[8] Eslogan de campaña del candidato presidencial Joaquín Lavín en 1999. 

[9] Patricio Zapata. “La Constitución del bicentenario. Once tesis y una propuesta concreta”. En: Claudio Fuentes y Alfredo Joignant (editores). La solución constitucional. Plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos. Santiago, Catalonia, 2015, p. 165. 

[10] Gabriel Salazar. “La ‘solución constituyente’ como proceso histórico-social”. En: Ibídem, p. 97. 

[11] Constitución Política de Chile. Santiago, Galas Ediciones, 2016, pp. 34, 35. 

[12] Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. 15 de noviembre de 2019. Firmado por Fuad Chahín (Democracia Cristiana), Alvaro Elizalde (Partido Socialista), Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Catalina Pérez (Revolución Democrática), Heraldo Muñoz (PPD), Mario Desbordes (Renovación Nacional), Luis Felipe Ramos (Partido Liberal), Hernán Larraín (Evópoli), Javiera Toro (Partido Comunes), Carlos Maldonado (Partido Radical) y Gabriel Boric (¿…?). 

[13] Constitución Política de Chile. Op. Cit., p. 22. 

[14] Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Op. Cit.

[15] “Más de 30 abogados constitucionalistas explican controversias por quórum de 2/3 en acuerdo para una nueva Constitución”. En: El Desconcierto. 17 de noviembre de 2019. http://www.eldesconcierto.cl/2019/11/17/mas-de-30-abogados-constitucionalistas-explican-controversias-por-quorum-de-2-3-en-acuerdo-para-una-nueva-constitucion/ (Consulta: noviembre de 2019). 

[16] Zapata. Op. Cit., p. 173. 

[17] Jaime Bassa y Constanza Salgado. “Bases constitucionales del proceso constituyente II: Principios y mecanismos para una asamblea constituyente”. En: Fuentes y Joignant (editores). Op. Cit., p. 257.

[18] Véase: Sergio Grez. “La asamblea constituyente de asalariados e intelectuales Chile, 1925: Entre el olvido y la mitificación”. En: Revista Izquierdas. Nº 29, Santiago, septiembre de 2016. http://scielo.conicyt.cl/pdf/izquierdas/n29/art01.pdf (Consulta: noviembre de 2019).

[19] Benedict Anderson. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2006.

[20] Garcés. Op. Cit., p. 46. 

* Agradezco a Fernando Salas, por su aporte en la mejora de este artículo. 

 

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