La Lista del Pueblo: su agonizante destrucción de lo político.

El espectáculo brindado de un tiempo a esta parte por la autoproclamada “Lista del Pueblo”, especialmente por sus élites, ha estado cargado de un tinte tragicómico, propio de una política analfabeta que se centra en lo performático y en el imaginario, al modo de una publicidad de productos que satisfacen la necesidad de consumir. La pregunta cae de cajón: ¿cuál es el producto que se intentó poner a disposición? Y la respuesta es sencilla: proveer de un nuevo referente de izquierdas, por supuesto, más de izquierda que los otros existentes, compuesto efectivamente por el “pueblo” y no por sujetos corrompidos por la política institucional y/o tradicional. 

Para lograr su objetivo (auto)promocional, no han dudado en asumir el tono de las asambleas universitarias, donde los que gritan son los que ganan y donde la propuesta más radical -por irreal que sea en contenido y forma de aplicación- es la verdad verdadera que se opone al amarillismo. Por ello, toda posibilidad de lograr consensos es pensada como una transacción, o en la lengua que les es propia, una cocina. Y, quizá, dentro de lo más antiético y antiestético, esté la legitimación de una serie de actos de matonaje, entre ellos el vivido por el candidato presidencial Gabriel Boric, quien carga con el letrero del rey de los amarillos por firmar el acuerdo de noviembre de 2019 y dar su apoyo a una ley conocida como “antibarricadas”, claro está, sin que los sesudos críticos de las redes sociales ad hoc pudiesen diferenciar aquellos artículos que sancionaban delitos como los saqueos e incendios, o los daños provocados a bomberos e instituciones de salud. El uso mañoso de la información, en este caso, trae el rédito de la pureza. Como objeto de consumo, la “Lista del Pueblo” sería un producto de fina selección. 

Pero es aquí donde se hace manifiesto un problema de origen y estructural de este producto performático: el purismo choca con su tendencia al divisionismo -siempre hay más puristas dentro de los puristas- y, porque cuando la expectativa no se condice con la experiencia, el efecto del discurso moral se desinfla. Y en el tiempo presuroso de la política en un momento constituyente, dicho problema se ha manifestado con esos dos alcances. Por un lado, han buscado presentar un candidato a la presidencia de la República, comenzando por Sharp, pasando por Cuevas y terminando en el fiasco de la candidatura de Ancalao. El “divide y vencerás” tradicional, se vive como si el sistema binominal nunca se hubiese acabado en Chile, puesto que en dicho formato la competencia electoral más feroz es con el “amigo”. La “Lista del Pueblo” ha adolecido de dos de los estigmas más lacerantes de las izquierdas en Chile: por un lado, ese realismo mágico que lleva a confundir retórica con realidad y, por otro, esa tendencia de incapacidad de generar alianzas que no se peleen por el punto y la coma. La experiencia de fracasos y derrotas de este sector de lo político debiese servir de algo a estas alturas. Pero para coaliciones como la “Lista del Pueblo” el pasado y el futuro no son tema. El puro presente importa. No hay historia y no hay proyecto, ergo no hay real y concreta voluntad de poder. 

El moralismo también ya ha perdido su fuerza. Comenzando por ese procedimiento electoral estilo reality show con un proceso de selección en el que una comisión elegida a dedo dictamina si el sujeto es candidato o no, a pesar de la pontificación contra la “cocina”. Es fácil y populachero gritar “el pueblo unido avanza sin partidos”, para luego “pasar máquina” e instrumentalizar en torno a un mero sentido de popularidad. Con ese mismo moralismo, la convencional Elsa Labraña grababa, o transmitía en un live, a Fernando Atria, cuando éste explicaba por qué la Convención no tiene facultades para cambiar el quórum de 2/3 y, junto con ello, por qué se oponía a los plebiscitos dirimentes tal y como fueron propuestos como idea linda pero sin aterrizaje. Y para qué hablar del espectáculo tragicómico del casi-candidato Diego Ancalao, quien presentó 23.135 partrocinios de su candidatura con firma y timbre de un notario fallecido en febrero de este año y cuya notaría había cerrado en 2018. Y sí, adivinaron, no hubo autocrítica, sólo anuncios de querellas contra Ancalao y perdón por un acto del que no serían responsables, cuando lo que habría que hacer es cerrar la puerta por fuera. Precisamente, para eso sirven los partidos políticos: organizar en torno a proyectos y no por panfletos o consignas. Aquí, en la “Lista del Pueblo”, ¿quién renuncia o pone su cargo a disposición? ¿Quién se hace cargo del mecanismo elegido para designar al candidato? ¿Quién organiza el proceso autocrítico que conduzca al establecimiento de una nueva estrategia? La responsabilidad individual y colectiva brilla por su ausencia. 

El divisionismo y el moralismo serán las palas con las que se cave la tumba política de la “Lista del Pueblo”. Quisieron destruir lo político y la política, en su sentido deliberativo y de producción de pensamiento crítico, les está dejando a la vera del camino por la vía desmembramiento, del “fuego amigo” y de la incapacidad de entender lógicas procedimentales claramente establecidas. Aquí no hay derrota, sino fracaso. La “Lista del Pueblo” ha fracasado con todo éxito, a tal nivel, que como no hay revolución Saturno no se devoró a sus propios hijos. No fue necesario. 

A quienes sobreviven de la “Lista del Pueblo” decirles que ya no es el tiempo de hacerse cargo de su banalización de la idea de “pueblo” y su negación de lo político, del componente estratégico que subyace al concepto, y que se hayan apoderado de un momento de nuestra historia reciente -el octubre chileno- vaciado de su épica, opacando su diversidad, imponiéndole la burka de la seriedad de la muerte que sólo se queda con la indignación. Ya no tiene sentido pensar en la durabilidad de dicha coalición, que emergió como un instrumento para la llegar a la Convención Constitucional y no para otra cosa. En lo que se debe pensar, particularmente sus convencionales, es en no perder de vista la alta labor que el pueblo les delegó: la tarea de construir una nueva Constitución que es la salida institucional de la crisis y la puerta abierta a un Chile democrático sin las sombras del autoritarismo. No sé si estarán dispuestos a cargar con la mochila del fracaso de dicha instancia a costas de su irresponsabilidad y falta de creatividad transformadora. 

Luis Pino Moyano.

Religión y proceso constituyente.

El 7 de agosto el pastor y convencional constituyente Luciano Silva compartió un vídeo en sus redes sociales en el que manifestó su preocupación ante la imposibilidad de colocar la “bandera cristiana” en la antigua sede del Congreso Nacional, lugar en el que sesiona la Convención Constituyente. En dicho lugar, han sido enarboladas las banderas del país, de los pueblos originarios representados en la Convención, del movimiento que aglutina a las diversidades sexuales y del feminismo. Estos emblemas estarían ahí, en palabras de la presidenta de la Convención Elisa Loncon, según el testimonio de Silva, por “criterio regional, de paridad y de diversidad”. Hasta ahí, la argumentación podría ser atendible. Pero, según las palabras de Silva, Loncon habría señalado que no le gusta el cristianismo “por ser una religión colonizadora”, razón por la cual la bandera cristiana no sería instalada en la sede de la institución que elabora la carta fundamental para el país [1].

Lo más interesante de la argumentación de Silva es cuando plantea que no ha existido igualdad de trato, toda vez que la colocación de 27 banderas se había realizado en el contexto de la celebración del primer mes de funcionamiento de la Convención la que se amalgamó con la ceremonia ancestral pawa en agradecimiento a la Pachamama. En dicha ceremonia religiosa hubo ofrendas, música y rondas en las que convencionales danzaron con sus manos tomadas [2]. A dicha celebración, se suma todas las ocasiones en las que la machi Francisca Linconao ha recibido un trato discursivo diferenciado en la que se le reconoce como “autoridad ancestral”. En dicho sentido, intramuros de la sede política de la Convención Constitucional han existido ritos religiosos de espiritualidades diversas, en las que la fe cristiana no ha tenido cabida. 

¿Pero esta situación da para pensar, ocupando las palabras de Silva, en un acto de “violencia” y/o “discriminación”? En relación a esta problemática, aparecieron en El Mercurio dos cartas del 8 y 9 de agosto, firmadas por el sacerdote Enrique Opaso y por Manfred Svensson, respectivamente. El sacerdote Opaso, mencionando el 70% cristiano -católicos y protestantes- de la población nacional y la alta mayoría de creyentes de dicha fe en el pueblo mapuche (dato también mencionado por Silva en su vídeo), señala que “Esto es una cancelación al cristianismo. Si yo estuviera ahí (no me dejaron), habría reclamado con fuerza porque esto es intolerable” [3]. Si bien es cierto, Svensson hace alusión a las palabras de Silva en su vídeo, como a la carta de Opaso, su reflexión tiene otro cariz, pues se detiene en el aspecto simbólico y su correlato empírico en la discusión política. Para el filósofo habría un acto de diferenciación entre una diversidad y otra, haciendo una digna de exhibición en tanto tiene una valoración de bondad. Dice: “Esto es preocupante, pues las controversias sobre los símbolos adelantan el tono para cuando se entre a  discusiones sustantivas”. Más adelante señala: “decir que los símbolos a exhibir se restringen a los laicos es particularmente dudoso, en un momento en que se suele reivindicar lo mapuche no solo como cultura, sino también como cosmovisión” [4]. 

