La debacle de Piñera y el auge de Kast es la encrucijada de la derecha chilena.

Cuando creíamos estar curados de espanto por la falta de escrúpulos en los negocios por parte de “su excelencia”, aparecen en la palestra pública los “Pandora Papers”, lo que no sólo nos recuerda el actuar de la élite chilena como una fronda, sino que además, nos hizo aparecer en portadas de la prensa mundial por un motivo que nos llena de vergüenza y rabia. El neoliberalismo chilensis es el reino del chanchullo, expresión coloquial reconocida por la RAE que significa “manejo ilícito para conseguir un fin, y especialmente para lucrarse”. En ese reino, “estado pequeño” no significa “estado débil”, por el contrario, el estado ha sido fuerte para pavimentar y solidificar el accionar del mundo privado, inclusive sus chanchullos, colusiones, evasiones y de más. 

Pero hoy existe una pequeña diferencia. La derecha chilena sabe que la única posibilidad de escapar de la debacle de un individuo es la destitución del mismo. Piñera, a diferencia de Bachelet, ha actuado indefectiblemente como el “Pater Familias” que no ha demorado la muerte de sus hijos (léase “ministros”) para salvar su caudal político. En su altar se han sacrificado muchos personajes con su potencial político, en pos de salvar a quien, de manera inescrupulosa, no ha dejado de buscar su rédito personal. Es la hora que Sebastián Piñera no arranque y asuma su responsabilidad, ya no por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, sino por sus actos ausentes de ética. Este fin de semana, a pesar de la cantidad de veces que el sucesor del ministro Cardemil, Bellolio, repitiera las palabras “mentira” y “falso” para descartar la novedad de estos hechos en relación a un caso por el que Piñera fue sobreseído, la directora de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Marta Herrera señaló: “La opinión técnica es que los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del cuarto juzgado de garantía del año 2017”. Esto, particularmente ,en las operaciones comerciales relacionadas con Minera Dominga. Por tanto, lo relevado por los Pandora Papers es una novedad en términos periodísticos.

Por tanto, Piñera debe ser juzgado civilmente en los tribunales correspondientes y políticamente en el Congreso Nacional por medio de una Acusación Constitucional. Por el bien del país. Y la derecha sabe que por su bien también. Y el empresariado del país hoy sabe que también es por su bien, toda vez que la mancha en el exterior les juega en contra. 

La debacle de Piñera tiene como uno de sus síntomas la muerte, metafóricamente hablando, de su delfín político Sebastián Sichel, quien sucumbió en un contexto en el que el discurso despolitizador no tiene cabida en un momento constituyente, que no supo agrupar a las fuerzas políticas que le apoyan, que amenazó a parlamentarios que no votarían como él pensaba respecto de los retiros de fondos provisionales, pero, por sobre todo, que en dicho discurso amenazante omitió que él había hecho sus retiros para ahorrarlos en otra cuenta, ergo, no por necesidad ni urgencia, como otros actores políticos arguyeron. A su vez, José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, ha ascendido al segundo lugar en las encuestas, afianzándose como la opción de la derecha en el país. Es probable, que Kast, a no ser que se modere en la discusión pública -no es lo mismo debatir no teniendo nada que perder ni ganar-, no logre conquistar “los votos de centro” y algunos de los votos del casi 20% de indecisos en términos electorales, pero él sabe que una conquista es potenciar su protagonismo para una tercera candidatura, como líder único de una coalición de derecha. Es decir, Boric puede convertirse en presidente de la república, pero éste podría enfrentarse a una oposición fortalecida políticamente. 

Ahora bien, ese fortalecimiento político pasa, primero, por una relectura de la historia. Quienes son militantes o adherentes a ideas de derechas en el país, harían bien en leer a Sofía Correa en su libro “Con las riendas del poder”, particularmente la situación abierta por la derrota electoral de 1964 que llevó a la disolución de los partidos Liberal y Conservador. A dicha lectura, sumar el texto de Verónica Valdivia “Nacionales y gremialistas: el ‘parto’ de la nueva derecha chilena, 1964-1973”, para visualizar cómo el proyecto nacional fue derrotado por el chicago-gremialismo bajo la égida de Jaime Guzmán. ¿Por qué razón? 

a. Porque para que Kast se convierta en el líder de la derecha chilena tiene que salir del clóset político y reconocerse como el chicago-gremialista que es, conservador sólo en el plano moral, pero muy liberal en cuestiones de régimen político y económico. Es decir, tendrá que dejar de lado mucho del discurso nacionalista que está en la superficie de su propuesta, y aminorar su énfasis conservador -discursivo también- porque las redes evangélicas pueden ser buenas aliadas, pero no le conducirán al poder. 

b. Porque la UDI tendrá que asumir que su tarea será abrir las puertas al hijo pródigo Kast, y no sólo recibirle, sino que vestirle con ropas regias y hacer fiesta, al nivel incluso de inmolarse dejando de existir para crear un nuevo partido político que unifique a la derecha chilena. Sobre todo, porque la UDI ya no tiene una razón de ser, toda vez que la “desjaimeguzmanización” del país con el proceso constituyente inaugurará una nueva etapa de la política. Ese nuevo partido político de derecha tendrá la tarea de construir un prisma democrático para una generación que fue hija de la Concertación y no de la dictadura. 

c. Los militantes de Renovación Nacional estarán en la encrucijada de militar en ese nuevo referente político o en crear una alternativa socialcristiana de derecha, cuyo núcleo estaría más cerca de Desbordes que de Chahuán, para referir a liderazgos sinérgicos internos. Evópoli hace rato perdió su novedad, como todo movimiento generacional terminará disgregándose. 

d. Claro está,  en la coyuntura de 1964, el costo fue votar por Frei Montalva, a sabiendas que no cambiaría un ápice de su programa por dichos sufragios. En el momento actual, el costo será destituir a Piñera, lo que les quitará un enorme lastre, y plegarse a la candidatura de José Antonio Kast. Pero si Kast no da pasos unificadores, el apoyo electoral que tendrá quedará sólo en una anécdota.

En un período de crisis como el que estamos viviendo, que tiene un estado de latencia producto de su institucionalización, se haría bien en reparar en los procesos autodestructivos del ayer. Esto, sólo si se espera construir un mañana y un país, y no sólo se piensa en mantener vanamente el poder que les queda. A pocos días de cumplirse dos años del 18 de octubre de 2019, la derecha chilena en un paso de madurez tiene que asumir su responsabilidad política, y entender de una vez por todas que gran parte de lo que vivimos ha sido por su incapacidad de gobernar. Los tiempos mejores que prometieron no llegaron, ni llegarán. Pero siempre, en política más que en ninguna otra esfera, será posible comenzar de nuevo. 

Luis Pino Moyano.

La Lista del Pueblo: su agonizante destrucción de lo político.

El espectáculo brindado de un tiempo a esta parte por la autoproclamada “Lista del Pueblo”, especialmente por sus élites, ha estado cargado de un tinte tragicómico, propio de una política analfabeta que se centra en lo performático y en el imaginario, al modo de una publicidad de productos que satisfacen la necesidad de consumir. La pregunta cae de cajón: ¿cuál es el producto que se intentó poner a disposición? Y la respuesta es sencilla: proveer de un nuevo referente de izquierdas, por supuesto, más de izquierda que los otros existentes, compuesto efectivamente por el “pueblo” y no por sujetos corrompidos por la política institucional y/o tradicional. 

Para lograr su objetivo (auto)promocional, no han dudado en asumir el tono de las asambleas universitarias, donde los que gritan son los que ganan y donde la propuesta más radical -por irreal que sea en contenido y forma de aplicación- es la verdad verdadera que se opone al amarillismo. Por ello, toda posibilidad de lograr consensos es pensada como una transacción, o en la lengua que les es propia, una cocina. Y, quizá, dentro de lo más antiético y antiestético, esté la legitimación de una serie de actos de matonaje, entre ellos el vivido por el candidato presidencial Gabriel Boric, quien carga con el letrero del rey de los amarillos por firmar el acuerdo de noviembre de 2019 y dar su apoyo a una ley conocida como “antibarricadas”, claro está, sin que los sesudos críticos de las redes sociales ad hoc pudiesen diferenciar aquellos artículos que sancionaban delitos como los saqueos e incendios, o los daños provocados a bomberos e instituciones de salud. El uso mañoso de la información, en este caso, trae el rédito de la pureza. Como objeto de consumo, la “Lista del Pueblo” sería un producto de fina selección. 

Pero es aquí donde se hace manifiesto un problema de origen y estructural de este producto performático: el purismo choca con su tendencia al divisionismo -siempre hay más puristas dentro de los puristas- y, porque cuando la expectativa no se condice con la experiencia, el efecto del discurso moral se desinfla. Y en el tiempo presuroso de la política en un momento constituyente, dicho problema se ha manifestado con esos dos alcances. Por un lado, han buscado presentar un candidato a la presidencia de la República, comenzando por Sharp, pasando por Cuevas y terminando en el fiasco de la candidatura de Ancalao. El “divide y vencerás” tradicional, se vive como si el sistema binominal nunca se hubiese acabado en Chile, puesto que en dicho formato la competencia electoral más feroz es con el “amigo”. La “Lista del Pueblo” ha adolecido de dos de los estigmas más lacerantes de las izquierdas en Chile: por un lado, ese realismo mágico que lleva a confundir retórica con realidad y, por otro, esa tendencia de incapacidad de generar alianzas que no se peleen por el punto y la coma. La experiencia de fracasos y derrotas de este sector de lo político debiese servir de algo a estas alturas. Pero para coaliciones como la “Lista del Pueblo” el pasado y el futuro no son tema. El puro presente importa. No hay historia y no hay proyecto, ergo no hay real y concreta voluntad de poder. 

El moralismo también ya ha perdido su fuerza. Comenzando por ese procedimiento electoral estilo reality show con un proceso de selección en el que una comisión elegida a dedo dictamina si el sujeto es candidato o no, a pesar de la pontificación contra la “cocina”. Es fácil y populachero gritar “el pueblo unido avanza sin partidos”, para luego “pasar máquina” e instrumentalizar en torno a un mero sentido de popularidad. Con ese mismo moralismo, la convencional Elsa Labraña grababa, o transmitía en un live, a Fernando Atria, cuando éste explicaba por qué la Convención no tiene facultades para cambiar el quórum de 2/3 y, junto con ello, por qué se oponía a los plebiscitos dirimentes tal y como fueron propuestos como idea linda pero sin aterrizaje. Y para qué hablar del espectáculo tragicómico del casi-candidato Diego Ancalao, quien presentó 23.135 partrocinios de su candidatura con firma y timbre de un notario fallecido en febrero de este año y cuya notaría había cerrado en 2018. Y sí, adivinaron, no hubo autocrítica, sólo anuncios de querellas contra Ancalao y perdón por un acto del que no serían responsables, cuando lo que habría que hacer es cerrar la puerta por fuera. Precisamente, para eso sirven los partidos políticos: organizar en torno a proyectos y no por panfletos o consignas. Aquí, en la “Lista del Pueblo”, ¿quién renuncia o pone su cargo a disposición? ¿Quién se hace cargo del mecanismo elegido para designar al candidato? ¿Quién organiza el proceso autocrítico que conduzca al establecimiento de una nueva estrategia? La responsabilidad individual y colectiva brilla por su ausencia. 

El divisionismo y el moralismo serán las palas con las que se cave la tumba política de la “Lista del Pueblo”. Quisieron destruir lo político y la política, en su sentido deliberativo y de producción de pensamiento crítico, les está dejando a la vera del camino por la vía desmembramiento, del “fuego amigo” y de la incapacidad de entender lógicas procedimentales claramente establecidas. Aquí no hay derrota, sino fracaso. La “Lista del Pueblo” ha fracasado con todo éxito, a tal nivel, que como no hay revolución Saturno no se devoró a sus propios hijos. No fue necesario. 

A quienes sobreviven de la “Lista del Pueblo” decirles que ya no es el tiempo de hacerse cargo de su banalización de la idea de “pueblo” y su negación de lo político, del componente estratégico que subyace al concepto, y que se hayan apoderado de un momento de nuestra historia reciente -el octubre chileno- vaciado de su épica, opacando su diversidad, imponiéndole la burka de la seriedad de la muerte que sólo se queda con la indignación. Ya no tiene sentido pensar en la durabilidad de dicha coalición, que emergió como un instrumento para la llegar a la Convención Constitucional y no para otra cosa. En lo que se debe pensar, particularmente sus convencionales, es en no perder de vista la alta labor que el pueblo les delegó: la tarea de construir una nueva Constitución que es la salida institucional de la crisis y la puerta abierta a un Chile democrático sin las sombras del autoritarismo. No sé si estarán dispuestos a cargar con la mochila del fracaso de dicha instancia a costas de su irresponsabilidad y falta de creatividad transformadora. 

Luis Pino Moyano.

Religión y proceso constituyente.

El 7 de agosto el pastor y convencional constituyente Luciano Silva compartió un vídeo en sus redes sociales en el que manifestó su preocupación ante la imposibilidad de colocar la “bandera cristiana” en la antigua sede del Congreso Nacional, lugar en el que sesiona la Convención Constituyente. En dicho lugar, han sido enarboladas las banderas del país, de los pueblos originarios representados en la Convención, del movimiento que aglutina a las diversidades sexuales y del feminismo. Estos emblemas estarían ahí, en palabras de la presidenta de la Convención Elisa Loncon, según el testimonio de Silva, por “criterio regional, de paridad y de diversidad”. Hasta ahí, la argumentación podría ser atendible. Pero, según las palabras de Silva, Loncon habría señalado que no le gusta el cristianismo “por ser una religión colonizadora”, razón por la cual la bandera cristiana no sería instalada en la sede de la institución que elabora la carta fundamental para el país [1].

Lo más interesante de la argumentación de Silva es cuando plantea que no ha existido igualdad de trato, toda vez que la colocación de 27 banderas se había realizado en el contexto de la celebración del primer mes de funcionamiento de la Convención la que se amalgamó con la ceremonia ancestral pawa en agradecimiento a la Pachamama. En dicha ceremonia religiosa hubo ofrendas, música y rondas en las que convencionales danzaron con sus manos tomadas [2]. A dicha celebración, se suma todas las ocasiones en las que la machi Francisca Linconao ha recibido un trato discursivo diferenciado en la que se le reconoce como “autoridad ancestral”. En dicho sentido, intramuros de la sede política de la Convención Constitucional han existido ritos religiosos de espiritualidades diversas, en las que la fe cristiana no ha tenido cabida. 

¿Pero esta situación da para pensar, ocupando las palabras de Silva, en un acto de “violencia” y/o “discriminación”? En relación a esta problemática, aparecieron en El Mercurio dos cartas del 8 y 9 de agosto, firmadas por el sacerdote Enrique Opaso y por Manfred Svensson, respectivamente. El sacerdote Opaso, mencionando el 70% cristiano -católicos y protestantes- de la población nacional y la alta mayoría de creyentes de dicha fe en el pueblo mapuche (dato también mencionado por Silva en su vídeo), señala que “Esto es una cancelación al cristianismo. Si yo estuviera ahí (no me dejaron), habría reclamado con fuerza porque esto es intolerable” [3]. Si bien es cierto, Svensson hace alusión a las palabras de Silva en su vídeo, como a la carta de Opaso, su reflexión tiene otro cariz, pues se detiene en el aspecto simbólico y su correlato empírico en la discusión política. Para el filósofo habría un acto de diferenciación entre una diversidad y otra, haciendo una digna de exhibición en tanto tiene una valoración de bondad. Dice: “Esto es preocupante, pues las controversias sobre los símbolos adelantan el tono para cuando se entre a  discusiones sustantivas”. Más adelante señala: “decir que los símbolos a exhibir se restringen a los laicos es particularmente dudoso, en un momento en que se suele reivindicar lo mapuche no solo como cultura, sino también como cosmovisión” [4]. 