En otra sintonía, pero también en clave de reacción frente a un acto discriminatorio, es la carta elaborada por un comité de redacción conformado por pastores y obispos que cuenta con la firma de mil cuadros pastorales de diversas denominaciones evangélicas. En ella señalan que es un trato contradictorio y discriminatorio referir al cristianismo como una religión colonizadora, argumentando que: “las religiones no colonizan sino mas bien los estados y los pueblos. Las religiones y espiritualidades transmiten sus cosmovisiones de vida para que estas sean aceptadas o rechazadas libremente. Segundo, consideramos extremadamente ideológica tal respuesta, porque además menoscaba el libre juicio y voluntad del 96% del pueblo mapuche que actualmente profesa el cristianismo ya sea católico o evangélico y que, dicho sea de paso, tampoco estarían representados en su credo en esta convención constitucional. El pueblo mapuche que cree lo mismo que la presidenta, son el 3,6%” [5]. Luego, desde un perfil histórico, argumentan que el protestantismo no estuvo ligado a la empresa conquistadora y colonizadora de España, que además fue perseguido por la religión mayoritaria y que ha hecho un tremendo aporte a la sociedad desde distintos frentes. Por todo ello, plantean que “El no aceptar que en la diversidad de esta Convención esté representada nuestra fe en el símbolo de la bandera cristiana, sería una señal negativa de cara a las discusiones que se darán en torno a libertades tan importantes como lo son la libertad de culto, expresión y conciencia. Recordamos que la nueva Constitución debe ser la casa de todos y cada símbolo en la convención es de suma importancia” [6]. La carta es firmada por una organización llamada “Plataforma Evangélica Nacional” (PLENA), cuya directiva está conformada por los obispos José Rivas, Héctor Cancino, Roberto López, y por los pastores Julio Menéndez y José Luis Uriel. Además es firmada por Alfred Cooper, representante protocolar de las Iglesias Protestantes y Evangélicas, y por Daniel Anabalón, capellán en el Palacio de La Moneda. A eso se suman otras firmas. 

Ante todas estas lecturas, me permito elaborar unas reflexiones sobre la representatividad del símbolo, el clericalismo, lo laico y su relación con la religión, y el debate “discriminación”/“preocupante”. 

Sobre la representatividad del símbolo, no puedo dejar de decir que soy evangélico desde los siete años y en todo ese tiempo (¡32 años!) he visto en sólo tres lugares colocada esa bandera: el colegio de mi infancia, el Instituto Bíblico Nacional y en una iglesia presbiteriana. En mi niñez asistí a la Iglesia Evangélica Pentecostal, de cuyos himnarios la palabra “cruz” fue mayoritariamente expoliada (probablemente, para marcar su diferencia con el catolicismo romano y/o con la Iglesia Metodista Pentecostal), por lo que raramente un símbolo de una bandera que la posea puede ser representativa de ella. En la Iglesia Pentecostal Naciente, de la que fui miembro en plena comunión por quince años, nunca se usó, y había una bandera antiquísima de colores blanco y celeste, con un sol y una espada, sumado a los estandartes de cada iglesia local. En la Iglesia Presbiteriana de Chile, de la que soy miembro desde 2010, su símbolo es una cruz celta con otros símbolos en sus cuatro costados. He asistido en todos estos años a actividades de carácter interdenominacional, eclesiásticas o paraeclesiales, y no he visto flamear la bandera como un símbolo preponderante. Por lo tanto, reconociendo su existencia que data de 1897 de la mano de Charles Overton, y habiéndola visto en los lugares mencionados, junto con reconocer la legitimidad y validez que pueda tener para otros creyentes, entenderla como un símbolo distintivo del cristianismo me parece excesivo. Es probable que para los católicos la bandera albiamarilla del Vaticano sea más representativa y no la que ha enarbolado Silva y otros hermanos después de su vídeo de denuncia. A su vez, como muy bien señala Svensson en su carta, esta reclamación pareciera ser más un síntoma de añadirse al “clima de políticas de reconocimiento” [7], en el que no somos más que una identidad en medio de otras, perdiendo nuestra cualidad de una fe, cosmovisión y sentido de la vida omniabarcante. 

Además, no deja de llamarme la atención, el marcado clericalismo de la declaración de Silva, cuya reacción más directa es la carta firmada por obispos y pastores. De hecho, su vídeo comienza con la alusión “Queridos pastores”, a los que se les invita a firmar una solicitud de parte del mundo evangélico. Sí, “mundo evangélico”, en singular. No deja de ser relevante que evangélicos quieran participar en el espacio público y en la esfera política, pero tan preocupante como la ausencia del símbolo “bandera cristiana”, debiese ser el excesivo protagonismo de “pastores evangélicos”, como depositarios de una representatividad que sus iglesias no les han dado para sus fines, y por ende, tampoco un mundo evangélico unívoco inexistente. Silva que no está ahí por su labor de pastor -la que no ha sido puesta en receso para no producir confusión de esferas-, sino por un mandato dado por la ciudadanía de su distrito que le votó como candidato de Renovación Nacional. Tampoco deja de llamar la atención el comunicado de pastores y obispos evangélicos la misma semana de la conformación de un “Frente Social Cristiano” y su alianza con el candidato José Antonio Kast, en un bullente tiempo político. Sobre todo en nombres que se repiten en la búsqueda de cuotas de poder desde el mundo evangélico, no hay nada al azar, no hay puntada sin hilo. Y así y todo, en su denuncia se les pasa por alto que las banderas fueron puestas en un acto religioso en el que la fe cristiana no sólo no tuvo cabida, sino de la cual muchos creyentes cristianos, voluntariamente, no habría querido tenerlo. ¿O un evangélico o evangélica, cuyo símbolo más relevante es una Biblia leída, memorizada y amada, habría participado de una ceremonia religiosa que no forma parte de su fe, la que mínimamente podría haber sido denominada de idolátrica? Yo no habría participado.

A mi juicio, el tema más relevante, e insisto, el mejor expuesto por Silva, es el tema del estado laico y su relación con la religión. El estado laico, por definición, busca que todas las ideas, incluidas las religiosas, circulen y se expresen libremente en la sociedad, siempre y cuando se hagan con respeto de la diversidad y sin poner en riesgo la integridad de la persona humana. El estado laico se diferencia del estado confesional, y el laicismo secularizador o ateo, es confesional, pues niega el papel de lo religioso en el espacio público, relegándolo al fuero interno o prohibiéndolo como en los regímenes totalitarios. Quienes son convencionales constituyentes y suscriben la fe cristiana en sus diversas expresiones no pueden ni deben dejar su visión del mundo y de la vida cuando discuten políticamente, porque su fe tiene un ethos de quienes caminan en el mundo y buscan su transformación por la predicación del evangelio, pero también, por medio del testimonio en la práctica y en el trabajo. Y aunque les guste o no a algunos sujetos políticos, y sin negar los ejercicios opresivos y colonizadores de cristianos en el pasado o en el presente, eso no obsta para decir que el cristianismo fue el que construyó el camino para que las sociedades occidentales reconocieran la dignidad humana, la libertad de conciencia en el marco comunitario, la profunda relación entre derechos y deberes (presente, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos), la noción de una justicia universal, etcétera. Y sí, mientras conquistadores arrasaban a sangre y fuego a nuestros pueblos, también se alzaba la voz de Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos, junto con la acción de órdenes religiosas en sus misiones en las que las comunidades indianas eran respetadas y protegidas. Definir el cristianismo como colonizador es negar la base del único derecho social que el “Otro Indio” tuvo en la región. Ese papel político de larga data del cristianismo no desaparecerá de la noche a la mañana y tiene que ser respetado, sobre todo, en una instancia que busca construir el marco que constituirá la vida en la polis. 

Por ello, no creo que lo vivido sea un acto de violencia o discriminatorio, pero sí preocupante. Las palabras duras no rompen huesos. Elisa Loncon habría actuado, según el testimonio de Silva, con una parcialidad que su cargo no le provee, no por la ausencia de la bandera, sino por su alusión al cristianismo. Es preocupante, que dicha visión se traslape a otras discusiones, de las cuales la fe cristiana, en tanto cosmovisión y sentido de la vida, tiene mucho por decir y hacer. Es preocupante también, que por finalidades políticas se intente señalar que en actos como el referido y denunciado, se estaría intentando conculcar la libertad de culto. Eso oculta o ignora -ambas situaciones revisten gravedad social- que el Art. 135 de la Constitución, que forma parte de la reforma que regula el proceso constituyente, señala: “El texto de la Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutorias y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” [8]. Dentro de los tratados internacionales, está el derecho internacional, en el que destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala en su Art. 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia” [9]. Por ende, la nueva carta fundamental no puede poner en detrimento dicho derecho, a lo más, podría construir una redacción que enfatice más en la libertad individual dentro del marco privado. Eso es preocupante. Pero no nos debe llevar a la victimización, propia de minorías y de quienes anhelan el protagonismo escénico, imaginando universos conspirativos que son fruto de la ociosidad. Chile tiene una tradición constitucional que debilita cualquier imagen escatológica refundacional.

Para quienes suscribimos la fe cristiana el proceso constituyente debería llevarnos a observar críticamente, a trabajar desde los lugares que nos toca colaborando en la redacción de una “casa para todos y todas” en el país, afirmando nuestros principios bíblicos y, por sobre todo, manteniendo la cordura y la templanza, la mansedumbre y la inteligencia. Todo eso, acompañado de la oración, inclusive por quienes piensan distinto de nosotros. 

Queda mucho por hacer. 

Luis Pino Moyano.

 


[1] Canal de Youtube de Luciano Silva. “Banderas en la constitución”.

[2] “Convención realizó ceremonia ancestral pawa para conmemorar su primer mes de funcionamiento”. En: CNN Chile. 4 de agosto de 2021. 

[3] P. Enrique Opaso Valdivieso. “Una ‘cancelación’”. En: El Mercurio. 8 de agosto de 2021. 

[4] Manfred Svensson. “Símbolos compartidos”. En: El Mercurio. 9 de agosto de 2021. 

[5] “Más de mil obispos y pastores evangélicos envían dura carta a Loncón por excluir bandera cristiana: ‘Es discriminatorio y violento’”. Sitio web Ex-Ante. 

[6] Ibídem. 

[7] Svensson. Op. Cit. 

[8] Constitución Política de la República de Chile. Edición Histórica (editada por Jorge Arancibia Mattar). Santiago, El Mercurio y Universidad de Los Andes, 2020, p. 77.

[9] “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”. En: Sitio Web de la ONU. 

 


Edición posterior.

Con fecha 30 de agosto de 2021, la Mesa de la Convención Constitucional respondió a la misiva de los pastores, de la cual presenté mi análisis, manifestando un acto reparatorio, en un gesto al diverso mundo cristiano y en particular al sector protestante. Este gesto augura la posibilidad de una casa para todos y todas en Chile, que es lo que esperamos del proceso constituyente. 

 

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Crónica de un día histórico: Inauguración de la Convención Constitucional (4 de julio de 2021).

Hoy fue uno de esos días densos en términos del tiempo histórico y cargados de historicidad. Denso, pues es imposible hablar de este, nuestro 4 de julio, sin pensar en el 18 de octubre de 2019, el día del reventón social, ese que supuestamente nadie vio venir y que hizo que $30 sonaran a treinta años. Es imposible dejar de pensar en el 25 de octubre de ese mismo año, en el que gentes de distintas edades, clases sociales, convicciones políticas y hasta clubes de fútbol coparon la Plaza Italia, en un número de un millón doscientas mil personas, a las que habría que sumar miles y miles en las calles de distintas ciudades del país. Tampoco se puede dejar de pensar en la madrugada del 15 de noviembre de 2019, día en que en la antigua sede del Congreso Nacional se firmó el “Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución”, en la que fuerzas de distinto signo concordaron en que la escritura de una nueva carta fundamental sería la salida institucional de la crisis política; y por supuesto en la que el 78% de quienes votaron aprobaron que se redacte una nueva carta fundamental y que dicha tarea recayera en una Convención Constitucional. 

Pero el hito de hoy no sólo tiene relación con hechos susceptibles de ser vistos en el tiempo corto. Es imposible no conectarlo con el golpe militar de 1973 y su institucionalización constitucional en 1980, perpetuada con pequeñas dosis democratizadoras en el fin de los enclaves autoritarios en el hito de 2005, que no finalizó la Transición (ojo expresidente Lagos). Y eso, tampoco puede ser desconectado de 1833 y 1925 en los que se promulgaron textos constitucionales, con los militares siendo parte del gobierno y con el Congreso Nacional cerrado, en una marca autoritaria de nuestra república. También tiene relación con las luchas de las mujeres por sus derechos civiles que hizo que pudieran votar y ser elegidas, conquistado para todos los procesos electorales en 1949. No se puede dejar de pensar en el movimiento estudiantil, sobre todo el de 2011, que articuló una noción de derechos sociales convertidos en mercancía bajo la lógica neoliberal. Y hoy, más que nunca, es imposible dejar de pensar en la mal llamada Pacificación de la Araucanía que comenzó en 1861, pero que produjo todo su arrasamiento a sangre y fuego especialmente entre 1881 y 1883. Es la larga jornada por una sociedad en la que todos/as tenemos los mismos derechos, somos reconocidos/as como personas humanas, parte de un mismo país y, a la vez, con mucha diversidad que debe ser reconocida en un marco pluralista. Toda esa mochila es la que está en los hombros de la Convención Constitucional. 

El día, nuestro 4 de julio, comenzó en diversos puntos de la capital y la marcha de distintos/as convencionales hacia la antigua sede del Congreso Nacional. Cuando ya lograron estar dentro de ese hermoso edificio, y se estaba a punto de comenzar la sesión, cuando convencionales comenzaron a gritar “¡No más represión, no más represión!”. Esto, porque comenzaron a recibir imágenes y vídeos de actos que podrían recibir dicha significación. En medio se comenzó a cantar el himno nacional. Muchos gritos, una discusión destemplada de Elsa Labraña con, una hasta entonces desconocida, Camen Gloria Valladares. El “¡para, para!”, al parecer no causó tanto efecto como el diálogo imperceptible por el audio televisivo de Patricia Politzer, y quien presidía la reunión tomó la iniciativa de suspender la sesión momentáneamente para informarse de lo que estaba pasando fuera del edificio. Todo este bochorno, puso sobre la mesa la falta de previsión política de quienes organizaron la sesión por no hacer el gesto de consensuar un protocolo para los ritos republicanos de esta sesión inaugural, sumado a un entendimiento de la autoridad por algunos/as constitucionales que harán bien en no perder de vista la alta labor que el pueblo les delegó. El poder originario delegado por el soberano a los convencionales es para la nueva carta fundamental y no para otra cosa, por lo que cada cosa que dicen y hacen tiene consecuencias políticas. Dicho eso, Fuerzas Especiales tiene un historial de excesos a la hora de ejercer el control social, lo que pudo detenerse con el actuar de una comitiva de convencionales que salió de la sede para dialogar con manifestante. Es que las formas represivas del orden público no deben formar del Chile por venir. Allí se constató un exceso del uso de la fuerza y también, huelga decirlo, el actuar de manifestantes que iban a romper con todo, porque quienes están dentro de la Convención serían “amarillos”, “vendidos” y otra serie de epítetos moralistas pseudorrevolucionarios. Y ahí, quienes somos partidarios/as de una nueva Constitución tenemos la responsabilidad de apoyar y, a la vez, cuidar el proceso. 

Quiero decir algo del evento “himno nacional”. A mi me gusta la letra escrita por Eusebio Lillo, quien fuera miembro de la Sociedad de la Igualdad y llegara a ser ministro de José Manuel Balmaceda, y que preserva el coro escrito por Bernardo Vera y Pintado. Ese himno dice cosas bien importantes que un país como el nuestro no debiera olvidar, inclusive en esa estrofa que tuvimos que aprender en los años grises, porque “lo sabrán nuestros hijos también” y las luchas de personas dignas pueden hacer “siempre al tirano temblar”. Pero no lo veo como un instrumento religioso al que se le falta el respeto. No hay un acto sacrílego, pues además su disrupción no tuvo dejos de iconoclasia sino el reclamo por una realidad que le excedía. No obstante, me dio pena por dos razones: a) que se utilice el himno para romper discusiones, pues no estaban las condiciones para comenzar la sesión; y b) por la orquesta de niños/as y jóvenes que lo entonó, pertenecientes a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, porque personas adultas no tuvieron en cuenta su condición de responsables ante personas que son menores de edad. Me encantaría que la Convención les desagraviara y les permitiera tocar el himno, el que a pesar de la disrupción se notó musicalmente bien ejecutado. 

Y así es como me acerco a las líneas finales de mi crónica, en la que no puedo dejar de destacar a dos mujeres que se robaron la película. Por un lado, la abogada Carmen Gloria Valladares quien se merece nuestro respeto y reconocimiento por su moderación. Si hoy se pudo iniciar y llegar a buen puerto la sesión, mucho tiene que ver con su papel. Escuchó, no se destempló, esperó el tiempo apropiado, condujo la ceremonia con parsimonia, en el ritmo de la democracia y con la cadencia solemne del republicanismo olvidado. Ella con sabiduría y firme ternura tomó la república sobre sus hombros y coadyuvó a que todos/as recordaran su papel histórico. Y la otra gran mujer es la presidenta de la Convención Constitucional: Elisa Loncon Antileo, Doctora en Humanidades de la Universidad de Leiden y Doctora en Literatura de la PUC, reconocida en los campos académico y social, que hizo un discurso sólido respecto del nuevo Chile que se vislumbra: uno democrático, plural, justo y armonioso, que rompa con la herencia dictatorial. Y no puedo dejar de decir que me corrió una lágrima, cuando al inicio, comenzó su alocución en mapudungun, lengua del mismo pueblo expoliado por las élites que albergaron esa sede parlamentaria en el pasado. Ese saludo, “Mari mari pu lamngen, mari mari kom pu che, mari mari Chile mapu […]”, tiene una carga simbólica y política que no puede ser sólo abordada desde una fría racionalidad política. Loncon dijo, en su saludo a los niños que estaban escuchando: “Se funda un nuevo Chile: plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución”. Más adelante, vino la elección de Jaime Bassa como vicepresidente, abogado constitucionalista, quien dijo en su discurso que “La paz social tiene un costo, y es justicia”. 