En otra sintonía, pero también en clave de reacción frente a un acto discriminatorio, es la carta elaborada por un comité de redacción conformado por pastores y obispos que cuenta con la firma de mil cuadros pastorales de diversas denominaciones evangélicas. En ella señalan que es un trato contradictorio y discriminatorio referir al cristianismo como una religión colonizadora, argumentando que: “las religiones no colonizan sino mas bien los estados y los pueblos. Las religiones y espiritualidades transmiten sus cosmovisiones de vida para que estas sean aceptadas o rechazadas libremente. Segundo, consideramos extremadamente ideológica tal respuesta, porque además menoscaba el libre juicio y voluntad del 96% del pueblo mapuche que actualmente profesa el cristianismo ya sea católico o evangélico y que, dicho sea de paso, tampoco estarían representados en su credo en esta convención constitucional. El pueblo mapuche que cree lo mismo que la presidenta, son el 3,6%” [5]. Luego, desde un perfil histórico, argumentan que el protestantismo no estuvo ligado a la empresa conquistadora y colonizadora de España, que además fue perseguido por la religión mayoritaria y que ha hecho un tremendo aporte a la sociedad desde distintos frentes. Por todo ello, plantean que “El no aceptar que en la diversidad de esta Convención esté representada nuestra fe en el símbolo de la bandera cristiana, sería una señal negativa de cara a las discusiones que se darán en torno a libertades tan importantes como lo son la libertad de culto, expresión y conciencia. Recordamos que la nueva Constitución debe ser la casa de todos y cada símbolo en la convención es de suma importancia” [6]. La carta es firmada por una organización llamada “Plataforma Evangélica Nacional” (PLENA), cuya directiva está conformada por los obispos José Rivas, Héctor Cancino, Roberto López, y por los pastores Julio Menéndez y José Luis Uriel. Además es firmada por Alfred Cooper, representante protocolar de las Iglesias Protestantes y Evangélicas, y por Daniel Anabalón, capellán en el Palacio de La Moneda. A eso se suman otras firmas. 

Ante todas estas lecturas, me permito elaborar unas reflexiones sobre la representatividad del símbolo, el clericalismo, lo laico y su relación con la religión, y el debate “discriminación”/“preocupante”. 

Sobre la representatividad del símbolo, no puedo dejar de decir que soy evangélico desde los siete años y en todo ese tiempo (¡32 años!) he visto en sólo tres lugares colocada esa bandera: el colegio de mi infancia, el Instituto Bíblico Nacional y en una iglesia presbiteriana. En mi niñez asistí a la Iglesia Evangélica Pentecostal, de cuyos himnarios la palabra “cruz” fue mayoritariamente expoliada (probablemente, para marcar su diferencia con el catolicismo romano y/o con la Iglesia Metodista Pentecostal), por lo que raramente un símbolo de una bandera que la posea puede ser representativa de ella. En la Iglesia Pentecostal Naciente, de la que fui miembro en plena comunión por quince años, nunca se usó, y había una bandera antiquísima de colores blanco y celeste, con un sol y una espada, sumado a los estandartes de cada iglesia local. En la Iglesia Presbiteriana de Chile, de la que soy miembro desde 2010, su símbolo es una cruz celta con otros símbolos en sus cuatro costados. He asistido en todos estos años a actividades de carácter interdenominacional, eclesiásticas o paraeclesiales, y no he visto flamear la bandera como un símbolo preponderante. Por lo tanto, reconociendo su existencia que data de 1897 de la mano de Charles Overton, y habiéndola visto en los lugares mencionados, junto con reconocer la legitimidad y validez que pueda tener para otros creyentes, entenderla como un símbolo distintivo del cristianismo me parece excesivo. Es probable que para los católicos la bandera albiamarilla del Vaticano sea más representativa y no la que ha enarbolado Silva y otros hermanos después de su vídeo de denuncia. A su vez, como muy bien señala Svensson en su carta, esta reclamación pareciera ser más un síntoma de añadirse al “clima de políticas de reconocimiento” [7], en el que no somos más que una identidad en medio de otras, perdiendo nuestra cualidad de una fe, cosmovisión y sentido de la vida omniabarcante. 

Además, no deja de llamarme la atención, el marcado clericalismo de la declaración de Silva, cuya reacción más directa es la carta firmada por obispos y pastores. De hecho, su vídeo comienza con la alusión “Queridos pastores”, a los que se les invita a firmar una solicitud de parte del mundo evangélico. Sí, “mundo evangélico”, en singular. No deja de ser relevante que evangélicos quieran participar en el espacio público y en la esfera política, pero tan preocupante como la ausencia del símbolo “bandera cristiana”, debiese ser el excesivo protagonismo de “pastores evangélicos”, como depositarios de una representatividad que sus iglesias no les han dado para sus fines, y por ende, tampoco un mundo evangélico unívoco inexistente. Silva que no está ahí por su labor de pastor -la que no ha sido puesta en receso para no producir confusión de esferas-, sino por un mandato dado por la ciudadanía de su distrito que le votó como candidato de Renovación Nacional. Tampoco deja de llamar la atención el comunicado de pastores y obispos evangélicos la misma semana de la conformación de un “Frente Social Cristiano” y su alianza con el candidato José Antonio Kast, en un bullente tiempo político. Sobre todo en nombres que se repiten en la búsqueda de cuotas de poder desde el mundo evangélico, no hay nada al azar, no hay puntada sin hilo. Y así y todo, en su denuncia se les pasa por alto que las banderas fueron puestas en un acto religioso en el que la fe cristiana no sólo no tuvo cabida, sino de la cual muchos creyentes cristianos, voluntariamente, no habría querido tenerlo. ¿O un evangélico o evangélica, cuyo símbolo más relevante es una Biblia leída, memorizada y amada, habría participado de una ceremonia religiosa que no forma parte de su fe, la que mínimamente podría haber sido denominada de idolátrica? Yo no habría participado.

A mi juicio, el tema más relevante, e insisto, el mejor expuesto por Silva, es el tema del estado laico y su relación con la religión. El estado laico, por definición, busca que todas las ideas, incluidas las religiosas, circulen y se expresen libremente en la sociedad, siempre y cuando se hagan con respeto de la diversidad y sin poner en riesgo la integridad de la persona humana. El estado laico se diferencia del estado confesional, y el laicismo secularizador o ateo, es confesional, pues niega el papel de lo religioso en el espacio público, relegándolo al fuero interno o prohibiéndolo como en los regímenes totalitarios. Quienes son convencionales constituyentes y suscriben la fe cristiana en sus diversas expresiones no pueden ni deben dejar su visión del mundo y de la vida cuando discuten políticamente, porque su fe tiene un ethos de quienes caminan en el mundo y buscan su transformación por la predicación del evangelio, pero también, por medio del testimonio en la práctica y en el trabajo. Y aunque les guste o no a algunos sujetos políticos, y sin negar los ejercicios opresivos y colonizadores de cristianos en el pasado o en el presente, eso no obsta para decir que el cristianismo fue el que construyó el camino para que las sociedades occidentales reconocieran la dignidad humana, la libertad de conciencia en el marco comunitario, la profunda relación entre derechos y deberes (presente, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos), la noción de una justicia universal, etcétera. Y sí, mientras conquistadores arrasaban a sangre y fuego a nuestros pueblos, también se alzaba la voz de Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos, junto con la acción de órdenes religiosas en sus misiones en las que las comunidades indianas eran respetadas y protegidas. Definir el cristianismo como colonizador es negar la base del único derecho social que el “Otro Indio” tuvo en la región. Ese papel político de larga data del cristianismo no desaparecerá de la noche a la mañana y tiene que ser respetado, sobre todo, en una instancia que busca construir el marco que constituirá la vida en la polis. 