Durante el desarrollo de este hito inaugural estuve siguiendo lo que se decía en las redes sociales. Y noté que muchas personas, ya sea de sensibilidad de derechas o que se sienten alejadas de lo que se vive en el proceso constituyente, se quedaron con la impresión del ambiente disruptivo de la mañana. Y es ahí que creo que la imagen que puse al inicio de esta crónica, tiene una fuerza representativa que es un lente que permite entender el acto republicano de nuestro 4 de julio. Esto, toda vez que los acontecimientos y procesos históricos se evalúan por sus antecedentes, inicio, desarrollo, fin y con lo que deviene a partir de ellos. Si te quedas con la visión del inicio y no viste el cierre, tu lectura será corta en términos analíticos. Pero esta imagen muestra el cierre del hito inaugural: un minuto de silencio respetuoso y cada uno con sus muertos en la memoria. Esa imagen blinda una opción de “escepticismo esperanzado”. Visibiliza la política con mayúsculas, aquella que pone sobre la mesa sus ideas con respeto democrático. Y ahí vuelvo al inicio: este día está cargado de historicidad, que no es otra cosa que la capacidad que tienen los sujetos de hacer historia. Y sin lugar a dudas, cuando se va a construir una casa para todos y todas en democracia se está haciendo historia. ¿Cómo será aquello? No sé. Pero si el cauce democrático se mantiene, y más allá de las limitaciones de cualquier producto humano, será mejor de lo que hemos tenido en doscientos años de vida republicana. 

Luis Pino Moyano. 

Lo que se viene para el proceso constituyente a partir de los resultados electorales.

En menos de un año hemos visto el aterrizaje institucional del momento constituyente inaugurado la madrugada del 15 de noviembre de 2019. Ese día hubo un acuerdo amplio “por la paz social y la nueva Constitución”. Nunca debe olvidarse que este proceso se encuentra enmarcado en una alternativa política e institucional de salida a la crisis social que reventó en octubre de 2019. ¿Por qué hablo de menos de un año entonces? Principalmente, porque los procesos eleccionarios vividos el 25 de octubre de 2020, y los días 15 y 16 de mayo de 2021, han concretizado la propuesta en una institucionalidad clara. La ciudadanía que participó del plebiscito de entrada señaló en un 78,28% su deseo de una nueva Constitución y en un 79% que el órgano constitucional que la redactara fuese una Convención sin participación de parlamentarios/as. A partir de los datos de esta última elección se desprende que el órgano constitucional:

· Estará conformado por 37 convencionales de “Vamos por Chile”, 28 convencionales de “Apruebo Dignidad”, 25 convencionales “Del Apruebo”, 26 convencionales “Del Pueblo”, 11 convencionales “Independientes por una Nueva Constitución”, 17 convencionales de pueblos originarios y 11 convencionales independientes fuera de pacto. 

· Tiene diecisiete escaños para los pueblos originarios, quedando representados por siete mapuches, dos aymarás, y por un kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango. 

· Tiene criterios de paridad, pues está conformada por 78 hombres y 77 mujeres, situación inédita en relación a otros procesos constituyentes. 

· Respecto de las actividades profesiones y/o labores de los/as convencionales se desprenden diversas áreas: derecho, pedagogía, ingeniería, periodismo, psicología, actuación, ciencias, medicina, sociología, diseño, trabajo social, politología y un largo etcétera. Me encanta saber que hay un mecánico automotriz y una machi (aunque no comparta la cosmovisión espiritual mapuche). 

· Tiene criterios paritarios incluso en relación a los colegios donde estudiaron. De 132 convencionales que proveyeron ese dato, 49 estudiaron en colegios públicos, 40 en colegios subvencionados, y 43 en particulares pagados. Este dato rompa con el tramado de la “fronda aristocrática” que caracteriza a la política nacional. 

¿Qué nos dicen todos esos datos?

a) En primer lugar, que la futura Constitución Política de la República de Chile no sólo será la primera hecha en un contexto democrático en más de doscientos años de vida republicana, con vigencia del Estado de Derecho, sino que además en un marco pluralista. Visiones de sujetos que no han participado tradicionalmente en la política chilena estarán allí, lo que rompe, en primer lugar con la hegemonía de los ingenieros comerciales en todas las áreas de creación de políticas públicas, por sesgo neoliberal y, además, porque rompe con el relato de ciertas personas que votaron “Rechazo” en octubre del año pasado y otras personas más escépticas, respecto de la calidad de la futura Constitución, pensando que personas escasamente capacitadas serían parte de la Convención. Esto último, denota el clasismo chileno dado por instituciones de origen y profesiones y, así también, ignorancia toda vez que existe una Comisión Técnica designada de manera paritaria por fuerzas oficialistas y de oposición con representación en el Congreso Nacional que asegurará la calidad del texto. En otras palabras, sólo la “mala leche” puede llevar a decir cosas como esa. 

b) Lo otro que nos dicen estos datos es que ninguna de las listas y pactos tiene mayoría en la Convención Constitucional, por lo que no sólo queda por determinar los cargos al interior de dicho órgano, sino también la conformación de alianzas. Con claridad, la derecha no tiene el tercio, pero eso no dice tanto, pues está por verse cómo se comportan las fuerzas provenientes de la Exnueva Mayoría y las del Frente Amplio, de lo cual ya tenemos una fotografía del momento con la inscripción de las primarias. Por otra parte, cómo actuarán los/as independientes es una interrogante de suma importancia. Independiente no significa que no tengan opinión política o que no participan de organizaciones sociales, sino que no forman parte de partidos políticos que es la institución clásica para la discusión en la polis, por lo que no reciben órdenes de dichos conglomerados. Está muy de moda la idea de los “mínimos comunes” en la contingencia política, pero quisiera ocuparla de una manera más adecuada. Esta constitución tiene que ser mínima. No todas las ideas pueden transformarse en materia constitucional, porque la Carta Fundamental no es la panacea a todos los problemas del país. Las fuerzas que optaron por aprobar debiesen dar una muestra de grandeza política al concretizar una carta de navegación y un fundamento para la vida pública que genere identificación a toda la ciudadanía del país. Una “casa común” en la metáfora de Patricio Zapata. Y para ello, los espectáculos estilo “Torre de Babel” vistos hace unos días atrás de parte de las fuerzas de oposición, lo único que harían es construir un reino propio, alto y famoso, pero con idiomas tan diferentes que la dispersión sería el único camino posible. El éxito del proceso no está hoy en manos del tercio que podía vetar los cambios, sino en aquellas fuerzas que se entienden como mayoría, pero que no necesariamente lo son. 

c) Algo que no nace de los datos ni tiene relación total con la Convención Constitucional, tiene que ver con las fuerzas políticas que se visibilizan en cargos públicos como gobernadores, alcaldes, concejales, y presidente, senadores y diputados elegidos y por elegir. Por ejemplo, la Democracia Cristiana tuvo un solo militante junto a un independiente en su lista elegidos como convencionales. Eso podría hacer pensar en la muerte de dicho partido. Si bien es cierto, la DC no tiene la fuerza que tuvo en los años sesenta e inicios de los setenta y, luego, durante los dos primeros gobiernos de la Concertación, pensar que es un partido que está muerto por la elección constituyente, sin considerar otros datos electorales, es un acto de, a lo menos, temeridad analítica. O el triunfo de independientes no necesariamente tendrá correlación con el futuro Parlamento, porque son discusiones distintas. O la derrota de la derecha, que tuvo como un lastre las acciones y omisiones de este gobierno, junto con el relato del “Rechazo para reformar” que les fue difícil de morigerar. Lo ocurrido en las elecciones de convencionales no es la regla de medida para toda la política chilena. Pensar así sería tan miope como las encuestas que vaticinaban la muerte del Frente Amplio. 

d) Por último, respecto de la participación decir que no es tan baja como parece. Comparar el porcentaje del padrón que votó en octubre de 2020 con el que lo hizo en las elecciones de este mes de mayo, es un acto de desconocimiento de los procesos electorales. El plebisicito del 25 de octubre de 2020 es el acto eleccionario que más participación tuvo desde que existe votación voluntaria en Chile. El 42,5% de la elección del 15 y 16 de mayo de 2021, fue medio punto más baja que la de Alcaldes y Concejales del 2012, medio punto más alta que la segunda vuelta presidencial del 2013, y 7 puntos más alta que la elección de alcaldes y concejales del 2016. Puede que exista la pulsión por compararla con el plebiscito, pero esta elección es más comparable con la última de alcaldes y concejales, a la que se sumó la de gobernadores regionales, lo que le quitó la mística al proceso. Eso sin contar el contexto de pandemia, una campaña mayoritariamente televisiva y/o virtual, la baja cantidad de movilización pública hacia los centros de votación, entre otras variables, que lidian con la falta de identificación con las opciones políticas en el escenario institucional o, derechamente, la apatía hacia “la política”. En síntesis, creo que la participación no fue baja en un escenario como el que estamos viviendo. 

e) Una breve palabra sobre el sistema electoral. El sistema D’Hondt no es un sistema electoral en sí mismo, sino un método para calcular proporciones, lo que se traduce en representación parlamentaria por lista. Es decir, la votación vuelve a colocar el centro en la propuesta política, en el pensamiento y proyecto, y no en la persona, lo que hizo que nuestro debate público tendiese a su farandulización, la performance y la presentación de eslóganes a la manera en la que se ofertan productos en el comercio. Más que reclamar el que en la proporción aparezcan candidatos con menos cantidad de votos que otros asumiendo un cargo en detrimento de quién habría obtenido más, la invitación es a pensar que la presuposición de nuestro actual sistema es que se vota por ideas más que por individuos. El debate de la legitimidad tiene que tener en cuenta esa variable. 