Por ello, no creo que lo vivido sea un acto de violencia o discriminatorio, pero sí preocupante. Las palabras duras no rompen huesos. Elisa Loncon habría actuado, según el testimonio de Silva, con una parcialidad que su cargo no le provee, no por la ausencia de la bandera, sino por su alusión al cristianismo. Es preocupante, que dicha visión se traslape a otras discusiones, de las cuales la fe cristiana, en tanto cosmovisión y sentido de la vida, tiene mucho por decir y hacer. Es preocupante también, que por finalidades políticas se intente señalar que en actos como el referido y denunciado, se estaría intentando conculcar la libertad de culto. Eso oculta o ignora -ambas situaciones revisten gravedad social- que el Art. 135 de la Constitución, que forma parte de la reforma que regula el proceso constituyente, señala: “El texto de la Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutorias y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” [8]. Dentro de los tratados internacionales, está el derecho internacional, en el que destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala en su Art. 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia” [9]. Por ende, la nueva carta fundamental no puede poner en detrimento dicho derecho, a lo más, podría construir una redacción que enfatice más en la libertad individual dentro del marco privado. Eso es preocupante. Pero no nos debe llevar a la victimización, propia de minorías y de quienes anhelan el protagonismo escénico, imaginando universos conspirativos que son fruto de la ociosidad. Chile tiene una tradición constitucional que debilita cualquier imagen escatológica refundacional.

Para quienes suscribimos la fe cristiana el proceso constituyente debería llevarnos a observar críticamente, a trabajar desde los lugares que nos toca colaborando en la redacción de una “casa para todos y todas” en el país, afirmando nuestros principios bíblicos y, por sobre todo, manteniendo la cordura y la templanza, la mansedumbre y la inteligencia. Todo eso, acompañado de la oración, inclusive por quienes piensan distinto de nosotros. 

Queda mucho por hacer. 

Luis Pino Moyano.

 


[1] Canal de Youtube de Luciano Silva. “Banderas en la constitución”.

[2] “Convención realizó ceremonia ancestral pawa para conmemorar su primer mes de funcionamiento”. En: CNN Chile. 4 de agosto de 2021. 

[3] P. Enrique Opaso Valdivieso. “Una ‘cancelación’”. En: El Mercurio. 8 de agosto de 2021. 

[4] Manfred Svensson. “Símbolos compartidos”. En: El Mercurio. 9 de agosto de 2021. 

[5] “Más de mil obispos y pastores evangélicos envían dura carta a Loncón por excluir bandera cristiana: ‘Es discriminatorio y violento’”. Sitio web Ex-Ante. 

[6] Ibídem. 

[7] Svensson. Op. Cit. 

[8] Constitución Política de la República de Chile. Edición Histórica (editada por Jorge Arancibia Mattar). Santiago, El Mercurio y Universidad de Los Andes, 2020, p. 77.

[9] “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”. En: Sitio Web de la ONU. 

 


Edición posterior.

Con fecha 30 de agosto de 2021, la Mesa de la Convención Constitucional respondió a la misiva de los pastores, de la cual presenté mi análisis, manifestando un acto reparatorio, en un gesto al diverso mundo cristiano y en particular al sector protestante. Este gesto augura la posibilidad de una casa para todos y todas en Chile, que es lo que esperamos del proceso constituyente. 

 

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Crónica de un día histórico: Inauguración de la Convención Constitucional (4 de julio de 2021).

Hoy fue uno de esos días densos en términos del tiempo histórico y cargados de historicidad. Denso, pues es imposible hablar de este, nuestro 4 de julio, sin pensar en el 18 de octubre de 2019, el día del reventón social, ese que supuestamente nadie vio venir y que hizo que $30 sonaran a treinta años. Es imposible dejar de pensar en el 25 de octubre de ese mismo año, en el que gentes de distintas edades, clases sociales, convicciones políticas y hasta clubes de fútbol coparon la Plaza Italia, en un número de un millón doscientas mil personas, a las que habría que sumar miles y miles en las calles de distintas ciudades del país. Tampoco se puede dejar de pensar en la madrugada del 15 de noviembre de 2019, día en que en la antigua sede del Congreso Nacional se firmó el “Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución”, en la que fuerzas de distinto signo concordaron en que la escritura de una nueva carta fundamental sería la salida institucional de la crisis política; y por supuesto en la que el 78% de quienes votaron aprobaron que se redacte una nueva carta fundamental y que dicha tarea recayera en una Convención Constitucional. 

Pero el hito de hoy no sólo tiene relación con hechos susceptibles de ser vistos en el tiempo corto. Es imposible no conectarlo con el golpe militar de 1973 y su institucionalización constitucional en 1980, perpetuada con pequeñas dosis democratizadoras en el fin de los enclaves autoritarios en el hito de 2005, que no finalizó la Transición (ojo expresidente Lagos). Y eso, tampoco puede ser desconectado de 1833 y 1925 en los que se promulgaron textos constitucionales, con los militares siendo parte del gobierno y con el Congreso Nacional cerrado, en una marca autoritaria de nuestra república. También tiene relación con las luchas de las mujeres por sus derechos civiles que hizo que pudieran votar y ser elegidas, conquistado para todos los procesos electorales en 1949. No se puede dejar de pensar en el movimiento estudiantil, sobre todo el de 2011, que articuló una noción de derechos sociales convertidos en mercancía bajo la lógica neoliberal. Y hoy, más que nunca, es imposible dejar de pensar en la mal llamada Pacificación de la Araucanía que comenzó en 1861, pero que produjo todo su arrasamiento a sangre y fuego especialmente entre 1881 y 1883. Es la larga jornada por una sociedad en la que todos/as tenemos los mismos derechos, somos reconocidos/as como personas humanas, parte de un mismo país y, a la vez, con mucha diversidad que debe ser reconocida en un marco pluralista. Toda esa mochila es la que está en los hombros de la Convención Constitucional. 

El día, nuestro 4 de julio, comenzó en diversos puntos de la capital y la marcha de distintos/as convencionales hacia la antigua sede del Congreso Nacional. Cuando ya lograron estar dentro de ese hermoso edificio, y se estaba a punto de comenzar la sesión, cuando convencionales comenzaron a gritar “¡No más represión, no más represión!”. Esto, porque comenzaron a recibir imágenes y vídeos de actos que podrían recibir dicha significación. En medio se comenzó a cantar el himno nacional. Muchos gritos, una discusión destemplada de Elsa Labraña con, una hasta entonces desconocida, Camen Gloria Valladares. El “¡para, para!”, al parecer no causó tanto efecto como el diálogo imperceptible por el audio televisivo de Patricia Politzer, y quien presidía la reunión tomó la iniciativa de suspender la sesión momentáneamente para informarse de lo que estaba pasando fuera del edificio. Todo este bochorno, puso sobre la mesa la falta de previsión política de quienes organizaron la sesión por no hacer el gesto de consensuar un protocolo para los ritos republicanos de esta sesión inaugural, sumado a un entendimiento de la autoridad por algunos/as constitucionales que harán bien en no perder de vista la alta labor que el pueblo les delegó. El poder originario delegado por el soberano a los convencionales es para la nueva carta fundamental y no para otra cosa, por lo que cada cosa que dicen y hacen tiene consecuencias políticas. Dicho eso, Fuerzas Especiales tiene un historial de excesos a la hora de ejercer el control social, lo que pudo detenerse con el actuar de una comitiva de convencionales que salió de la sede para dialogar con manifestante. Es que las formas represivas del orden público no deben formar del Chile por venir. Allí se constató un exceso del uso de la fuerza y también, huelga decirlo, el actuar de manifestantes que iban a romper con todo, porque quienes están dentro de la Convención serían “amarillos”, “vendidos” y otra serie de epítetos moralistas pseudorrevolucionarios. Y ahí, quienes somos partidarios/as de una nueva Constitución tenemos la responsabilidad de apoyar y, a la vez, cuidar el proceso. 