A modo de cierre decir que me declaro un “escéptico esperanzado”. Creo que existen todas las condiciones para tener una mejor Carta Fundamental que la que hoy día tenemos. Creo que vivimos en un país con una larga tradición republicana (en el buen sentido del término) que nunca ha producido refundaciones ex nihilo luego de la promulgación de textos constitucionales, lo que se puede constatar en una línea de trazabilidad de dichos textos, incluso aquellos que se forjaron en los albores del Estado Nacional chileno. Me alegra como evangélico que el candidato que más tirria vomitó contra nuestro mundo, Jaime Parada Hoyl, obtuviera 0,74% de los votos lo que denota que el ataque a la libertad de conciencia no es la opción, y espero que no la siga siendo. Soy escéptico, porque creo que lo podríamos echar a perder en peleas sin sentido que derrumben la posibilidad de consenso (en el caro sentido de dicha palabra). Soy escéptico, porque no sabemos cómo será la participación de la ciudadanía en el proceso y cuál será el carácter de dicho nexo. Soy escéptico, porque no sé cuán manchado estará el proceso por la carrera presidencial paralela al inicio del trabajo de la Convención. Soy escéptico, porque hay un plebiscito de salida de carácter universal lo que abre un nuevo escenario, imposible de comparar con ningún proceso electoral desde la promulgación del voto voluntario, con el movimiento estudiantil de 2011 y con el reventón social del 2019 mediante. Chile ha cambiado bastante. Esa sí que es una certeza. 

Luis Pino Moyano.

¿Por qué es importante ir a votar?

El día 18 de octubre de 2019, parafraseando al profesor Milton Godoy, al país se le cayó la máscara. Fueron años de acumulación de malestar ante la acción de una clase política civil, que en el discurso estaba preocupada de la “Señora Juanita” y de “los problemas reales que vive la gente”, pero que en lo concreto se limitaban a administrar con muy poca imaginación el tramado político-social instalado por mano militar y “perfeccionado” por mano concertacionista. De la política “en la medida de lo posible”, pasamos a la metáfora elitaria de los “mínimos comunes” como se habla en las esferas del poder y en sus brazos comunicacionales, o esa de las migajas de las “manos amigas” de las que hablaba hace poco una dirigente vecinal en una comuna de la Región Metropolitana, en un viralizado mensaje de WhatsApp. Cuando se habla de neoliberalismo como menos estado eso debiese causar, como mínimo, una sonrisa lectora, porque dicho sistema fue instalado y preservado por un estado bastante complaciente a los intereses de quienes tienen poder de mover las piezas claves en el mercado… y la política. Los casos Penta y Caval no logran tener el poder político, performático y metafórico que logra tener el caso SQM, empresa que financió a candidatos/as de todo el espectro político, recordándonos aquello que Alberto Edwards, historiador liberal (¡de derecha!), llamó “la fronda aristocrática” [1]. El relato del país jaguar, diferente en el concierto latinoamericano, con ausencia de corrupción, sin influencia de narcos en la política y un largo etcétera, se nos cayó en octubre de 2019 de manera real y masiva.

Se puede juzgar de distintas maneras lo vivido desde ese día hasta hoy, con sus manifestaciones y anhelos políticos hipervisibilizados, junto con las explosiones de violencia de diverso tipo, pero desde el plano político debiésemos entender que la forma de organización nacional no puede seguir siendo la misma. Y, si bien es cierto, una nueva Constitución, a diferencia de lo postulado por algunos analistas, no tiene la fuerza de refundar un país, a lo menos tiene la fuerza de hacer un giro y plantear una carta de navegación distinta, y que si se desarrolla de manera adecuada, cosa que esperamos, podría tener nociones de representatividad inéditos o comparables con los que tuvo la Constitución de 1925, a pesar de su origen espurio. Prueba de lo que estoy diciendo es el trabajo del profesor Jaime Arancibia, quien desarrolló una edición de la Constitución, generando “en colores” (literalmente) un ejercicio de trazabilidad histórica con nociones de continuidad y cambio, desde el primero de los “ensayos constitucionales” hasta el presente [2]. En los procesos de cambios sociales no hay ex nihilo que valga, pues dentro del cambio siempre hay ejercicio de continuidad. Chile va a seguir siendo Chile, pero esperamos que un poco más diferente, porque después de mucho tiempo nos sentaremos a discutir de “planificaciones globales” para “la casa común” [3]. Ya no un ejercicio político para la coyuntura sino para el largo plazo, para el país de 50 o más años. 

Por otro lado, yo quisiera insistir en un punto doble: 

1. El momento constituyente que estamos viviendo en Chile es la salida institucional a la crisis política que explotó en octubre de 2019. No nos podemos olvidar de eso, por dos razones: a) porque si bien es cierto, la demanda por una nueva Constitución es una bandera que ha cruzado a distintos actores -individuales y colectivos- de las izquierdas en Chile desde hace ya varios años [4], fueron bancadas políticas con representación parlamentaria en el Congreso Nacional (que es el poder del estado que, más allá de algunos/as de sus representantes, ha sostenido la república en una ausencia, torpeza y/o ineficacia del Ejecutivo), de distinta bandería, quienes llegaron a un acuerdo que abrió las puertas al proceso como tal; y b) como no podemos olvidarnos de los actores que “rechazaron para reformar”, y que a la hora de hacer reformas no las hacen, tampoco podemos olvidar que el Partido Comunista y algunos partidos del Frente Amplio no estuvieron en el momento inicial del acuerdo. Y podrán alegar la razón teórica en algunos de sus argumentos, pero la razón práctica no la tuvieron en una de las horas más difíciles desde el retorno de la democracia. 

2. Con todas las debilidades y alcances que pueda tener la futura Convención Constitucional, el que nuestra Carta Fundamental sea construida en democracia, sin estado de excepción, sin los militares en el bloque del poder (a lo menos de manera pública), es un proceso inédito en nuestra historia republicana. Hoy tenemos la posibilidad de participar electoralmente y de elegir a nuestros representantes (sean miembros de un partido político, de un movimiento social o independientes), devolviendo la noción democrática de poder originario constituyente al pueblo. Aunque el sufragio sea un acto democrático de baja intensidad en nuestro modelo político, no obstante, es mucho mejor cualitativamente tenerlo que no. Hoy no sólo estamos diciendo Apruebo, sino que estamos diciendo cómo quiero que se escriba el texto constitucional a partir de la elección de quienes discutirán y resolverán su construcción. Y después habrá un plebiscito de salida que dará su conclusión respecto a lo realizado. Diego Portales, Arturo Alessandri, Augusto Pinochet con Jaime Guzmán, y hasta Ricardo Lagos, quedarán al otro lado del camino después de aquello. El proceso no puede ser deshistorizado por una idea asalto del cielo carente de realismo político. 

Es, entonces, más que importante ir a votar este sábado y domingo, porque quienes sean elegidos tomarán decisiones sobre cómo entender la República de Chile, su organización estatal (presidencial o parlamentaria, unitaria, federal y/o plurinacional; congreso bicameral o unicameral, con todos los etcéteras y matices dentro de esa discusión), el fortalecimiento de los derechos sociales, lineamientos sobre la actividad económica y el cuidado del Medioambiente, el respeto de la libertad de conciencia en el marco de un estado laico (ni confesional ni en base a un ateísmo práctico de aparente laicidad), la ampliación de la democracia con mayor participación en cabildos, plebiscitos, referéndum revocatorios; y tantas otras temáticas. Es el momento de pasar de una política minimalista a una con miradas amplias, de una política analfabeta a una letrada. Frente a todo esto, me declaro un escéptico esperanzado. No creo que la Constitución sea la panacea de nada, pero de que puede construirse algo mejor de lo que tenemos, no me caben dudas. ¿Puede construirse algo peor? Claro que sí. Pero ese error y/o fracaso será hecho democráticamente, por ende será nuestro. 

No da lo mismo, entonces, quien esté en la Convención Constituyente. Tú podrás elegir según los criterios que estimes como prioritarios, en base a programas, como a experiencias de vida, conocimientos profesionales y vitales, elementos culturales. Quienes aprobaron y rechazaron tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes. Por eso, les animo a ir a votar este sábado 15 y domingo 16 de mayo. Y, por cierto, a continuar la tarea, informándose y participando de instancias colectivas en las que se pueda aportar a lo que se trabajará en la Convención, aunque sean espacios sin poder resolutivo. Lo importante es hacer notar el sentido de presencia política, de fiscalización y de capacidad de proposición, no olvidándonos que los cambios sociales se miden después del día de la fiesta y no antes ni en medio del jolgorio de ella. 

Luis Pino Moyano.

 


Notas bibliográficas. 

[1] Véase: Alberto Edwards. La fronda aristocrática. Santiago, Editorial del Pacífico, 1976.

[2] Jaime Arancibia. Constitución de la República de Chile. Edición Histórica. Origen y trazabilidad de sus normas desde 1812 hasta hoy. Santiago, Universidad de los Andes y El Mercurio, 2020. 

[3] Ahí sumé los conceptos de Mario Góngora, referido al período 1964-1973, y de Patricio Zapata significando lo que debería ser una Constitución. 

[4] Sólo a modo de muestra y ordenados cronológicamente: Gabriel Salazar. En el nombre del poder popular constituyente (Chile, siglo XXI). Santiago, LOM Ediciones, 2011; Fernando Atria. La constitución tramposa. Santiago, LOM Ediciones, 2013; y, Claudio Fuentes y Alfredo Joignant (Editores). La solución constitucional. Plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos. Santiago, Catalonia, 2015. Este último, huelga decirlo, tiene el mérito de recoger artículos de autores de derechas, centro e izquierdas. 

Triunfo del Apruebo: emociones y trabajo por delante.

El domingo 25 de octubre de 2020 se vivió un plebiscito en Chile y en él triunfó la opción Apruebo con 78,27% de los votos, y 78,99% marcó su preferencia por la Convención Constitucional. Y si bien es cierto, votó la mitad del padrón electoral, es la mayor participación electoral desde la presidencial de 1993, y en este caso, con sufragio voluntario y en medio de una pandemia. Se trató en este caso, como se decía antaño, de una “fiesta de la democracia”. 

Y eso no sólo lo dicen los números. Se vio en las calles repletas, en las conversaciones de sobremesa en las que recordábamos a los viejos de nuestras familias, vestidos “de día domingo” yendo a votar, se veía en las entrevistas de la televisión y se oía en la radio, los comentarios de quienes asistieron a cumplir con uno de sus derechos y deberes cívicos. Y no era poca la emoción, la alegría de participar, los sueños que se expresan. Y esto, porque se avizora el cierre de la herencia dictatorial, abriendo una etapa en la que no olvidemos el pasado, pero en la que dicho pasado no nos siga pesando. Y, por si esto fuera poco, se abre el camino para la construcción de un Chile que excede con creces un período presidencial. Se notaba en las opiniones lo inédito de esto: ¡es la primera vez que podemos decidir por un texto constitucional en democracia, sin los militares en el gobierno y con el congreso nacional funcionando! Cualquier historia que se escriba de este proceso constituyente, que no tenga en cuenta la emotividad de esta elección, se quedará corta a la hora de contar lo que se jugaba en ella. De hecho, en mi biblioteca, en la sección de libros de historia de Chile, tengo el lápiz bic que me acompañó en este proceso eleccionario. 

Ese domingo habían muchas razones para celebrar. A las 11 de la noche, tres horas después del cierre de las primeras mesas se contaba con el 90,78% de las mesas escrutadas. Quien ha pasado por la experiencia de ser vocal de mesa no puede dejar de reconocer este trabajo a pulso que permite que conozcamos, pronta y oportunamente, los resultados de los procesos electorales. Y, claramente, los resultados son para celebrar. Nunca me había sentido tan ganador en el proceso eleccionario, tanto que el brindis como la junta con los amigos de siempre no podía faltar. Teníamos el derecho a hacerlo. Había que celebrar, pero no sólo porque ganó el Apruebo y la Convención Constitucional, y la paliza en términos electorales de dicho triunfo, sino por lo que denotan dichas cifras: 78% de los votos releva que una nueva Constitución no es idea del “marxismo cultural” [sic], porque ese número no es votación de izquierdas, tanto así que en mi comuna, Puente Alto, lugar en el que arrasan Ossandón y Codina, el Apruebo tuvo el 87% de los votos. Había que celebrar porque 78% hace caer la idea de la polarización, palabrita tan mencionada en los medios de comunicación de masas; y esa de élites que se habrían comido la demanda popular imponiendo la demanda de una nueva Constitución. Había que celebrar, además, porque la derrota más grande no es de la opción rechazo a secas, sino de aquella cuya única propuesta fue la retórica del miedo, que anuncia como profecía trasnochada la debacle de un país que se acerca a sus ensoñaciones estilo pesadilla. Parafraseando a Benedetti, vencimos la derrota. ¿Cómo no celebrar por eso?

Después se sumó otro motivo para celebrar, pues en un estudio realizado por CADEM, mostró que los evangélicos habríamos votado un 57% por la opción Apruebo y 70% por la Convención Constitucional. ¿Celebrar? Claro que sí, y no porque hermanos que optaron por el rechazo perdieron, sino porque se cayó y se explicitó que no existe el “voto evangélico”, y que esta idea es meramente una ensoñación de élites evangélicas que gustan de arrogarse la representatividad de un pueblo unívoco que no existe, y que lo hacen añorando cuotas de poder. Por sobre el miedo a no estar en el “lado de Dios” [sic], primó la libertad de conciencia. 

Y después de cinco días del triunfo, sin lugar a dudas comienza otro tiempo, pues los triunfos políticos se miden siempre después del día de la fiesta. Este es el tiempo de trabajar. La paridad de los resultados de 78% por el Apruebo y la Convención Constitucional abren posibilidades inimaginadas para las candidaturas independientes a la Convención Constitucional. Si bien es cierto, las dificultades burocráticas (las firmas y trámites notariales) y de competencia de individuos o colectivos pequeños contra maquinarias partidarias prevalecen, de todas maneras que un 78% dijera no a los parlamentarios como convencionales abre la posibilidad de soñar por representación de ideas más plurales a la hora de construir el texto constitucional. Y debiesen ser un acicate de voluntades políticas de participar en el poder constituyente.

Y a propósito de esto último, decir que me asiste la convicción que cualquier ciudadano/a tiene el derecho de participar del proceso electoral, y que no se necesita tener una profesión x para hacerlo, sino el cumplimiento de la normativa constitucional (Arts. 13 y 132). Esto, por dos razones: a) porque cualquier hombre o mujer que vive en este país tiene la capacidad de pensarlo y saber cómo sería la vida en esta tierra podría ser mejor; b) porque la redacción del texto constitucional desde el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 aseguró la existencia de una comisión técnica paritaria entre oficialismo y oposición (punto 10), que ya está trabajando y fue conformada por catorce abogados constitucionalistas, por lo que quienes tienen miedo de la calidad del texto, eso ya está asegurado. Por otro lado, los militantes políticos tienen todo el derecho a participar de la Convención Constitucional, pues los partidos políticos son un instrumento legítimo de organización y participación en la esfera pública. La caricatura de la “Señora Juanita” que es pasada a llevar una vez más, es más bien otro relato desde el miedo de los derrotados de esta ocasión. Luchar porque exista una mayor participación de independientes no obsta a que los militantes, sea cual sea su trayectoria política, puedan estar en una papeleta y en la Convención si son elegidos. Aquí lo que vale es el ejercicio democrático, ausente de las comisiones de expertos elegidos a dedo en las coyunturas constitucionales de 1833, 1925 y 1980. 

El tiempo del trabajo comenzó. No puede pasarnos lo mismo que en los inicios de los 90. La gente que ganó, no puede irse para la casa para guardar silencio y esperar que otros tomen las decisiones. Hay que participar. Una de las primeras tareas es generar consensos que deriven que en el reglamento de la Convención Constitucional sea obligatoria la participación de los convencionales en asambleas territoriales, desde tomen ideas fuerzas para sus opiniones. Ese contacto, que fusiona lo democrático, con lo pedagógico y con lo deliberativo es fundamental para fortalecer la legitimidad de la nueva carta fundamental. Y no hay que olvidar que hay un plebiscito de salida, con voto obligatorio. Lo peor que nos puede ocurrir es sentarnos en los laureles. Todavía no hemos ganado todo. Caminamos hacia allá…

Luis Pino Moyano.

¿Aprobar una nueva Constitución es una posición evangélica?