Quiero decir algo del evento “himno nacional”. A mi me gusta la letra escrita por Eusebio Lillo, quien fuera miembro de la Sociedad de la Igualdad y llegara a ser ministro de José Manuel Balmaceda, y que preserva el coro escrito por Bernardo Vera y Pintado. Ese himno dice cosas bien importantes que un país como el nuestro no debiera olvidar, inclusive en esa estrofa que tuvimos que aprender en los años grises, porque “lo sabrán nuestros hijos también” y las luchas de personas dignas pueden hacer “siempre al tirano temblar”. Pero no lo veo como un instrumento religioso al que se le falta el respeto. No hay un acto sacrílego, pues además su disrupción no tuvo dejos de iconoclasia sino el reclamo por una realidad que le excedía. No obstante, me dio pena por dos razones: a) que se utilice el himno para romper discusiones, pues no estaban las condiciones para comenzar la sesión; y b) por la orquesta de niños/as y jóvenes que lo entonó, pertenecientes a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, porque personas adultas no tuvieron en cuenta su condición de responsables ante personas que son menores de edad. Me encantaría que la Convención les desagraviara y les permitiera tocar el himno, el que a pesar de la disrupción se notó musicalmente bien ejecutado. 

Y así es como me acerco a las líneas finales de mi crónica, en la que no puedo dejar de destacar a dos mujeres que se robaron la película. Por un lado, la abogada Carmen Gloria Valladares quien se merece nuestro respeto y reconocimiento por su moderación. Si hoy se pudo iniciar y llegar a buen puerto la sesión, mucho tiene que ver con su papel. Escuchó, no se destempló, esperó el tiempo apropiado, condujo la ceremonia con parsimonia, en el ritmo de la democracia y con la cadencia solemne del republicanismo olvidado. Ella con sabiduría y firme ternura tomó la república sobre sus hombros y coadyuvó a que todos/as recordaran su papel histórico. Y la otra gran mujer es la presidenta de la Convención Constitucional: Elisa Loncon Antileo, Doctora en Humanidades de la Universidad de Leiden y Doctora en Literatura de la PUC, reconocida en los campos académico y social, que hizo un discurso sólido respecto del nuevo Chile que se vislumbra: uno democrático, plural, justo y armonioso, que rompa con la herencia dictatorial. Y no puedo dejar de decir que me corrió una lágrima, cuando al inicio, comenzó su alocución en mapudungun, lengua del mismo pueblo expoliado por las élites que albergaron esa sede parlamentaria en el pasado. Ese saludo, “Mari mari pu lamngen, mari mari kom pu che, mari mari Chile mapu […]”, tiene una carga simbólica y política que no puede ser sólo abordada desde una fría racionalidad política. Loncon dijo, en su saludo a los niños que estaban escuchando: “Se funda un nuevo Chile: plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución”. Más adelante, vino la elección de Jaime Bassa como vicepresidente, abogado constitucionalista, quien dijo en su discurso que “La paz social tiene un costo, y es justicia”. 

Durante el desarrollo de este hito inaugural estuve siguiendo lo que se decía en las redes sociales. Y noté que muchas personas, ya sea de sensibilidad de derechas o que se sienten alejadas de lo que se vive en el proceso constituyente, se quedaron con la impresión del ambiente disruptivo de la mañana. Y es ahí que creo que la imagen que puse al inicio de esta crónica, tiene una fuerza representativa que es un lente que permite entender el acto republicano de nuestro 4 de julio. Esto, toda vez que los acontecimientos y procesos históricos se evalúan por sus antecedentes, inicio, desarrollo, fin y con lo que deviene a partir de ellos. Si te quedas con la visión del inicio y no viste el cierre, tu lectura será corta en términos analíticos. Pero esta imagen muestra el cierre del hito inaugural: un minuto de silencio respetuoso y cada uno con sus muertos en la memoria. Esa imagen blinda una opción de “escepticismo esperanzado”. Visibiliza la política con mayúsculas, aquella que pone sobre la mesa sus ideas con respeto democrático. Y ahí vuelvo al inicio: este día está cargado de historicidad, que no es otra cosa que la capacidad que tienen los sujetos de hacer historia. Y sin lugar a dudas, cuando se va a construir una casa para todos y todas en democracia se está haciendo historia. ¿Cómo será aquello? No sé. Pero si el cauce democrático se mantiene, y más allá de las limitaciones de cualquier producto humano, será mejor de lo que hemos tenido en doscientos años de vida republicana. 

Luis Pino Moyano. 

Cuarentenas, cortocircuitos y carencia de diálogo interdisciplinario.

Ayer, 14 de junio, el Colegio Médico presentó el plan: “‘Vivos Nos Necesitamos’: Unidos para eliminar el virus”, que dentro de sus propuestas presenta las ideas de un cortocircuito epidemiológico, una burbuja sanitaria, junto a nuevos indicadores, fases y otros, en la intención de una “nueva gobernanza” de la pandemia. Es, sin lugar a dudas, una propuesta bastante sugerente y que pudo ser más efectiva que el Plan Paso a Paso elaborado por el Gobierno de Chile y que experimentamos desde el año pasado*. Esto, porque da prioridad al enfoque sanitario, teniendo como meta “evitar más muertes y acabar con el colapso sanitario sostenido”. Es la vida de las personas, y no los negocios, los que tienen la prioridad en esta etapa, por lo que ciertas actividades debiesen ser redefinidas en el sentido de su necesidad o condición de fundamental. Por otro lado, recompone una mesa en la que diferentes actores de la sociedad civil junto a “expertos” con tres comisiones, que integren miradas desde distintos campos de saber y de acción, cuestión sumamente necesaria, teniendo en cuenta el fracaso de las medidas gubernamentales, la condición derruida de la Mesa Social (sin siquiera tener actas de sus reuniones) y la depreciada legitimidad de la clase política civil en el bloque del poder. 

Pero al comienzo de esta reflexión señalo que “pudo ser más efectiva que el Plan Paso a Paso”. Conjugué intencionalmente el verbo en pasado, porque a pesar de todas las virtudes del plan en sí, a mi juicio pierde de vista la dimensión temporal de la propuesta. Estamos hablando de un plan presentado cuando ha pasado un año y tres meses, aproximadamente, desde la primera cuarentena. Y no señaló que dicha tardía sea en algún caso de responsabilidad del COLMED, sino más bien de un problema de enfoque y valoración del contexto de enunciación de la propuesta. El hecho de sólo pensar en tres semanas de un cortocircuito, cuando hay comunas que llevan la misma cantidad de tiempo en Fase 1, resulta una medida preocupante e insana. Preocupante, porque si bien es cierto el ser humano, su vida en particular, tiene prioridad, dicha vida es puesta en una condición de detrimento de su dignidad si no hay trabajo e ingresos, situación que viene de la mano con el aumento de las deudas, porque no toda la población alcanza los beneficios del estado. Y la cancha, a la hora de enfrentar la pandemia, sigue estando dispareja desde un punto de vista socioeconómico. No es lo mismo estar encerrados en una casa que carece de patio a una que sí lo tiene, y no es una situación rebuscada. 

Por otro lado, defino la medida como insana porque fortalece una noción parcial del concepto de salud, la que es definida por la OMS como “el estado de perfecto bienestar físico, psíquico y emocional del ser humano”. Es parcial, porque ensalza una variable de dicho concepto que es el bienestar físico, en detrimento del bienestar psíquico y emocional Llevamos un año y medio experimentando una forma de existir en el mundo que trastocó nuestra cotidianidad, que nos alejó del vital encuentro con personas a las que amamos, o con las que trabajamos y compartimos experiencias y aprendizajes, nos alejó del aire y del sol (y no estoy aludiendo a cuestiones místicas), agudizó conflictividades y desencuentros en las familias, generó una disolución del espacio laboral y del espacio hogareño, produjo trastornos de sueño, crisis de ansiedad, depresiones reactivas y un largo etcétera. Producir más encierros atenta contra el bienestar psíquico y emocional, cuyas implicaciones se seguirán viviendo mucho más allá del fin de la pandemia, en una dimensión temporal que no se logra visibilizar en el presente. 

Es cierto, que muchas personas no han cumplido las cuarentenas, tanto por opción como por obligación -desde el extremo de los fiesteros a quienes han seguido día tras día en sus jornadas laborales fuera de casa-, pero la construcción de planes construidos a modo de política pública debiesen pensarse teniendo en cuenta su potencial cumplimiento, con políticas de regulación social que encaucen a quienes no toman en cuenta las medidas. Y ahí surge otro problema, del cual el gobierno ni las policías se hacen cargo: la falta de fiscalización, que se visibiliza en los nulos controles (salvo en aduanas sanitarias o carreteras), como en el aumento de delitos (encerronas y portonazos, por ejemplo) y la preeminencia del narcotráfico en muchas poblaciones. ¿De qué sirven las cuarentenas y el estado de excepción que tenemos desde marzo del año pasado si no hay fiscalización? 

Dignidad otorga. Un plan como el presentado debe ser evaluado principalmente por lo que tiene y no por lo que carece. Y en dicho aspecto, el hecho que quienes lo elaboraran fuesen médicos facilita una tendencia a un enfoque sanitario. Pero si ya avizoraban “las implicancias multidimensionales de la pandemia y la necesaria respuesta intersectorial”, podrían haber solicitado desde un principio la colaboración de profesionales de otros campos y de actores de organizaciones de la sociedad civil, en pos de una mirada más integral de la salud con sus dimensiones individuales y sociales. 

Es por todo esto que creo necesario potenciar la noción de la libertad y de la responsabilidad en sus dimensiones individuales y sociales, lo que se traduce en:

a. La necesidad de vacunarse. Se debe dejar de lado todo tipo de discurso seudocientífico y conspiranoico. Basta conocer algo de historia para notar que las vacunas significaron un importantísimo avance humano en pro de la calidad de vida de las personas. Vacunarse hoy no sólo es cosa de salud, sino un imperativo ético. La vacuna no es sólo para mi, sino para los demás. Por eso, es que hay una política pública respecto de ella y no se trata sólo de la adquisición de un producto del mercado farmacéutico. 

b. Dejar de lado la estupidización y paternalismo. Sabemos hace tiempo que las vacunas no impiden el contagio, y que estas aminoran los efectos de la enfermedad. Se debe insistir en este momento, más que en cuarentenas o cortocircuitos en la responsabilidad individual y en la ampliación integral del concepto de salud, que estuvo a la base del permiso de movilidad. Salir lo justo y necesario, usar la mascarilla, persistir en el lavado de manos y uso de alcohol gel, acompañado de espacios adecuados de sociabilidad, práctica de deporte y experiencias de sociabilidad responsable. 

c. Entender que la diferenciación entre personas vacunadas y quienes no lo están, junto con toques de queda y cuarentenas con persistente y adecuada fiscalización, no son resultado de un neofascismo de “dictaduras sanitarias”. La libertad no está puesta en juego, sólo se ejerce con lineamientos diversos. Hoy nadie está preso en su casa por estar en Fase 1 y sin pase verde aún. La libertad está condicionada a un factor extraordinario dado por el estado de pandemia y la legalidad creada en torno a ella. Un permiso de movilidad no adolece de la torpeza del permiso de vacaciones. 

d. Que cualquier medida que se construya en torno a la pandemia debe ser realizada a escala humana, con realismo y consideración del tiempo que llevamos en una condición vital totalmente diferente a lo que vivimos hasta fines de febrero e inicios de marzo de 2020. No sea que la ciudadanía en pos de su libertad individual y ante la multiplicidad de necesidades, que van desde el alimento y sustento hasta las experiencias de sociabilidad, explote en un grito de “¡Basta!”. Las noticias de movilizaciones, en otros lugares del mundo, contra medidas restrictivas insufribles son un insumo que impide el que se diga: “no lo vimos venir”. 

“Todo tiene su tiempo”, decía Qóhelet. Fuera de tiempo, una propuesta valiosa, puede carecer de razón de ser. 

Luis Pino Moyano.


* Colegio Médico de Chile. “Estrategia sociosanitaria Covid cero. Plan ‘Vivos Nos Necesitamos’: Unidos para eliminar el virus”. En: https://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2021/06/Estrategia-sociosanitaria-cero.pdf (Consulta: junio de 2021).

Lo que se viene para el proceso constituyente a partir de los resultados electorales.

En menos de un año hemos visto el aterrizaje institucional del momento constituyente inaugurado la madrugada del 15 de noviembre de 2019. Ese día hubo un acuerdo amplio “por la paz social y la nueva Constitución”. Nunca debe olvidarse que este proceso se encuentra enmarcado en una alternativa política e institucional de salida a la crisis social que reventó en octubre de 2019. ¿Por qué hablo de menos de un año entonces? Principalmente, porque los procesos eleccionarios vividos el 25 de octubre de 2020, y los días 15 y 16 de mayo de 2021, han concretizado la propuesta en una institucionalidad clara. La ciudadanía que participó del plebiscito de entrada señaló en un 78,28% su deseo de una nueva Constitución y en un 79% que el órgano constitucional que la redactara fuese una Convención sin participación de parlamentarios/as. A partir de los datos de esta última elección se desprende que el órgano constitucional:

· Estará conformado por 37 convencionales de “Vamos por Chile”, 28 convencionales de “Apruebo Dignidad”, 25 convencionales “Del Apruebo”, 26 convencionales “Del Pueblo”, 11 convencionales “Independientes por una Nueva Constitución”, 17 convencionales de pueblos originarios y 11 convencionales independientes fuera de pacto. 

· Tiene diecisiete escaños para los pueblos originarios, quedando representados por siete mapuches, dos aymarás, y por un kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango. 

· Tiene criterios de paridad, pues está conformada por 78 hombres y 77 mujeres, situación inédita en relación a otros procesos constituyentes. 

· Respecto de las actividades profesiones y/o labores de los/as convencionales se desprenden diversas áreas: derecho, pedagogía, ingeniería, periodismo, psicología, actuación, ciencias, medicina, sociología, diseño, trabajo social, politología y un largo etcétera. Me encanta saber que hay un mecánico automotriz y una machi (aunque no comparta la cosmovisión espiritual mapuche). 

· Tiene criterios paritarios incluso en relación a los colegios donde estudiaron. De 132 convencionales que proveyeron ese dato, 49 estudiaron en colegios públicos, 40 en colegios subvencionados, y 43 en particulares pagados. Este dato rompa con el tramado de la “fronda aristocrática” que caracteriza a la política nacional. 