Quisiera comenzar mis palabras mostrando mis colores: soy cristiano protestante de tradición presbiteriana. Creo que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada, autoritativa e inerrante. Mi definición doctrinal se encuentra contenida en la Confesión de Fe de Westminster, en su versión de 1903, la que suscribo como oficial de mi iglesia. Eso me lleva a declarar cuatro premisas que me parecen relevantes a la hora de hablar de esta temática:

· La primera, es que mi esperanza está en Jesucristo. Mi esperanza que no defrauda está sustentada en lo que Él hizo por su pueblo en la cruz del calvario, en la herencia eterna que nos trae su salvación, en el amor que Él nos provee en los rostros y las manos de una comunidad. Cristo lo hizo todo, y él llevará su plan perfecto hasta el fin. Dicho de otro modo, mi esperanza no está puesta en un cambio social, sea quien sea que lo construya, no importando su tinte político. Es el Reino de Cristo el que trae justicia, paz y alegría, y será el mismo Señor resucitado quien consumará la historia. Mi esperanza, malamente podría estar en la “alegría que viene”, en un “crecimiento con igualdad”, en los “tiempos mejores” o en una nueva Constitución Política de la República. Todo constructo humano es falible y se queda corto al lado de la esperanza escatológica. 

· En segundo lugar, que creo en los principios que la Biblia enseña para la acción política y social. Y en esto, me parece relevante ocupar el concepto de principios. La Biblia no presenta un programa político definido, sino principios para la vida, los que pueden ser aplicados de maneras distintas, y así ha sido a lo largo de la historia. Un buen ejemplo es la Confesión de Fe de Westminster. Hasta su reforma de los capítulos 20.4, 23.3 y 31.2, que limitan la acción del magistrado civil en la esfera eclesial, realizada por la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos en 1788, los márgenes de separación entre la iglesia y el estado parecían diluidos. Y eso, es de toda lógica en un régimen cuyo sistema de gobierno era monárquico, pero no lo era en un estado nación que se había emancipado de dicho régimen. Los principios políticos y sociales de los redactores originales de la Confesión de Fe de Westminster y de sus reformadores eran los mismos, mientras que su aplicación práctica en el plano político fue disímil. 

· Tercero, y como fruto de lo anterior, nosotros podemos seguir siendo cristianos evangélicos que creemos todo aquello que consagra el Credo Apostólico (que es la síntesis doctrinal más unificadora a nuestro alcance), teniendo ideas respecto de la acción política distintas, mientras ellas no abracen constructos ideológicos completos de quienes en la base de su teoría nieguen lo que dice la Escritura. Y esa situación no se encuentra presente sólo en el marxismo cultural o en el progresismo (concepto polisémico, por lo demás), sino también las posiciones de derecha que se sustentan en el catolicismo romano, en el nacionalismo o en el liberalismo que fue uno de los primeros frutos del humanismo secularizado y racionalista. Entonces, el ejercicio crítico de las ideologías, antes de atacar al resto, debiese ser el de la autoevaluación en actitud de oración, bajo una pregunta sencilla, pero profunda si se responde con sinceridad: ¿mi pensamiento y acción en la política se sustenta en lo que enseña la Escritura o no?

· Y cuarto, no tenemos en Chile una Iglesia Evangélica. Y, puede ser aburrido repetirlo vez tras vez, sobre todo luego de que estén a la mano los libros de Vergara, Lalive, Muñoz, Lagos, Pereira, entre otros, que se han esforzado en hacer análisis históricos o sociológicos de ese “pueblo polifónico”. Pero, así está la situación, y hay que repetirlo una vez más: los evangélicos no tenemos una comunidad homogénea, por ende, carecemos de representantes amplios, no tenemos papas ni tampoco un solo corpus doctrinal entre las iglesias del país, por lo tanto, nadie se puede arrogar la representatividad del pueblo evangélico porque eso, en singular, no existe. Por tanto, ningún cristiano evangélico del país -sobre todo si es pastor, líder o maestro- debe promocionar una determinada opción política como representativa de los valores y principios del pueblo de Dios, porque no existe en Chile un partido o movimiento que aglutine aquello. Con mayor razón, no puede llamar a votar por una opción determinada, diciendo que es la única que se condice con lo evangélico, porque eso sería una violación de la libertad de conciencia, además de un ejercicio de cooptación clerical. Por ende, siempre que hablemos de acciones políticas en el espacio público, debemos hacerlo a título personal, nunca a nombre de la comunidad, dispuestos a responder preguntas a dudas honestas, rendir cuentas cuando corresponda, y pedir perdón cuando hemos ofendido a los demás.

Por lo dicho con antelación, creo que es sumamente legítimo que haya cristianos evangélicos que hagan una opción por el rechazo a una nueva Constitución, y que existamos otros cristianos evangélicos que optemos por el apruebo a una nueva Constitución. Sería inconsistente con lo que he declarado con antelación negar dicha posibilidad, quitándole inteligibilidad al relato del otro o, en el peor de los casos, llegar a satanizar la opción contrapuesta. Huelga decir que se esperaría la misma actitud de amistad cívica de quienes desde las filas de la fe cristiana asumen una opción contrapuesta a la que presentaré. 

¿Por qué opto por el “apruebo” a una nueva Constitución? Responderé desde dos puntos focales: uno histórico y otro desde una lectura teológico-política. 

1. La consideración histórica.

Creo que para un evangélico no puede ser baladí que nuestra carta fundamental actual haya sido producida en una dictadura que no trepidó en usar el terrorismo de estado para sostener y consolidar su proyecto histórico. En 1980 se llevó a cabo un plebiscito sin registros electorales, con estado de emergencia, con acceso casi nulo a la oposición al régimen de facto para acceder a espacios de comunicación de sus ideas, sumado al hecho, que la opción “Sí” constituía un límite claro al régimen de Pinochet, pues el Art. 25 consagraba que la primera magistratura de la nación tendría una duración de ocho años, en cambio la opción “No” aceraba aquello que para el historiador Mario Góngora era el máximo error de Pinochet, a saber, “su voluntad desmesurada de durar” [1]. En otras palabras, las reglas del juego para la actividad en la polis fueron construidas a imagen y semejanza de una dictadura militar, que más allá de su derrota político-electoral en 1988 y 1989 y la eliminación de los “enclaves autoritarios” de las páginas de la carta fundamental en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos (en uno de los tantos actos performáticos que han sido denominados como el fin de la Transición), se mantienen vigentes sobre todo con su poder contramayoritario. Ese poder fue explicado por Jaime Guzmán de la siguiente manera: “En vez de gobernar para hacer, en mayor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes jueguen en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario” [2]. La negación del cambio no es otra cosa que la negación de la polis, que imposibilita la mejora o el cambio de aquello que tiene origen histórico y político como si se tratara de algo dado por la naturaleza. 

Pero hay otra variable que debe ser tenida en cuenta en este punto focal histórico. Hoy estamos en un “momento constituyente” que resultó ser la salida institucional a un momento de crisis con un “reventón social” que muy pocos dentro de la clase política civil avizoraron. Con todo lo que se pueda cuestionar de los hechos acaecidos desde octubre en adelante, resulta innegable que esta era la cosecha amargada de la “alegría triste y falsa” que se volvió sentido común en el quehacer político del país, junto con todos los abusos y corruptela moral tapada por la vana jactancia en una supuesta diferencia respecto de nuestros vecinos del barrio latinoamericano. La violencia de los saqueos que barrió no sólo con la honestidad de la población, sino con la supuesta moderación y orden de la identidad chilena, el enfrentamiento violento entre las fuerzas policiales y la “primera línea” con las tristes consecuencias consabidas por todos, sumado a una expresión pública de las marchas, asambleas y cabildos, en los que se expresó la multiplicidad de voces y proyectos, hace que valga la pena preguntarnos ¿qué nos une como país? El pasado, ese de poco más de doscientos años de vida republicana y el reciente herido por un “golpe” cuyas secuelas se siguen viviendo a 47 años no nos une. Y, al parecer, el presente tampoco. Y, para qué hablar del futuro, cuando la política analfabeta no está pensando un proyecto país a cincuenta años plazo, sino que es atacada por la coyuntura, el cortoplacismo y las reacciones de aprobación en encuestas y redes sociales. 

Por todo ello, esta es una oportunidad. Se trata de la primera vez que una Constitución en el país sería escrita y promulgada en un contexto democrático, sin una minoría amparada por el poder de fuego de los militares como en 1833, 1925 y 1980. Y por lo mismo, es que este texto constitucional debe dar cabida a todas las voces sin olvidar que se trataría de la carta de navegación para toda la ciudadanía, y no para unos pocos. Debemos desempolvar y exorcizar esa palabra llamada “consenso” si queremos tener como mira la construcción de un país. Patricio Zapata, abogado constitucionalista, usando la misma metáfora futbolera de Jaime Guzmán pero en otra sintonía dirá que “Existe un problema constitucional cuando la Carta Fundamental de un país, lejos de ser la ‘cancha’ que todos, o casi todos, reconocen como el espacio común en el cual llevar adelante la disputa cívica, es, más bien, un elemento que divide y excluye” [3]. Ni la imposición de agendas ni el miedo a lo nuevo contribuyen a la unidad en la diversidad que un país requiere para sostener la  libre actividad política en democracia. Esto es más que consistente con una alternativa cristiana por la paz activa [4]. 