¿Qué nos dicen todos esos datos?

a) En primer lugar, que la futura Constitución Política de la República de Chile no sólo será la primera hecha en un contexto democrático en más de doscientos años de vida republicana, con vigencia del Estado de Derecho, sino que además en un marco pluralista. Visiones de sujetos que no han participado tradicionalmente en la política chilena estarán allí, lo que rompe, en primer lugar con la hegemonía de los ingenieros comerciales en todas las áreas de creación de políticas públicas, por sesgo neoliberal y, además, porque rompe con el relato de ciertas personas que votaron “Rechazo” en octubre del año pasado y otras personas más escépticas, respecto de la calidad de la futura Constitución, pensando que personas escasamente capacitadas serían parte de la Convención. Esto último, denota el clasismo chileno dado por instituciones de origen y profesiones y, así también, ignorancia toda vez que existe una Comisión Técnica designada de manera paritaria por fuerzas oficialistas y de oposición con representación en el Congreso Nacional que asegurará la calidad del texto. En otras palabras, sólo la “mala leche” puede llevar a decir cosas como esa. 

b) Lo otro que nos dicen estos datos es que ninguna de las listas y pactos tiene mayoría en la Convención Constitucional, por lo que no sólo queda por determinar los cargos al interior de dicho órgano, sino también la conformación de alianzas. Con claridad, la derecha no tiene el tercio, pero eso no dice tanto, pues está por verse cómo se comportan las fuerzas provenientes de la Exnueva Mayoría y las del Frente Amplio, de lo cual ya tenemos una fotografía del momento con la inscripción de las primarias. Por otra parte, cómo actuarán los/as independientes es una interrogante de suma importancia. Independiente no significa que no tengan opinión política o que no participan de organizaciones sociales, sino que no forman parte de partidos políticos que es la institución clásica para la discusión en la polis, por lo que no reciben órdenes de dichos conglomerados. Está muy de moda la idea de los “mínimos comunes” en la contingencia política, pero quisiera ocuparla de una manera más adecuada. Esta constitución tiene que ser mínima. No todas las ideas pueden transformarse en materia constitucional, porque la Carta Fundamental no es la panacea a todos los problemas del país. Las fuerzas que optaron por aprobar debiesen dar una muestra de grandeza política al concretizar una carta de navegación y un fundamento para la vida pública que genere identificación a toda la ciudadanía del país. Una “casa común” en la metáfora de Patricio Zapata. Y para ello, los espectáculos estilo “Torre de Babel” vistos hace unos días atrás de parte de las fuerzas de oposición, lo único que harían es construir un reino propio, alto y famoso, pero con idiomas tan diferentes que la dispersión sería el único camino posible. El éxito del proceso no está hoy en manos del tercio que podía vetar los cambios, sino en aquellas fuerzas que se entienden como mayoría, pero que no necesariamente lo son. 

c) Algo que no nace de los datos ni tiene relación total con la Convención Constitucional, tiene que ver con las fuerzas políticas que se visibilizan en cargos públicos como gobernadores, alcaldes, concejales, y presidente, senadores y diputados elegidos y por elegir. Por ejemplo, la Democracia Cristiana tuvo un solo militante junto a un independiente en su lista elegidos como convencionales. Eso podría hacer pensar en la muerte de dicho partido. Si bien es cierto, la DC no tiene la fuerza que tuvo en los años sesenta e inicios de los setenta y, luego, durante los dos primeros gobiernos de la Concertación, pensar que es un partido que está muerto por la elección constituyente, sin considerar otros datos electorales, es un acto de, a lo menos, temeridad analítica. O el triunfo de independientes no necesariamente tendrá correlación con el futuro Parlamento, porque son discusiones distintas. O la derrota de la derecha, que tuvo como un lastre las acciones y omisiones de este gobierno, junto con el relato del “Rechazo para reformar” que les fue difícil de morigerar. Lo ocurrido en las elecciones de convencionales no es la regla de medida para toda la política chilena. Pensar así sería tan miope como las encuestas que vaticinaban la muerte del Frente Amplio. 

d) Por último, respecto de la participación decir que no es tan baja como parece. Comparar el porcentaje del padrón que votó en octubre de 2020 con el que lo hizo en las elecciones de este mes de mayo, es un acto de desconocimiento de los procesos electorales. El plebisicito del 25 de octubre de 2020 es el acto eleccionario que más participación tuvo desde que existe votación voluntaria en Chile. El 42,5% de la elección del 15 y 16 de mayo de 2021, fue medio punto más baja que la de Alcaldes y Concejales del 2012, medio punto más alta que la segunda vuelta presidencial del 2013, y 7 puntos más alta que la elección de alcaldes y concejales del 2016. Puede que exista la pulsión por compararla con el plebiscito, pero esta elección es más comparable con la última de alcaldes y concejales, a la que se sumó la de gobernadores regionales, lo que le quitó la mística al proceso. Eso sin contar el contexto de pandemia, una campaña mayoritariamente televisiva y/o virtual, la baja cantidad de movilización pública hacia los centros de votación, entre otras variables, que lidian con la falta de identificación con las opciones políticas en el escenario institucional o, derechamente, la apatía hacia “la política”. En síntesis, creo que la participación no fue baja en un escenario como el que estamos viviendo. 

e) Una breve palabra sobre el sistema electoral. El sistema D’Hondt no es un sistema electoral en sí mismo, sino un método para calcular proporciones, lo que se traduce en representación parlamentaria por lista. Es decir, la votación vuelve a colocar el centro en la propuesta política, en el pensamiento y proyecto, y no en la persona, lo que hizo que nuestro debate público tendiese a su farandulización, la performance y la presentación de eslóganes a la manera en la que se ofertan productos en el comercio. Más que reclamar el que en la proporción aparezcan candidatos con menos cantidad de votos que otros asumiendo un cargo en detrimento de quién habría obtenido más, la invitación es a pensar que la presuposición de nuestro actual sistema es que se vota por ideas más que por individuos. El debate de la legitimidad tiene que tener en cuenta esa variable. 

A modo de cierre decir que me declaro un “escéptico esperanzado”. Creo que existen todas las condiciones para tener una mejor Carta Fundamental que la que hoy día tenemos. Creo que vivimos en un país con una larga tradición republicana (en el buen sentido del término) que nunca ha producido refundaciones ex nihilo luego de la promulgación de textos constitucionales, lo que se puede constatar en una línea de trazabilidad de dichos textos, incluso aquellos que se forjaron en los albores del Estado Nacional chileno. Me alegra como evangélico que el candidato que más tirria vomitó contra nuestro mundo, Jaime Parada Hoyl, obtuviera 0,74% de los votos lo que denota que el ataque a la libertad de conciencia no es la opción, y espero que no la siga siendo. Soy escéptico, porque creo que lo podríamos echar a perder en peleas sin sentido que derrumben la posibilidad de consenso (en el caro sentido de dicha palabra). Soy escéptico, porque no sabemos cómo será la participación de la ciudadanía en el proceso y cuál será el carácter de dicho nexo. Soy escéptico, porque no sé cuán manchado estará el proceso por la carrera presidencial paralela al inicio del trabajo de la Convención. Soy escéptico, porque hay un plebiscito de salida de carácter universal lo que abre un nuevo escenario, imposible de comparar con ningún proceso electoral desde la promulgación del voto voluntario, con el movimiento estudiantil de 2011 y con el reventón social del 2019 mediante. Chile ha cambiado bastante. Esa sí que es una certeza. 

Luis Pino Moyano.

El viento que juguetea en los cabellos y dos Manuel en la memoria.

“Mientras mi patria no sea libre, no soltaré ni la pluma ni la espada”. Esas son palabras de Manuel Xavier Rodríguez y Erdoíza, uno de los sujetos que luchó por la ruptura del pacto colonial a comienzos del siglo XIX. Su muerte está fechada por muchos historiadores en el 26 de mayo de 1818, o sea, un día como hoy, aunque es muy probable que haya ocurrido algunos días antes. El héroe convertido en villano por el régimen o’higginiano, era supuestamente trasladado a Quillota, cuando vio la muerte por un pistoletazo artero en el camino hacia Til Til. 

Más allá de las imágenes míticas sobre este sujeto que se funde con el personaje, junto con el uso político dado a su mito -por un lado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez; y, por otro lado y desde otra clave, los juramentos del Frente Nacionalista Patria y Libertad bajo su Monumento frente a lo que es hoy el Edificio Telefónica-, es destacable en Rodríguez su lucha contra el régimen de restauración monárquica, encabezado por Casimiro Marcó del Pont, la inclusión de los sectores populares en la lucha independentista y por sobre todo su posición crítica con quienes quieren perpetuarse en el poder, sin el peso de la crítica. “Es tan arraigada esta idea en mí, que si fuera Director y no encontrase quien me hiciera la revolución, me la haría yo mismo”, fue la respuesta del Húsar de la Muerte al dictador que le ofrecía un viaje de estudios a Estados Unidos o Europa, financiado por la naciente república. Idea que construye una noción libertaria de la política en la que lo importante es el proceso histórico y el proyecto que se tiene, más que la persona que lo ejecuta. Y, junto con ello, la crítica que como arma no sólo impacta mi mirada del otro, sino también el propio comportamiento y acción de quien la genera. 

Por su parte, la memoria de Manuel Rodríguez, me hace recordar a otro Manuel, mi Tata. Mi abuelo era un admirador de Rodríguez. No olvido el día que en los años del Kínder en el colegio, que eran también los años grises, nos fomentaron la imagen de O’Higgins, por lo que en mi entusiasmo tomé una moneda de $1, esas grandes que habían, la perforé con un clavo y le puse una lana para colgarla en mi cuello cual medalla. Cuando llegó mi Tata de su trabajo me miró, y me dijo: “¿por qué tiene a ese traidor en el pecho? El verdadero padre de la patria es Manuel Rodríguez”. Acto seguido, me fui a la pieza a leer mi “Historia de Chile” de Walterio Millar, para conocer más de ese sujeto. Y la impresión es máxima. Los disfraces, las hazañas, su uniforme azul de Húsar de la Muerte, con unas calaveras y huesos cruzados al más puro estilo de los piratas, su relación con los hermanos Carrera. Es difícil que alguien no se fascine con eso. Por eso, no me causaba impresión que en las idas al Cementerio General, mientras me llevaba de la mano, pasaba a dejar unos claveles rojos a su tumba. Mi Tata fue de los viejos puentealtinos que emocionados vieron la reinauguración de la “Plaza de Armas Manuel Rodríguez”, ya no con un busto, sino con una estatua al héroe de los mil rostros. Viejos que se emocionaron hasta las lágrimas por ese acto de dignidad a uno de los nuestros. 

Es así, como la historia se funde con la memoria, y el pasado se hace presente en la mente que lucha por no olvidar, por lo que es imposible no terminar estas palabras cantando en la mente…

“Sólo sé que el viento va

jugueteando en sus cabellos

y que el sol brilla en sus ojos

cuando le conducen

camino a Til-Til”. 

(Patricio Manns, El cautivo de Til Til).

Luis Pino Moyano.

A propósito de Gaza, por Eric Hobsbawm.

Nota introductoria: Eric Hobsbawm (1917-2012), historiador británico, se desmpeñó como profesor de emérito de Historia Social y Económica en el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Sin lugar a dudas, Hobsbawm fue uno de los mayores cultores de la disciplina historiográfica, siendo parte de la bullente escuela marxista británica junto a E. P. Thompson, Maurice Dobb, Cristopher Hill, George Rudé, entre otros. Sus obras principales – “La era de la revolución”, “La era del capital”, “La era del imperio” e “Historia del siglo XX”- pretendieron trazar una comprensión global de la modernidad, sumándose a ellas sus otros análisis de sujetos sociales, procesos históricos, debates teóricos e, inclusive, crítica de arte, particularmente de la música. Por todo esto, Hobsbawm es una voz autorizada para hablar de procesos históricos que arrastramos pesadamente desde el siglo pasado, entre ellos el conflicto entre Israel y Palestina. Pero eso no es todo. Acá es importante señalar que el historiador británico es de ascendencia judía, por ende, el tema le involucra. Acá se habla de algo que es propio y que evidencia que la crítica a la política israelí no es, necesariamente, ni judeofóbica ni antisemita. Por ahora, simplemente, les invito a leer. Luis Pino Moyano. 

Durante tres semanas la barbarie ha sido mostrada ante un público universal, que ha observado, juzgado y, con pocas excepciones, rechazado el uso del terror militar por parte Israel contra un millón y medio de habitantes bloqueados desde 2006 en la Franja de Gaza. Nunca antes las justificaciones oficiales de la invasión han quedado tan claramente refutadas como ahora, con la combinación de cámaras y aritmética; ni el lenguaje de las “objetivos militares” con las imágenes de niños ensangrentados y de escuelas incendiadas. Trece muertos de un lado, 1.360 de otro: no es difícil establecer dónde está la víctima. No hay mucho más que decir acerca de la terrible operación de Israel en Gaza.

Excepto para aquellos de nosotros que somos judíos. En una larga e insegura historia como pueblo en la diáspora, nuestra reacción natural ante eventos públicos ha incluido inevitablemente la pregunta: “¿Es bueno o malo para los judíos?” En este caso, la respuesta es inequívoca: “Malo para los judíos”.

Es claramente malo para los cinco millones y medio de judíos que viven en Israel y los territorios ocupados desde 1967, cuya seguridad se ve amenazada por las acciones militares que los gobiernos israelíes tomen en Gaza y en Líbano, acciones que demuestran su incapacidad para lograr sus objetivos declarados y que perpetúan e intensifican el aislamiento de Israel en un Oriente Medio hostil. Dado que ni el genocidio o la expulsión masiva de palestinos de lo que queda de su tierra natal así como la destrucción del estado de Israel están en la agenda práctica de ambas partes en conflicto, sólo una coexistencia negociada en igualdad de condiciones entre los dos grupos puede proporcionar un futuro estable. Cada nueva aventura militar, como las de Gaza y el Líbano, hará que esa solución sea más difícil y fortalecerá al ala derecha israelí y a los colonos de la Ribera Occidental, que encabezan el rechazo a la solución negociada.

Al igual que la guerra del Líbano en 2006, Gaza ha oscurecido las perspectivas de futuro para Israel. También ha oscurecido las perspectivas de los nueve millones de judíos que viven en la diáspora. Permítanme que no me ande con rodeos: la crítica de Israel no implica antisemitismo, pero las acciones del gobierno de Israel causan vergüenza entre los judíos y, sobre todo, estimulan el antisemitismo de nuestros días. Desde 1945, los judíos, dentro y fuera de Israel, se han beneficiado enormemente de la mala conciencia de un mundo occidental, que había rechazado la inmigración judía en la década de 1930, unos años antes de que permitiera o no se opusiera al genocidio. ¿Cuánta de esa mala conciencia, que prácticamente eliminó el antisemitismo en Occidente durante sesenta años y produjo una época dorada para su diáspora, queda en pie al día de hoy?

La acción de Israel en Gaza no es la de un pueblo que es una víctima de la historia, ni siquiera es el “pequeño valiente” Israel de la mitología de 1948-67, con un David derrotando a todos los Goliaths de su entorno. Israel está perdiendo la buena voluntad tan rápidamente como los EE.UU. de George W. Bush, y por razones similares: la ceguera nacionalista y la megalomanía del poder militar. Lo que es bueno para Israel y lo que es bueno para los judíos como pueblo son cosas que están evidentemente vinculadas, pero mientras no haya una respuesta justa a la cuestión de Palestina no son y no pueden ser idénticas. Y es esencial para los judíos que se diga.

Publicado en London Review of Books, Vol. 31, Nº 2, 29 de enero de 2009. El texto fue publicado en 2014 por el periódico chileno El Ciudadano. Esta es una versión de dicha publicación, corregida en su traducción por Atilio Borón.