2. La consideración teológico-política. 

En este punto quisiera huir, de inmediato, de una lectura caricaturesca que hace pensar que quienes sostenemos el “Apruebo” pensaríamos que el cambio constitucional sería la panacea para todos los problemas de la gente. Nada más alejado de la realidad. Una Constitución no abarca todos los asuntos que tienen que ver con los seres humanos que habitan un país, pero eso no obsta para que pongamos nuestra preocupación allí, construyendo una alternativa para cambiarla. Dicho de otro modo, la Constitución no soluciona todos los problemas, y no está para eso, pero sí puede ayudarnos a cambiar algunos. Y por sobre todo, puede ayudarnos en el anhelo de pensar el Chile del siglo XXI en el largo plazo, y no sólo en las necesidades contingentes o coyunturales. 

Para quienes somos creyentes cristianos existe una clara posibilidad para reconocer que en nuestras sociedades hay maldad, injusticia, inequidad y abuso, porque tenemos nociones respecto de la bondad, justicia, equidad y bienestar. Esos conceptos son trascendentales e inmateriales y sólo adquieren historicidad cuando son llevados a la práctica. ¿De dónde tomamos esas nociones? De la declaración bíblica que nos revela a un Dios santo y justo y que norma y da sustento a nuestras vidas con su Palabra. Es por la obra de Cristo que hemos sido redimidos, lo que nos ha posicionado en una relación reconciliada con Dios, nos ha devuelto nuestra dignidad perdida y nos ha dado la capacidad de ser testigos con la palabra y los actos de amor que contribuyen al bienestar de quienes nos rodean. 

Si bien es cierto, hoy el lenguaje de derechos se ha banalizado y sirve para todo, es justo decir, que cuando distintos países del mundo se unen propugnando que los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la segunda guerra mundial no se vuelvan a repetir, y establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay mucha sintonía con la enseñanza bíblica que recorrió por tierra, cielo y mar desde los albores de la iglesia primitiva [5]. Los derechos humanos no son un “gol de media cancha” como dijera Marcela Aranda hace unos años atrás, porque la declaración de la dignidad humana y su protección son consistentes con el cristianismo que entiende al hombre y la mujer como seres creados a imagen y semejanza de Dios, que en tanto criaturas gozan del señorío del Todopoderoso Creador, y que en tanto personas gozan de la libertad y la capacidad de crear, pensar y vivir. A su vez, los derechos tampoco niegan los deberes. Aquí es de mucho valor la precisión conceptual propuesta por René Padilla, cuando señaló que: “a la Biblia más le interesan los deberes que los derechos: los deberes humanos frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación. Es bueno recordar esto en una sociedad donde cada sector de esta reclama constantemente sus derechos sin preocuparse mayormente por sus deberes. Sin embargo, hay una estrecha relación entre derechos y deberes. La conexión se hace cuando reconocemos que los derechos humanos que preocupan a la conciencia cristiana son los derechos del otro, y que los derechos de los demás son deberes nuestros” [6]. El reconocimiento de la dignidad humana nos hace pensar no sólo en mi condición digna, sino en la del amplio “nosotros” de un pueblo-nación. Existe posibilidad de pensar y actuar en concordancia de un humanismo genuinamente cristiano [7]. 

Es desde esta consideración, que la nueva Constitución emergida desde un contexto democrático, debiese comenzar con una declaración de principios orientadores ad hoc que propugnen el bienestar común y la justicia social, reconociendo los derechos humanos como universales, inalienables e imprescriptibles, constituyendo a estos como el principio fundamental de dicho documento normativo. Dentro de las nuevas cosas que el texto constitucional debiese considerar, a mi juicio, están la cuestión de la plurinacionalidad y una real descentralización, la existencia de un congreso unicameral y la posibilidad de referéndums revocatorios y plebiscitos potenciando una democracia semiparticipativa. A su vez, debiese limitarse la acción de las FFAA y de orden como garantes del proceso democrático, porque de facto les coloca en una posición deliberante. Como protestante, espero que la nueva Constitución señale explícitamente la separación del estado y las organizaciones eclesiales, estableciendo desde una comprensión laica, la posibilidad que las religiones y quienes las suscriban puedan expresarse con libertad en el espacio público, sin limitar su acción a la esfera privada. La limitación de las imposiciones de actores religiosos no implica la limitación de la libertad de conciencia y de la acción social desde una cosmovisión que tiene correlato más allá de los muros de los templos. La fe, por definición, es pública. Es más, me asiste la convicción, que no existen libertades públicas si la libertad de creer y actuar en concordancia a dicha fe en el espacio público es negada o dificultada. 

Para ello, los evangélicos no sólo debiésemos participar de los plebiscitos de entrada y de salida de la coyuntura constitucional, sino también estar en la Convención Constitucional, sea como militantes de partidos políticos o como independientes. Pero espero que dichos hermanos y hermanas (por cierto, algunos de ellos habrán optado por el “rechazo” en la primera etapa) entiendan y practiquen la idea de cobeligerancia y no de alianza, no busquen pequeñas cuotas de poder para aparecer en televisión un par de días más que para el Te Deum y el 31 de octubre, ni mucho menos acomoden sus discursos y agendas a los de otros, dejándose amoldar por el mundo actual (véase Romanos 12:2). Es de esperar que dichos hermanos y hermanas no tengan una visión acotada de la participación en política sólo para decir cosas que tienen que ver con los llamados “valores” o de alcance en el espacio privado, saliendo de la terrible ensoñación de la falta de realismo y de la política en minúscula. Es de esperar que esos hermanos y hermanas no tengan miedo a la confrontación de ideas, que opinen desde una cosmovisión bíblica y cristiana en la base, pudiendo con ello, hablar de todos los temas que se presentarán en el debate. Que desarrollarán su trabajo como convencionales con responsabilidad, excelencia y distintivo cristiano, lo que se traducirá en que más allá de las alianzas o partidos políticos en los que militen, serán fieles a la Palabra de Dios en detrimento de las órdenes que atenten contra ella. Y por supuesto, espero de dichos hermanos y hermanas que defiendan, amen y pujen junto a los desamparados cuyas voces son día a día acalladas: pobres, huérfanos, viudas, inmigrantes y niños y niñas que todavía no nacen, cuyos gritos son inaudibles desde el exterior. Y, por cierto, que todo eso lo hagan con clara conciencia de su condición de minoría, pero de minoría valiente y no victimizada, inteligente y no atrapada por los discursos que se postulan como sentido común en izquierdas y derechas. Una minoría que tenga en cuenta lo dicho por Jürgen Moltmann: “Cuanto más conscientes son los cristianos hoy día de una situación minoritaria y pierden la protección de una sociedad ‘cristiana’, tanto más pueden aprender de la moral calvinista a hacerse extraños en la propia sociedad y nación por amor de Cristo. En la historia del cristianismo reformado se evidencia claramente el valor de ser distinto de los demás. Únicamente quien es distinto es capaz de ‘existir para los demás’; de lo contrario, es uno más entre la masa” [8]. 

Claramente, para ello, no sólo habrá que esperar, sino participar activamente, dentro y fuera de la Convención Constitucional. No bastará entonces sólo aprobar, sino estar dispuestos a ser testigos… aquellos que portamos un testimonio con la vida. 

Luis Pino Moyano.

[1] Raquel Correa. “Las lecciones de la Historia”. En: El Mercurio. Santiago, 9 de diciembre de 1984. Citado en: Mario Góngora. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago, Editorial Universitaria, 2006, p. 340. 

[2] Citado en: Sofía Correa et al. Historia del siglo XX chileno. Santiago, Editorial Sudamericana, 2001, p. 325. 

[3] Patricio Zapata. “La Constitución del bicentenario. Once tesis y una propuesta concreta”. En: Claudio Fuentes y Alfredo Joignant (editores). La solución constitucional. Plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos. Santiago, Catalonia, 2015, p. 165. 

[4] He hablado de esto con mayor profundidad en mi artículo “Ni zelotes ni herodianos. Por una alternativa cristiana de paz activa”. En: Estudios Evangélicos. 29 de octubre de 2019. http://estudiosevangelicos.org/ni-zelotes-ni-herodianos-por-una-alternativa-cristiana-de-paz-activa/ (Consulta: septiembre de 2020). 

[5] Un buen libro para entender esto es: Vishal Mangalwadi. El libro que dio forma al mundo: Cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. Nashville, Grupo Nelson, 2011. 

[6]. René Padilla. “La Biblia y los derechos humanos”. En: René Padilla et al. Los derechos humanos y el reino de Dios. Lima, Ediciones Puma, 2010, p. 18. 

[7] Véase: “Manifiesto Humanista Cristiano”. En: Estudios Evangélicos. 21 de julio de 2019. http://estudiosevangelicos.org/manifiesto-humanista-cristiano/ (Consulta: septiembre de 2020). Este documento fue publicado originalmente en “Eternity Magazine”, en enero de 1982, y fue firmado por Donald Bloesch, George Brushaber, Richard Bube, Arthur Holmes, Bruce Lockerbie, J. I. Packer, Bernard Ramm y James Sire.

[8] Jürgen Moltmann. “La ética del calvinismo”. En: Leopoldo Cervantes-Ortiz. Juan Calvino: su vida y obra a 500 años de su nacimiento. Barcelona, Editorial CLIE, 2009, pp. 263, 264.